Huelga indefinida que inició la plantilla de Laboratorios Ovejero de León en 2021

Huelga indefinida que inició la plantilla de Laboratorios Ovejero de León en 2021 Campillo ICAL

León

Empresas leonesas podrían perder millones por el concurso de acreedores de Laboratorios Ovejero

Una querella presentada por empresarios europeos avisa de las cuantiosas pérdidas que sufrirán acreedores leoneses tras el convenio concursal de la empresa.

Más información: Dos directivos de un grupo empresarial segoviano, en el punto de mira por presunta estafa procesal

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Tres empresarios comunitarios han presentado una querella penal ante los Juzgados de León, fechada el pasado 22 de abril, en la que acusan de estafa procesal y alzamiento de bienes a los responsables del concurso de acreedores de Laboratorios Ovejero S.A.U., histórica empresa leonesa del sector biofarmacéutico.

La querella alerta sobre el grave perjuicio económico que podrían sufrir cientos de acreedores minoritarios, entre ellos numerosos proveedores locales, instituciones públicas y entidades empresariales de la comunidad, tal y como ya anunció este medio el pasado mes de julio.

Según los querellantes, el convenio concursal aprobado en septiembre de 2023 impuso condiciones "abusivas" a los acreedores más pequeños, con una quita del 50 % y una espera de tres años para el cobro, lo que, en muchos casos, podría derivar en impagos totales.

El texto denuncia la existencia de una "trama" cuyo objetivo habría sido favorecer al acreedor mayoritario —el grupo biofarmacéutico gallego comprador de Ovejero— a través de un testaferro: Eagle Heat S.L., sociedad vinculada al Grupo Tejedor Lázaro.

"La compradora ha impuesto, a través de Eagle Heat y el Grupo Tejedor Lázaro, un convenio que el Juzgado de lo Mercantil no habría aprobado si se hubiera conocido que esta firma actuaba como acreedor y deudor al mismo tiempo", recoge la querella. Y añade: "Lo que gana el grupo comprador, lo pierden los pequeños acreedores, a quienes se impone un convenio perjudicial sin posibilidad de oponerse".

Entre los afectados se encuentran decenas de empresarios y empresas leonesas, así como el Ayuntamiento de León, la Universidad de León, la Cámara de Comercio, la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León y el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE).

La operación bajo sospecha se remonta a 2022, cuando Eagle Heat S.L. adquirió créditos por valor de 5,2 millones de euros y votó favorablemente el convenio concursal, superando el umbral del 58 % del pasivo necesario para su aprobación.

Apenas veinte días después, los créditos fueron cedidos al propio grupo deudor, una maniobra que, según los denunciantes, revela el uso de Eagle Heat como testaferro para inclinar la balanza en favor del grupo comprador.

La querella destaca también que en 2022 se detectaron préstamos cruzados entre sociedades del grupo biofarmacéutico gallego y el Grupo Tejedor Lázaro, por un valor superior a 4,3 millones de euros, lo que podría sustentar la existencia de vínculos financieros ocultos y falta de independencia entre las partes.

Sin neutralidad

El escrito también señala a la firma Archer Partners, asesora estratégica, por actuar como apoderado y asesor de ambas partes en el proceso, sin la neutralidad ni transparencia exigibles en un procedimiento concursal. Según los empresarios querellantes, su actuación habría contribuido a "simular independencia y control" en una operación en la que los intereses del grupo comprador habrían primado por encima de los derechos de los acreedores.

La querella solicita al juzgado la apertura inmediata de una instrucción penal, la declaración como investigados de los responsables del Grupo Tejedor Lázaro, del grupo biofarmacéutico comprador y de Archer Partners, así como el requerimiento de documentación clave: cesiones de crédito, informes notariales, movimientos concursales y operaciones bancarias.

También piden la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil y el embargo cautelar de bienes vinculados a la operación.

La causa podría tener amplias repercusiones económicas y judiciales, al afectar directamente al tejido empresarial leonés y a instituciones clave de la comunidad, en un proceso que los denunciantes califican como una "ingeniería financiera al servicio de los grandes intereses" en perjuicio de los más vulnerables.