El eurodiputado del PP, Raúl de la Hoz
De la Hoz celebra el aplazamiento de la Ley de Deforestación porque "habría afectado gravemente a CyL"
El eurodiputado del PP asegura que el aplazamiento "es fundamental para que ganaderos y empresas agroalimentarias puedan adaptarse a las nuevas exigencias sin poner en riesgo su viabilidad económica".
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Raúl de la Hoz ha celebrado el aplazamiento de la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Deforestación, al considerar "que amenazaba con arruinar a ganaderos y empresas agroalimentarias de Castilla y León" y que, por tanto, en caso de que la normativa se hubiese aplicado de inmediato, les "habría afectado gravemente".
El portavoz adjunto del PP en el Parlamento Europeo ha realizado estas declaraciones después de que su formación, junto al grupo PPE, haya conseguido retrasar la aplicación de esta ley así como rebajar sus exigencias en una votación en el pleno del Parlamento Europeo celebrada el pasado jueves y que contó con el voto en contra del PSOE.
Un gesto que ha despertado la sorpresa del eurodiputado castellano y leonés, dada "la trascendencia de esta decisión para el medio rural de Castilla y León", y con el que, a su parecer, los socialistas han mostrado "nuevamente, su desconexión con las necesidades del campo y los sectores productivos", ha expresado.
En lo que a su partido respecta, De la Hoz ha asegurado que "el PP muestra su compromiso con la lucha contra la deforestación ilegal, pero protegiendo al medio rural y al sector agroalimentario, sin imponer obstáculos innecesarios a las empresas españolas".
En este sentido, cabe recordar que el Reglamento Europeo de Deforestación tiene como objetivo evitar que los productos vendidos en la Unión Europea estén relacionados con la deforestación en cualquier parte del mundo.
Para ello, exige que las empresas comprueben el origen de ciertos productos, como la soja, el aceite de palma y la carne, y demuestren que no provienen de tierras deforestadas.
Sin embargo, esta medida impone importantes requisitos burocráticos y logísticos, especialmente a pequeños y medianos productores.
"La trazabilidad detallada y la documentación requerida suponen también un reto considerable para muchos negocios del sector agroalimentario y ganadero, especialmente en zonas como Castilla y León", ha afirmado el eurodiputado.
"Los ganaderos y las pequeñas empresas no podían asumir más cargas de forma precipitada. Este aplazamiento es fundamental para que puedan adaptarse a las nuevas exigencias sin poner en riesgo su viabilidad económica", ha añadido.
Y es que, con el aplazamiento de su entrada en vigor, las grandes empresas tendrán hasta el 30 de diciembre de 2025 para cumplir con el reglamento, mientras que las micro y pequeñas empresas dispondrán de plazo hasta el 30 de junio de 2026.
