El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos del PP y de cuatro comunidades autónomas - Madrid, Andalucía, Cataluña y Baleares- contra la Ley de Vivienda. En el caso de Castilla y León, no descartan "para nada" unirse a este trámite judicial. 

"Nos parece que el Gobierno en la Ley de Vivienda hizo dos cosas mal. Lo primero es extralimitarse las competencias que tiene atribuidas. Y otra, que quizá sea la más grave, fue regular algunas materias que van en contra del acceso a la vivienda de muchas personas", lamentaba el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, en declaraciones a los medios tras el Consejo de Gobierno.

Afirma que no se ha regulado "adecuadamente" algunos aspectos que podían competer a las comunidades autónomas, "apoyo a los ciudadanos o lucha contra la okupación". Aspectos que están "en contra". Por ello, lo van a "estudiar", pero no descartan "la presencia de la Junta de Castilla y León en este procedimiento" con el objetivo de "defender los intereses de los ciudadanos".

Carriedo no ha querido proporcionar una fecha en la que tendrán tomada la decisión de si recurrirán o no. Sin embargo, ha asegurado que la Consejería de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación lo examinará, pero que la Junta tiene una "oposición" a esta iniciativa porque "puede incumplir la Constitución".

Sin embargo, se ha mostrado prudente, y ha asegurado que serán los servicios jurídicos quienes les indiquen "si es el cauce adecuado". En caso de ser así, lo ejercerán.

Ayudas al alquiler

Por otro lado, ha querido dejar claro que las ayudas al alquiler se resolverán cuando "se completen todos los expedientes". Afirma que no es un procedimiento de "ver los mejores ni que se concede en momento de la presentación", sino que hay que esperar a que se conceda para todos.

"Hay muchas solicitudes", añade. Y, en muchos casos, no dan la información completa en el momento inicial y desde la Junta dan la oportunidad de hacerlo.

"Europa entiende la posición que defendíamos"

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, instaba el pasado mes de julio al Gobierno de España a que "aproveche" la Presidencia española de la UE para lograr una "transición justo" para el sector del automóvil frente a la normativa Euro7. 

Dicho y hecho. Este mismo jueves celebraba la ampliación del plazo para la aplicación de la normativa Euro7. "Algo que ya pedimos desde la Junta y fue sometido a debate dentro del parlamento autonómico. Había partidos que se oponían, pero es imprescindible para el futuro del automóvil y el mantenimiento de inversiones", aclaraba.

Del mismo modo, Carriedo expresa que Europa "ha entendido la posición que defendíamos las comunidades autónomas y países productores". Por ello, asegura que han sido "sensibles" ante dicha realidad y que les parece "importante" defender los intereses de la Comunidad aunque, a veces, "nos quedemos solos".

En definitiva, los nuevos estándares para turismos y vehículos pesados se aplicarían en 2027 y 2029. Una decisión que, en conclusión, "beneficia al futuro de la Comunidad".