El Juzgado de Instrucción número 4 de Burgos ha abierto diligencias previas tras una denuncia del el concejal no adscrito Julio Rodríguez Vigil-Junco, antes del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) sobre la adjudicación del contrato de Basuras y Limpieza Viaria de la ciudad a la empresa Urbaser por casi 160 millones de euros para un periodo de diez años.

El alcalde, Daniel de la Rosa, y el vicealcalde, Vicente Marañón, manifestaron hoy a través de un comunicado de prensa que una vez revisada la providencia de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Burgos, “la actuación de la jueza ha consistido en la apertura de diligencias previas ante una denuncia presentada por Julio Rodríguez Vigil-Junco, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Burgos, denuncia que aún desconocen ambos”.

Así, consideraron necesario señalar que dicho concejal fue, a su vez, denunciado por el fiscal una vez que, desde el Ayuntamiento de Burgos, se dio traslado a la Fiscalía de “unos hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa por omisión y denegación de auxilio entre administraciones”, según informa ICAL.

En ningún caso, aseveraron, las diligencias previas suponen “una citación ni del alcalde ni del vicealcalde para declarar”, si bien, precisaron, “les ha sido ofrecida la posibilidad de personarse como denunciados para acceder a toda la documentación”. Asimismo, indicaron que la jueza, en estas diligencias previas, ha reclamado que “los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Burgos trasladen un informe a ese órgano judicial acerca de la tramitación del expediente del nuevo contrato de recogida de basuras y limpieza viaria sin solicitar el expediente administrativo referido”.

También destacaron que el denunciante está citado para ratificar su denuncia en los primeros días del mes de febrero, al tiempo que confirmaron que “lo que se ha producido es una apertura de diligencias previas” y que “estas se encuentran en una fase muy incipiente”. “Es necesario esperar las conclusiones de la jueza al informe, que será emitido por los servicios jurídicos municipales”, apostillaron.

Tanto el alcalde como vicealcalde no tienen dudas de que en base a dicho informe, será confirmado que el procedimiento en relación con este contrato ha sido “impecable” desde el punto de vista administrativo, “con todas las garantías, reuniendo los pertinentes informes técnicos y jurídicos favorables y con los diferentes pronunciamientos del TARCYL que han ratificado las actuaciones municipales”. Finamente, lamentaron que se haya querido trasladar a la opinión pública “una información sesgada y manipulada con términos que no se corresponden con la realidad”.