Segundo año de pandemia. Y la naturaleza continuó su curso. También la implicación del ser humano en el medio ambiente. El día 14 de agosto se formó la tormenta perfecta: la escasa humedad, temperaturas de casi 39 grados, rachas de viento de 70 kilómetros por hora, la topografía del terreno y la simultaneidad con otros fuegos concluyeron con la quema de 22.037,85 hectáreas en la Sierra de Ávila, el fuego más importante en España en años, tal y como recoge Ical.

Este dramático incendio protagonizó un 2021, ejercicio que estrenó la demandada ley de Caza y se rodeó de polémica por la protección del lobo y los cambios de uso de la estación de esquí de Navacerrada. También vio la luz el borrador del Plan Hidrológico del Duero, que se aprobará el próximo año, y que en materia medioambiental concluyó con la flexibilidad otorgada desde la CHD para la plantación de chopos en cauces, pero con distancia insuficiente para el sector productor.

Se preveía una campaña de incendios, a priori, de baja incidencia. Nada más lejos de la realidad, a pesar de un operativo compuesto por 4.504 efectivos, cifra muy criticada por los sindicatos, que reclamaban más prevención durante el resto del año para apagar los incendios en invierno.

El primer aviso importante llegó el 6 de agosto en El Tiemblo, en Ávila, provincia más perjudicada este año, con una tragedia ecológica causada por una línea eléctrica que arrasó casi 800 hectáreas, algo que ya asustaba. Los días 14, 15 y 16 la Junta decretó la alarma de riesgo de incendios forestales por razones meteorológicas. Y todo confluyó entre las llamas de un coche junto a la carretera el día 14: catástrofe ecológica, cierre de carreteras, evacuación de habitantes en varias localidades, daños culturales, ganaderos, agrarios, la ayuda de la UME e imágenes de satélite.

Una investigación profunda del Seprona determinó que se descontroló porque el primer helicóptero tardó 14 minutos en llegar al lugar; si bien, el juez considera que “no podía proceder” contra los responsables de Emergencias por la vía penal “porque activaron, aunque fuera con retraso, a los bomberos de la zona”.

La comparecencia del consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en las Cortes el 20 de septiembre intentó desmentir las sospechas de negligencia que pesaban sobre la gestión del departamento como una espada de Damocles. A partir de ahí, planes de restauración, solidaridad ganadera, declaración de zona catastrófica, pero 22.000 hectáreas arrasadas. Se declaró extinguido el 26 de agosto, después de que las llamas alcanzaran un perímetro exterior de 130 kilómetros tras 12 días ardiendo. Incluso el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, abogó por una “reflexión” sobre los incendios con el cambio climático.

Ley de Caza

El 23 de junio vio la luz en las Cortes la nueva Ley de Caza de Castilla y León, conocida como de Gestión Sostenibles de los Recursos Cinegéticos. Recibió 1.806 alegaciones de 162 personas o entidades diferentes. Finalmente, el 8 de julio se publicó en el Bocyl. La norma, que sustituye a la de 1996, crea un marco legal adaptado a la realidad social, económica y ambiental de la Comunidad y, sobre todo, devuelve las aguas a su cauce tras años en los que Junta, cazadores y ecologistas se vieron más en los juzgados que en los montes.

Como novedad, incluye la denominada ‘Emergencia Cinegética’ para acometer situaciones de urgente actuación en caso de importantes daños por una sobrepoblación intensa de determinadas especies, hace hincapié en la mejora de la planificación de la actividad cinegética, basada en el seguimiento continuo de las poblaciones y de las capturas realizadas, y en la simplificación de los procedimientos administrativos, fomentando el uso de la tramitación electrónica.

El lobo: ¿ángel o demonio?

El lobo, especie animal ibérica por excelencia, ha provocado en 2021 la exaltación de sus defensores y detractores, después de que a principios de año se acordara su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que significa que se prohibía su caza al norte del Duero. Declaraciones cruzadas entre las comunidades autónomas del norte, entre ellas Castilla y León, que cuentan con el 95 por ciento del censo lobero, y el Miteco. “Acabaremos en los tribunales si finalmente se lleva a cabo esta infamia”, advertía el consejero de Fomento y Medio Ambiente en mayo.

Este enfado provocó que los ganaderos de extensivo de España, entre ellos un buen número procedente de Castilla y León, secundaran el 9 de junio una manifestación convocada en Madrid en defensa de la ganadería y de una correcta gestión de las crecientes poblaciones de lobo ibérico. Finalmente, el BOE publico la orden ministerial que convertía al lobo en especie protegida el 22 de septiembre. A día de hoy el asunto está judicializado con la presentación de recursos contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para la toma de medidas cautelares que frene esta prohibición. Cantabria ya lo ha paralizado al darle los tribunales la razón. El presentado por la Junta está admitido a trámite.

Las pérdidas de los ganaderos en Castilla y León se estiman en cinco millones todos los años y la Administración solo compensa el 20 por ciento de los daños. En 2020 se registraron 4.500 ataques que causaron la muerte a 6.000 cabezas de ganado.

