Rafael Delgado, ex viceconsejero y ex secretario general de la Consejería de Economía durante el juicio ICAL
Mantero señala a Rafael Delgado en la trama eólica: "Villanueva empezó a sospechar de él y lo apartó"
El exdirector del EREN asegura que en 2007 Delgado le comunicó que, pese a que la competencia sobre la tramitación de los parques eólicos debía recaer en la viceconsejería recién creada, "las iba a seguir llevando él”.
Más información: Ni nulidad ni prescripción, la causa de la trama eólica sigue adelante y el juez ya avisa: "Esto no será un juicio político"
El exdirector del Ente Regional de la Energía (EREN) y exdirector general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, ha declarado este lunes ante la Audiencia Provincial de Valladolid y ha dejado varios titulares.
Por ejemplo que el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, (hoy fallecido) y su viceconsejera, Begoña Hernández, comenzaron a sospechar de las actividades del exviceconsejero y entonces secretario general de la Consejería, Rafael Delgado, alrededor del año 2009.
“Hacia la mitad de la legislatura, aproximadamente”, ha afirmado Mantero durante la tercera sesión del juicio por la trama eólica, primera con testigos.
El testigo ha señalado que fue en ese momento cuando el consejero y la viceconsejera “debieron de detectar alguna conducta” que les llevó a desconfiar de Delgado. “Entonces me comunican que ellos se van a encargar ahora de esos temas”, ha añadido ante las preguntas del fiscal anticorrupción Tomás Herranz.
Según Mantero, en 2007 Delgado le comunicó que, pese a que la competencia sobre la tramitación de los parques eólicos debía recaer en la viceconsejería recién creada, "las iba a seguir llevando él”.
Esa situación se mantuvo hasta 2009, cuando la gestión pasó nuevamente a manos de Villanueva y Hernández. “En el año 2009 recibo una indicación directa de la viceconsejera para que mirara quiénes figuraran como consejeros en distintas sociedades promotoras”, explicó el exdirector del EREN.
Socios locales
Además ha asegurado que el exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado, era la persona que le daba indicaciones para excluir de los listados de promotores de parques eólicos a aquellos que se negaban a dar entrada a socios locales en dichas promociones.
Ricardo González Mantero, que ocupó también la dirección de Energía y Minas hasta su jubilación en 2019, declaró ante el Fiscal Anticorrupción que era Delgado quien establecía filtros sobre los promotores.
Según su testimonio, cuando un promotor “ponía pegas” a incluir socios locales, Delgado ordenaba su exclusión del listado, aun cuando los proyectos ya habían superado fases administrativas regladas.
El mecanismo de selección se habría modificado a partir de enero de 2005 para incorporar una nueva columna en los listados con socios locales, algo inexistente hasta entonces, recordó el testigo. También relató reuniones con responsables de Iberdrola donde, tras la presión ejercida por Delgado, la empresa finalmente aceptó incluir socios locales en sus proyectos.
Mantero continuará su declaración este lunes por la tarde y mañana martes, en una vista clave para esclarecer el papel de los distintos responsables políticos en la concesión de licencias eólicas entre 2004 y 2011.
También ha declarado, ha sido el primero por cuestión de edad, José García Marqués, trabajador Jefe de Servicio de Energía en la Junta de Castilla y León y jubilado hace 17 años.
El juicio por la trama eólica, que se celebra en la Audiencia Provincial de Valladolid, investiga una supuesta red de adjudicaciones irregulares de parques eólicos durante los gobiernos autonómicos del Partido Popular en Castilla y León con Juan Vicente Herrera como presidente.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que altos cargos de la Junta habrían facilitado la implantación de proyectos energéticos a determinadas empresas a cambio de beneficios económicos y participaciones en las sociedades promotoras.
La sesión de este lunes ha regresado después de la decisión del tribunal de rechazar la nulidad de la causa, así como por su anuncio de que las cuestiones sobre la prescripción de los delitos se resolverán en sentencia.
