Castilla y León exige a Sánchez un plan para conservar las carreteras: "Pone en riesgo la seguridad vial"

El Grupo Popular ha logrado en el pleno de las Cortes de Castilla y León de este miércoles, el último de la XI Legislatura, la aprobación de una iniciativa para exigir al Gobierno de España la elaboración, en un plazo máximo de seis meses, de un Plan Nacional de Conservación Viaria, para mantener las carreteras de la Comunidad. Una iniciativa que ha contado con 51 votos favorables, 26 en contra, del PSOE, y dos abstenciones.

La PNL impulsada por el PP y aprobada este miércoles en las Cortes insta a la Junta a dirigirse al Gobierno para que proceda a elaborar, en un plazo máximo de seis meses, un Plan Nacional de Conservación Viaria en colaboración con todas las administraciones públicas competentes, que establezca las prioridades de actuación y la identificación de tramos críticos objetivos medibles alineados con la Estrategia de Seguridad Vial 2030.

La iniciativa también reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez que impulse la evaluación del nivel de seguridad de toda la red viaria estatal en el marco del Plan anterior, adoptando para ello metodologías basadas en datos objetivos y tecnología avanzada, tal y como promueve la Estrategia de Seguridad Vial 2030, e integrar los "resultados y avances" del Plan en los informes anuales de seguimiento de la Estrategia de Seguridad Vial 2030.

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Por último, exige al Gobierno que proceda a estudiar los instrumentos financieros y administrativos necesarios para garantizar la viabilidad del futuro Plan Nacional de Conservación Viaria, empleando para ello todos los mecanismos que garanticen una planificación realista de su ejecución. "Pone en riesgo la seguridad vial de millones de conductores", han denunciado los populares.

Dependientes de grado III

El pleno de las Cortes ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista que pide devolver de oficio y de forma individual en un plazo de seis meses las cantidades cobradas indebidamente en concepto de copago a los dependientes de grado III, unos 100.000.

La portavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, ha presentado la iniciativa en sustitución de su compañera Isabel Gonzalo, que ha sufrido este miércoles una indisposición y ha tenido que abandonar las Cortes. Además, el debate de la proposición se ha visto interrumpido durante una hora por un fallo técnico en el sistema de la cámara autonómica.

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En su turno, Gómez Urbán ha destacado que votar a favor era algo "necesario" para los dependientes, pero también para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y ha acusado al Gobierno de Mañueco de "castigar" a este colectivo.

La popular Noemí Rojo Sahagún, por su parte, ha defendido la actuación inmediata y diligente de la Junta y ha recordado que siempre acata las sentencias. De esta forma, ha señalado que procederá al reintegro de las cantidades percibidas indebidamente y que no cobrará nada más hasta que se modifique la regulación actual. Además, ha destacado que las cuantías de las prestaciones en la Comunidad son un 48% superiores a las cantidades máximas estatales.

Vox se queda solo

Vox se ha quedado solo en su PNL para reclamar un acuerdo de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Dirección General de la Policía Nacional para la cesión de datos de personas extranjeras que residen en la Comunidad en situación irregular y la puesta en marcha de planes de retorno de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen.

El procurador de Vox Miguel Suárez Arca se ha opuesto a traer trabajadores inmigrantes como "esclavos posmodernos", al asegurar que las empresas necesitan que se acaben con los incentivos que expulsan a los españoles del mercado laboral y que los empleados tengan salarios dignos.

El documento de la PNL también solicitaba la creación de un protocolo para la determinación de la edad de los inmigrantes ilegales que se declaren como menores y a elaborar un informe detallado sobre el impacto económico, directo e indirecto, que la prestación de servicios a personas extranjeras en situación ilegal ha tenido sobre todas las consejerías de la Junta de Castilla y León.

El Grupo Popular ha votado en contra de la PNL después de apostar por una reforma "profunda" de la política migratoria, basada en tres pilares fundamentales como la ordenación, la seguridad y el compromiso. La procuradora María Inmaculada Ranero ha señalado que no se necesitan iniciativas como la presentada por Vox sino una política de Estado "articulada, eficaz y previsible".