Otro animal muy vinculado a la Comunidad es el oso pardo, cuyos trabajos de campo del primer censo genético nacional evidencian su buena evolución, en las tres provincias cantábricas e incluso en Zamora. Las malas noticias llegaron desde Salamanca. Casi un centenar de aves aparecieron intoxicadas tras consumir unas carroñas de oveja en Monterrubio de Armuña (Salamanca). Se hallaron 54 buitres leonados y uno negro junto a un milano negro muertos y 41 ejemplares vivos con pronóstico reservado. Un mes después, el Servicio de Toxicología y Veterinaria Forense de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia confirmó la presencia de carbofurano en todas las muestras extraídas. Se trata de uno de los pesticidas carbamatos más tóxicos y de uso prohibido en la UE desde 2007.

En 2021, la CHD presentó el borrador del Plan Hidrológico próximo, cuyo plazo de alegaciones concluyó el 22 de diciembre. Una fuerte polémica se creó en torno a la prohibición de plantar chopos en los cauces de los ríos, algo que recogía el plan vigente, aprobado en 2016. Finalmente, el organismo de cuenca levantó la prohibición de hacerlo, pero con una condición, que no se pudiera plantar en una línea de 30 metros desde el cauce, algo que sigue sin gustar al sector, representado en la asociación ‘+Chopo Sí’, organización que nació en septiembre por este motivo, y que señala que con bandas de protección de entre cinco y diez metros es suficiente.

El peso ambiental

El importante peso de las autorizaciones ambientales se observó en un ejercicio en el que este tipo de expedientes han tumbado, por el momento, dos proyectos de grandes dimensiones económicas para la Comunidad, y un tercero que ha creado polémica nacional. El primero, el de la minera Berkeley en Retortillo (Salamanca), a la que se denegó la construcción de la planta de fabricación de concentrado de uranio.

A juicio de la empresa iba a suponer una inyección de 400 millones y más de mil empleos. Incluso, la firma australiana, que anunció medidas legales más adelante, dio por hecho que la nueva Ley de Cambio Climático, aprobada por el Congreso de los Diputados el 13 de mayo, no afectaría a esta iniciativa su proyectos en la salmantina localidad de Retortillo, una norma que llegó cinco años después de que España firmara el Acuerdo de París. El texto deja bajo tierra los combustibles fósiles como muy tarde en 2050.

La otra autorización denegada con cierto peso la protagonizó la CHD al echar abajo la autorización de aguas subterráneas para que Valle de Odieta explotara un acuífero que abastecería la macrovaquería en Noviercas (Soria), con 23.000 vacas, para el que la empresa presentó alegaciones que aún están en estudio. Ahora, sin embargo, deberá someterse a una evaluación ambiental. En todo caso, la Junta aseguró que “no es probable” que vayan a producirse “efectos significativos” sobre el medio ambiente en el proyecto. Por eso, a día de hoy la Consejería de Fomento y Medio Ambiente condiciona esta formulación en la evaluación ambiental a que el texto definitivo contemple los requerimientos de la CHD.

Por último, la histórica estación de esquí de Navacerrada, en Segovia. Aunque ha sido en el último trimestre cuando ha saltado a los medios, fue el 3 de marzo cuando se generó una primera información que ha envuelto toda la polémica. Un desarrollo que no gustó ya entonces a la Junta: “No son formas de acometer algo que afecta de manera importante a los intereses económicos y sociales de la Comunidad. No se pueden tomar decisiones unilaterales”, remarcaba Suárez-Quiñones.

La empresa ‘Puerto de Navacerrada Estación de Esquí’ debía desmontar los remontes y sus zapatas, eliminar edificios y retirar sus escombros, cables y tomas de agua de las tres pistas de esquí alpino ‘Escaparate’, ‘Telégrafo’ y ‘El Bosque’ y tres telesillas, en un plazo que finalizaba el 30 de octubre. Para Parques Nacionales, la renovación de la concesión, firmada el 3 de abril de 1996, finalizaba tras 25 años de vigencia. La decisión respondía al escenario actual de cambio climático ya que, desde la década de los 70, la temperatura media en el Puerto de Navacerrada ha aumentado 1,95 grados centígrados y la nieve se ha reducido en un 25 por ciento, tal y como justifica el Miteco.

El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) plantea que tras el desmantelamiento se procederá a la restauración ambiental de la zona ocupada y para ello se tomará como referente la recuperación de la antigua estación de esquí de Valcotos, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid expropió en 1998 y que es un “ejemplo de restauración ecológica de una estación de esquí haciendo compatible el disfrute del espacio natural con su conservación”.

En mayo, Parques Nacionales inició un proceso de participación pública del programa piloto para la reactivación sostenible de Navacerrada. A día de hoy, la estación ha abierto en fechas determinadas e incluso los guardas ambientales se han dirigido a trabajadores y usuarios para advertir de que la ocupación es ilegal.