La Policía Nacional confirmaba, el pasado miércoles, 3 de abril, en una nueva sesión del juicio de la Perla Negra, como ya hicieran otros testigos durante las sesiones previas, que fue la intermediación de empresas la que encareció de forma “desproporcionada” el precio de los terrenos del polígono industrial de Portillo que, finalmente no se construyó.

Así lo ratificaba el inspector de la Policía Nacional que realizaba varios informes, bajo el amparo del Juzgado de Instrucción número 2 y de la Fiscalía de Valladolid. El agente confirmaba que siete parcelas que conformaban el proyecto y que Parque Empresarial Portillo había adquirido a los propietarios, fueron vendidas a Cementos Bureba por 16, 2 millones, mientras que esta empresa se las revendió a ADE Parque por casi 21 millones de euros.

También ratificaba, como hicieron otros testigos y hablando del edificio de Arroyo de la Encomienda, que Urban Proyecta conoció el pliego de condiciones para su construcción antes de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

En la mañana de este lunes, 8 de abril, ha declarado Miguel Sanjurjo Álvarez, a las 10 horas de esta mañana y solo ha respondido a preguntas de la defensa de Begoña Hernández que le ha preguntado sobre los informes que hizo, con la firma de PriceWaterhouseCoopers en relación al Parque Empresarial de Portillo.

“No conozco a nadie de los acusados”, ha afirmado  Miguel Sanjurjo, que ha “ratificado los contenidos de los informes firmados sobre el estudio de viabilidad del parque empresarial de Portillo.

“Concluimos que eran valores aproximados. Nosotros no hicimos una revisión completa del estudio de viabilidad. Estaba de acuerdo con las prácticas de mercado”, ha asegurado. Sobre el segundo de los informes, de 28 de junio de las valoraciones de Tinsa ha confirmado que “existía una valoración de 100.000 euros a favor de ADE Parque” en cuanto al “mayor valor de bienes sobre el valor de mercado” y ha recalcado que la metodología de Tinsa “estaba bien hecha”, aunque sus valoraciones se centraban en “dar el punto de vista sobre los aspectos y la metodología del informe” y “no del valor”.

Tras la declaración de Sanjurjo, la vista de este martes se ha suspendido hasta las 11.00 horas para la declaración del segundo de los testigos. Ese ha sido José Antonio Concejo que ha sido preguntado sobre la valoración retroactiva, tanto de los terrenos de Portillo como del edificio de Arroyo, que constan en el informe de 21 de junio de 2015.

“Intentamos hacer la valoración con testigos a la fecha. Los encontré con elementos de valoración de dichas fechas, en relación a los terrenos de Portillo, el segundo semestre de 2010 y en el Edificio de Arroyo en el segundo semestre de 2009”, ha apuntado José Antonio Concejo.

Ante la pregunta de la defensa de José Martín Giraldo sobre si la valoración del edificio de Arroyo se hizo en los 58 millones de euros, el preguntado ha respondido que “sí” y que se trataba de una “valoración de mercado” aplicando “valores correctores a la baja”.

“Utilizamos estos criterios con los coeficientes de homogeneización, con el registro de la propiedad su valor real”, ha apuntado.

Preguntado sobre si a esos 58 millones, de no haber aplicado el factor de corrección, el valor podría superar los 60 millones de euros, ha apuntado que “habría que incrementar el porcentaje oportuno”.

Sobre los terrenos de Portillo, ha destacado que el valor calculado está al “90% del real” y que “podría cambiar en un 5% hacia arriba o hacia abajo”.

La defensa de Francisco Esgueva le ha preguntado si en estos terrenos de Portillo están excluidas las cargas fiscales afirmando que “están libres”.  

José Carlos Laguna, otro de los peritos, ha comparecido ante las defensas que no le han requerido para declarar, mientras que Víctor José Laguardia, no ha comparecido en la Audiencia de Valladolid, lo que ha provocado otra suspensión de la vista, a eso de las 11.30 y hasta las 12.15.

66 millones

Alexis Merino Expósito ha sido el perito y testigo que ha declarado tras el receso. La defensa de Germán José Martín Giraldo, le ha preguntado, al testigo, por el informe de 19 de noviembre de 2008 y sobre si se ratificaba en el mismo. Una firma de Gestvall, como ha apuntado la defensa que “fijaría el valor de mercado del Edificio de Arroyo de la Encomienda entre los 60 y los 70 millones”. La cifra exacta ha sido de “66 millones”.

“Veo que, en la tasación, se ha capitalizado un contrato. El valor que se obtiene se hace por el valor de la capitalización y en función a las tasas de riesgo. Nos da un valor del inmueble que puede ser superior o inferior”, ha apuntado el testigo, que ha recalcado que la “capitalización del contrato se hizo en función del contrato de comparación del inmueble arrendado”.

Ha añadido que el precio de salida de la venta del inmueble “sería de 66 millones si hay un contrato” pero ha afirmado que “desconocía si el edificio estaba vinculado a algún contrato”.

La defensa ha afirmado que existen 10 millones, a la hora de tasar el edificio, de diferencia, pero ha recalcado que finalmente se fijo en “66 por la capitalización de las rentas según los contratos vigentes”.

La acusación popular ha preguntado al testigo si ese informe se emitió a instancia de la empresa Urban Proyecta y ha “confirmado que sí”, añadiendo también que el “inmueble estaba ya totalmente construido”.

Fiscalía, en su escrito de acusación, apunta que el valor de venta no debió superar los 50 millones mientras que, finalmente, la empresa pública pagó por el inmueble ubicado en la calle Jacinto Benavente, 2, de Arroyo de la Encomienda, 60.499.8000 euros.

El último de los testigos que han declarado hoy ha sido Juan José Barragán que únicamente ha confirmado su firma en un documento antes de que a las 12.51 horas de esta mañana de lunes, 8 de abril, se haya levantado la sesión.

Mañana, martes 9 de abril, continuarán las declaraciones periciales.