La Diputación de Salamanca celebró esta mañana el pleno ordinario correspondiente al mes de enero, donde, como ya era de esperar, Ciudadanos Salamanca anuncia que estudia acudir a los tribunales de Justicia por lo que consideran "un escándalo" en el caso Vegater -la adjudicación de la explotación del Muelle de Vega Terrón a la empresa Vegater-.

El asunto es que el equipo de Gobierno llevó a pleno la resolución del contrato de concesión de explotacion del Muelle Fluvial de Vega Terrón. Así, la Diputación de Salamanca achaca esta decisión a una "causa imputable a la empresa", además, "con incautación total de la garantía provisional", además de la "exigencia de daños y perjuicios y la reversión de los bienes del Muelle".

Esta propuesta, que contó con el voto favorable del Grupo Popular, la abstención del Grupo Socialista y Ganemos y el voto en contra de Ciudadanos, llega tras muchos años, desde 3 de junio de 1987, de una contratación llena de interrogantes. En el expediente, que obra ya en poder del juez instructor nombrado por el Tribunal de Cuentas, se deja claro que "el protoco de colaboración entre la Diputación y Vegater se firmó sin autorización del pleno y sin los informes del secretario e interventor".

Pero es que la deuda estimada de la empresa Vegater con la Diputación de Salamanca es de unos 600.000 euros, mientras que el capital social o patrimonio de la empresa no ronda los 60.000 euros. Sea como fuere, ahora a esperar como se soluciona este asunto, tanto en el Tribunal de Cuentas como si llega a la Justicia ordinaria.

Dialécticas jurídicas y finalidad de las comisiones

Muchas veces, asistiendo a los plenos de la Diputación, uno se sabe si en realidad existen comisiones informativas o los señores diputados no hacen más que "marear la perdiz" sin tener que pensar en el motivo de su asistencia. Se tratan asuntos en las comisiones -si es que se tratan- y vuelven al pleno y más de lo mismo. Discusiones enfarragosas que ni aclaran, ni sirven, ni tienen más valor que los señores/as diputados/as tengan más o menos acierto en sus dialécticas. Caso concreto de la subida del IPC a los residentes en los Centros Asistenciales de la Diputación.

Pero el asunto va mucho más allá -que se supone a los excelentísimos señores alcaldes y concejales de la provincia, por no decir los vecinos de los pueblos, le importa eso, nada- casi media hora hablando sobre si se erró o no se erró en base a una sentencia del juzgado relativa a la Relación de Puestos de Trabajo que no afecta más que uno o dos trabajadores. Cuestiones jurídicas que calado político tienen el menos.

Y con mociones, y más mociones, que unas son tumbadas por la mayoría del PP, otras pasan la 'criba' pero es importante saber si se cumplen y otras instan a organismos regionales, naciones e incluso europeos para que adopten acuerdos que, vaya por Dios, pide la Diputación de Salamanca. Y esto no da más de sí.