Este miércoles 30 de noviembre se ha reunido la Conferencia Sectorial de Consumo en la sede del Ministerio de Madrid, en una sesión ordinaria presidida por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y en la que ha estado presente el consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Mariano Veganzones, acompañado por el secretario general de la Consejería, Alberto Díaz Pico. 

En ella, Veganzones ha destacado su apoyo a algunas reformas realizadas como el uso de todos los medios de pago, incluido el efectivo, por parte de los consumidores en unas situaciones en las que a veces es complicado pagar por otras vías. Sobre todo, en la población de más edad o con las dificultades de conectividad en el medio rural.

Por otro lado, se ha mostrado crítico con el "abusivo" uso del Real Decreto de Ley como instrumento legislativo ordinario, haciendo alusión a la tramitación ordinaria de los proyectos de ley que garantizan una "mayor participación" de las administraciones y ciudadanos y manifestó que debería "limitarse a los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad que establece la Constitución".

En esta sesión se han tratado diversos temas de interés para todas las comunidades. Además, se ha aprobado la planificación de las actuaciones de control comunes a realizar en 2023 por las autoridades de consumo de cada Comunidad. Estas están referidas tanto a productos alimenticios como no alimenticios comercializados de forma presencial o por internet. Asimismo, se han aprobado las campañas de inspección que se van a desarrollar en 2023 mediante la Inspección de Consumo en todas las Comunidades Autónomas.

El Ministerio también ha informado sobre el trabajo desarrollado por las Secciones y grupos de trabajo dependientes de su órgano de apoyo y ha informado a los asistentes sobre los últimos proyectos normativos desarrollados, entre los que destaca la última modificación del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Otros como el Proyecto de Ley con el que se regulan los servicios de atención a las personas consumidoras y usuarias que actúan en calidad de clientela están "retrasados" ya que siguen pendientes de la aprobación parlamentaria.