Salvamento Marítimo desembarca a 60 migrantes, varios de ellos menores, que llegaban en patera a Lanzarote (Canarias) a inicios de enero.
El Gobierno asigna 783 plazas de acogida para menas a Castilla y León y la Junta estalla: "Vamos a recurrir"
“No conocemos los datos que se han utilizado para determinar esa capacidad de acogida, y lo que vemos es que, como siempre, el Gobierno quiere beneficiar a sus socios separatistas e independentistas”, afirma la consejera Isabel Blanco.
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El Consejo de Ministros aprobó hoy el Real Decreto que regula la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas en las comunidades y ciudades autónomas.
Según el reparto, a Castilla y León le corresponden 783 plazas, al aplicarse la ratio acordada de 32,6 menores por cada 100.000 habitantes en todo el país. La Junta de Castilla y León ya ha mostrado su rechazo, "por ser una imposición" y reitera que lo van a recurrir, argumentándolo en tres aspectos.
Las autonomías con mayor capacidad son Andalucía (2.827 plazas), Cataluña (2.650), la Comunidad de Madrid (2.325) y la Comunidad Valenciana (1.767). En el extremo opuesto, las ciudades autónomas de Melilla (28) y Ceuta (27) se sitúan con las cifras más reducidas.
Por debajo del millar también están Galicia (886), Canarias (737), País Vasco (731), Castilla-La Mancha (692), Murcia (517), Aragón (441), Baleares (406), Extremadura (344), Asturias (331), Navarra (223), Cantabria (194) y La Rioja (107).
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, destacó que esta aprobación supone “un punto de inflexión en el desarrollo del proceso de acogida vinculante, digna y solidaria de la infancia migrante no acompañada que llega a nuestro país”.
Además subrayó que “está todo dispuesto para que comiencen los traslados de acuerdo con el protocolo establecido”.
“Hoy damos un paso importante para garantizar los derechos de todos esos niños, niñas y adolescentes que llegan solos y solas a nuestro país. Tenemos la obligación de darles una acogida digna y solidaria y en ello trabajamos desde hace meses a pesar de los intentos de bloqueo de determinados territorios”, añadió.
Este Real Decreto da cumplimiento a la disposición adicional undécima de la Ley de Extranjería, introducida tras el Real Decreto-ley 2/2025, que establece medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia ante contingencias migratorias extraordinarias.
Con la nueva norma, las comunidades y ciudades autónomas que tripliquen su capacidad ordinaria serán declaradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que permitirá activar el protocolo de traslados.
Respuesta de la Junta
La consejera de Familia e Igualdad, Isabel Blanco, ha anunciado este martes que la Junta de Castilla y León presentará un recurso contra el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros que regula el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas.
Blanco ha justificado la decisión en tres aspectos principales. En primer lugar, ha señalado que la norma “invade competencias propias de la comunidad autónoma” y que ya se había advertido que el texto sería impugnado.
En segundo lugar, ha criticado la “falta de diálogo y consenso” en la elaboración del decreto, que a su juicio ha sido “una imposición” del Ejecutivo central: “No conocemos los datos que se han utilizado para determinar esa capacidad de acogida, y lo que vemos es que, como siempre, el Gobierno quiere beneficiar a sus socios separatistas e independentistas”, afirmó.
Por último, la consejera ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en marzo, que obligaba al Ejecutivo a hacerse cargo de un millar de menores que se encontraban en Canarias tras haber solicitado asilo. “Hasta el momento, es el propio Gobierno el que no ha cumplido con su obligación”, remarcó.
