La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, este viernes, durante la Conferencia Sectorial de Educación.
Castilla y León planta cara al Ministerio y rechaza el plan de inclusión educativa y la reforma de ratios
La Junta reclama más financiación, diálogo con las comunidades y garantías para las familias y los centros educativos.
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La Junta de Castilla y León ha plantado cara al Ministerio de Educación en la Conferencia Sectorial celebrada este viernes.
El Gobierno autonómico ha votado en contra de la reforma de las ratios de alumnos por aula.
Así ha rechazado el nuevo Plan Estratégico de Educación Inclusiva al considerar que ambas iniciativas presentan problemas de financiación, diálogo y, en el caso de la inclusión, también de libertad de elección para las familias.
La consejera de Educación, María Pardo, trasladó durante la reunión la posición de Castilla y León sobre los principales asuntos incluidos en el orden del día.
La responsable autonómica también aprovechó el encuentro para reclamar al Ministerio medidas de seguridad y protocolos claros ante el inicio del curso en Ceuta, con el objetivo de proteger a alumnos y profesionales de los centros educativos ante posibles situaciones de riesgo.
Uno de los principales puntos de desacuerdo fue el Plan Estratégico de Educación Inclusiva planteado por el Ministerio.
Según la Junta, “el modelo propuesto podría limitar la capacidad de las familias para decidir qué modalidad de escolarización consideran más adecuada para sus hijos”.
Pardo defendió que la educación inclusiva y la Educación Especial pueden convivir y sostuvo que la atención educativa debe adaptarse a las necesidades de cada alumno.
Esto, según la posición de la Consejería, puede implicar tanto la escolarización en un centro ordinario como en uno de Educación Especial.
La Junta reclama, en concreto, mantener la función de escolarización y atención directa de los centros de Educación Especial, además de su papel como centros de referencia y apoyo para alumnos que necesitan una atención altamente especializada.
Castilla y León considera además que cualquier cambio en este ámbito debe ir acompañado de financiación estatal suficiente y respetar tanto las competencias de las comunidades autónomas como el marco jurídico vigente.
Rechazo a cambiar las ratios sin financiación
La otra gran discrepancia se produjo con la reforma de las ratios de alumnos por aula. Castilla y León votó en contra de la propuesta del Ministerio porque, según la Junta, se ha presentado sin el diálogo previo necesario con las comunidades autónomas.
La Consejería recuerda que serán las autonomías las encargadas de organizar los centros, aumentar las plantillas y asumir una parte importante del coste de las medidas.
Uno de los datos que esgrime la Junta para justificar su rechazo es el impacto de la reforma en Educación Infantil.
Según sus cálculos, aplicar las nuevas ratios en el primer ciclo de Infantil supondría casi triplicar los recursos financieros necesarios en Castilla y León.
Por este motivo, Pardo reclamó al Ministerio que presente la memoria económica de la reforma y concrete cómo pretende financiar los cambios, que podrían obligar a aumentar las plantillas y adaptar los espacios de los centros educativos.
La Consejería también plantea dudas jurídicas. Su argumento es que parte de los cambios reglamentarios propuestos se apoyan en modificaciones legislativas que todavía no han entrado en vigor. Por ello, Castilla y León ha pedido retrasar la tramitación hasta que exista el marco legal necesario.
Más de un millón de euros para Formación Profesional
La Conferencia Sectorial también abordó el reparto de fondos para distintos programas educativos.
En Formación Profesional, el Programa de Cooperación Territorial de Impulso y Calidad de la FP dispone de 31,3 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas, con cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus.
Según la propuesta presentada, Castilla y León recibiría 1,3 millones de euros en las partidas ya cuantificadas: 796.766 euros para los Campeonatos Skills, 108.383 euros para movilidad de alumnado y personas en formación y otros 400.000 euros para proyectos de Formación Profesional.
A esta cantidad se sumará posteriormente la financiación destinada a formación y estancias formativas, cuya cuantía todavía no estaba determinada en la documentación analizada por la Junta.
