El secretario general de CCOO Castilla y León, Vicente Andrés, y el Secretario de Acción Sindical de CCOO CyL, Fernando Fraile, han ofrecido una rueda de prensa sobre las resoluciones que “permiten aclarar” la financiación del SERLA. Así, “pese a ser un tema muy manido, no deja de haber noticias nuevas”, ha comenzado Andrés que ha aventurado que en los próximos meses, incluso años, seguirá habiendo noticias. Sin embargo, la respuesta desde la vicepresidencia ha sido que "la resolución no afecta a las decisiones adoptadas por la Consejería esta legislatura".

En este caso, después de saberse que el TSJ dio la razón a CCOO en un recurso contra el Protectorado de Fundaciones de la Junta por no velar por el SERLA, ahora afirman que Juan García-Gallardo, contra sus intereses, ha tenido que firmarlo y reconocerlo. Por este motivo, se exige al consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, que haga “caso” a su “jefe” el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, en la firmade  una resolución del Protectorado de Fundaciones de Castilla y León, que rechaza la propuesta de Ciudadanos en la anterior Legislatura, que planteaba modificar la financiación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), la composición de su Patronato y que dejara de ser una entidad pública.

“Gallardo ha tenido que firmar una resolución contra sus ideales políticos porque la legalidad le obliga a ello”, ha afirmado. En concreto, han denunciado que los servicios jurídicos de la Consejería de Industria habían afirmado que no es competente para decidir sobre la financiación de la Serla , pues ahora el Tribunal Superior de Justicia los Contencioso Administrativo le dice que “sí es competente” y que se tiene que ajustar a lo que dice la ley sobre el Protectorado de las Fundaciones, organismo dependiente de la Dirección General de Relaciones con la Sociedad Civil, en este caso, el responsable es el vicepresidente.

“Gallardo no cuenta todo cuando empieza con sus cortinas de humo, al final lo que hay es un enfrentamiento entre sindicatos y la Consejería de Economía”, ha asegurado el secretario, para afirmar que “no es chiringuito de nadie, esto es un servicio público como es el Sacyl”, ya que así está pactado entre el Gobierno, patronal y sindicatos.

Andrés ha ofrecido una resolución del protectorado, “aquí está la locura porque es el vicepresidente de la Junta” donde critica que se tenga que pronunciar sobre la no financiación del Serla. “La persona que tiene que velar con la legalidad es la que hace cuestiones ilegales en esta materia”, ha denunciado. Para Andrés los estatutos del Serla dicen que las decisiones se tienen que tomar por unanimidad.

“Esto hace arrojar luz en este largo camino para saber la financiación sobre el SERLA y es una victoria”. Así, Andrés le ha mandado un mensaje al consejero de Economía, Mariano Veganzones, “que le haga caso en esta decisión de no cambiar el sistema de financiación.

Respuesta de Gallardo

El Patronato de la Fundación acordó el 29 de enero de 2021, y sin autorización de la Junta, establecer un sistema de financiación para el Serla que nunca ha llegado a ponerse en práctica. Este acuerdo establecía una fórmula de financiación mixta, con un 49 % de los fondos procedentes de la Administración y el 51 % restante, de sindicatos y patronal. Dicho acuerdo se adoptó en la legislatura anterior, cuando  presidía la Fundación SERLA Carlota Amigo, consejera de Ciudadanos.

“Se trataba de terminar con la aportación exclusiva de la Comunidad, que soportaba (y soporta) el 100% de los costes, pero nunca se llevó a efecto. El Protectorado de Fundaciones entiende que el Patronato del Serla no puede tomar decisiones relativas a cómo se financia la propia Fundación. Las funciones de los patronos quedan circunscritas a gestionar los recursos que le vienen asignados, tal y como recogen los tribunales. Por ello advierte de la nulidad de la medida impulsada por los responsables del partido Ciudadanos miembros del anterior equipo de Gobierno”, explican en una nota de prensa.

“La resolución no afecta a las  decisiones que se han tomado en la actual legislatura con respecto a la financiación del Serla, y que han sido aprobadas siempre por el  Consejo de Gobierno. En este sentido, los estatutos de la Fundación Serla garantizan que entidades ajenas a la Administración pueden aportar fondos al Serla si así lo consideran, aunque no se establezca en qué porcentaje.  Este hecho se muestra contrario a lo indicado en rueda de prensa por los responsables de CCOO, sindicato que forma parte del Patronato de la Fundación Serla. La Junta de Castilla y León no está obligada a financiar al Serla y no existe ningún acuerdo firmado para ello”, ha concluido.

Comparación con el protocolo antiaborto

Ahora CCOO volverá a acudir al Protectorado para que se pronuncie sobre otras cuestiones importantes como la de acudir a los Tribunales para recurrir los 400.000 euros de financiación.En paralelo, CCOO emprende una nueva ofensiva en defensa del Serla con un nuevo recurso ante el Protectorado sobre el despliegue del Serla en la Comunidad, a la vía contencioso administrativo por las últimas decisiones adoptadas, así como al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que sancione a la Comunidad, y contra la última formula de financiación, que repite el modelo de 2023.

Sobre la posibilidad de cambiar de sede el Serla e ir al que se ha ofrecido desde la Consejería lo tienen claro: “La sede donde estamos no nos gusta, tienes que subir por una escalera de una casa antigua, ni la cantidad que pagamos de alquiler. Hemos ofrecido una zona de la CEOE, donde tenemos nosotros la sede, pero se nos dijo que no. Defendemos el salir de la sede actual y ahorrar, pero lo que nos ofrecen no nos gusta. Es un patio al descubierto y pequeño”, ha asegurado en relación a lo que se ha ofrecido desde la Junta.

Ante esto, ha pedido pidió al Gobierno de España que actúe ante la situación en la que se encuentra el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) al igual que hizo en enero de 2023 con el anuncio de un nuevo protocolo antiaborto por parte de la Junta. “Tienen que intervenir, no nos pueden dejar desprotegidos”, dijo después de que solicitaran en febrero la aplicación del artículo 155 de la Constitución, para que el Estado asuma estas competencias.