El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, revolucionaba este lunes el escenario político español pulsando finalmente el botón electoral y desactivando, de paso, la posibilidad de una nueva moción de censura en marzo. Una oportunidad que el PSOE no habría desaprovechado si, para entonces, la descomposición de Ciudadanos hubiera seguido su curso natural. Sin embargo, no es sólo la posibilidad “cierta” de una nueva moción la que ha impulsado al presidente popular a sacar las urnas a la calle. La pérdida de mayoría absoluta en las Cortes tras la fallida moción de censura con la marcha de una tránsfuga de Ciudadanos minó la coalición,  mientras desde Génova se percibe un buen momento para obtener una victoria más que consolide el liderazgo de Casado en el PP y allane el camino hacia la Moncloa; a mayores, se avecina un oscuro horizonte judicial para el PP de Castilla y León, mientras las encuestas revelan un creciente entusiasmo por una nueva opción política fuera del bipartidismo en torno a la España Vaciada, como ya adelantó un revelador sondeo de EL ESPAÑOL, lo que ha hecho saltar las alarmas en el itinerario del presidente, que no quiere dejar oportunidad para que el nuevo partido se sustancie en candidaturas provinciales que puedan restar diputados al PP.

Sin embargo, aunque al presidente no le quedaran más opciones que lanzarse a la aventura siempre incierta de unas elecciones, los riesgos son elevados. Según reconocen fuentes del Partido Popular a este periódico, la incertidumbre viene especialmente porque es la primera vez que se celebrarán elecciones autonómicas desligadas de las municipales, donde el Partido Popular exhibe músculo y arrasa, literalmente, en el mundo rural, donde presenta candidaturas en la práctica totalidad de los municipios. Un arraigo territorial sin parangón por encima incluso del PSOE. El tirón de los alcaldes populares genera una inercia electoral sobre el candidato autonómico. Habitualmente, los electores unifican papeleta para su ayuntamiento y para la Junta. En esta ocasión, Mañueco se lanzará al ruedo a porta gayola, sin más argumentos que los que sea capaz de defender durante la campaña electoral. Así lo hizo Isabel Díaz Ayuso, en una operación también muy arriesgada que le salió bien. Ayuso ya se ha apresurado a mostrarle su apoyo.

Por otra parte, cobra especial relevancia la situación interna en la que el anuncio electoral de Mañueco sorprende a los contrincantes: Tudanca acaba de salir del horno de las primarias socialistas con pleno respaldo de Sánchez y de los militantes, y con el ánimo de revalidar la victoria electoral con la que tuvo en su mano gobernar Castilla y León; la España Vaciada presenta, de momento, candidatura con ¡Soria Ya!, donde tiene opciones reales de conseguir al menos un procurador autonómico y está por ver si consigue llegar a tiempo en otras provincias donde el mensaje reivindicativo del mundo rural más ha calado, como en Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora. Por Ávila, quien en los últimos días ha concentrado el foco de la polémica a cuenta de los Presupuestos de la Comunidad, aspira a obtener de nuevo representante en el Parlamento regional, mientras los leonesistas se frotan las manos y colocan el listón en tres procuradores de UPL, que acaba de celebrar congreso y concurre con un clásico, Luis Mariano Santos. A quién el anuncio ha pillado con el pie cambiado es Ciudadanos, que ni siquiera ha celebrado primarias: Francisco Igea ha asegurado que no abandona la política, y según ha podido saber EL ESPAÑOL, goza de todo el apoyo de la ejecutiva nacional para repetir como candidato. De hecho, se ha solicitado un informe al servicio jurídico del partido, para ver si la urgencia de la convocatoria, con las Navidades de por medio, justifica una decisión directa de la Ejecutiva sin pasar por primarias. Sin duda, el botín más jugoso de estas elecciones son los procuradores que, previsiblemente, perderá Ciudadanos en el hemiciclo castellano y leonés, un total de 11. Pablo Fernández, actual portavoz nacional de Podemos, representará a la formación morada en la cita electoral del 13 de febrero.

Pero sin duda, el gran interrogante se encuentra en VOX. Los buenos resultados obtenidos en Castilla y León en las elecciones generales, donde obtuvo seis diputados en las circunscripciones de Ávila, León, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora y la creciente relevancia de la formación en la política nacional en las últimas elecciones autonómicas de Madrid hacen presagiar que en Castilla y León el resultado será decisivo. La elección del candidato será crucial a la hora de aglutinar votos, que irían en detrimento del Partido Popular, ya sea mediante una figura potente del ámbito castellano y leonés, o bien a falta de un candidato si es Santiago Abascal quien asume el peso de la campaña.

Presidente hasta 2025

Al contrario de lo que ocurrirá en Madrid, donde el adelanto electoral no exime de convocar nuevas elecciones en 2023, cuando toca, la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León del año 2007 amplía la capacidad del presidente, que hasta la fecha solo podía disolver las Cortes por el tiempo restante de legislatura, y permite iniciar un nuevo ciclo político que se consolidará en el tiempo con fecha electoral propia. Esto significa que el Gobierno que salga proclamado del 13 de febrero tendrá por delante cuatro años de legislatura, según establecen las leyes de Castilla y León, es decir, hasta 2025.

El viento a favor de las encuestas anima a Mañueco a extender las velas

Alfonso Fernández Mañueco tiene el aval de las encuestas, que sitúan al PP como primera fuerza política en Castilla y León, con entre 34 y 37 representantes, en un hemiciclo de 81 procuradores, donde la mayoría absoluta se sitúa en los 41. Así lo revelaba un sondeo de Metroscopia del pasado mes de noviembre, donde el PSOE bajaría su actual grupo parlamentario hasta los 27 o 29 escaños (ahora tiene 35), mientras que VOX sustituiría a Ciudadanos como tercera fuerza política y pasaría de un procurador a entre diez y once. La encuesta deja a la formación naranja con un único parlamentario y otorga a Podemos entre dos y tres ; a UPL, con dos, y en el caso de Por Ávila se abre la posibilidad de que obtenga uno, pero no es seguro.

El PP no obtendría la mayoría absoluta, pero en el peor de los escenarios (obtener 34 parlamentarios) para conformar una alternativa habría que contar con Vox o sumar al resto de fuerzas, siempre que obtuvieran el cálculo de escaños más optimista. Así pues, Mañueco cambiaría a Ciudadanos como socio de Gobierno por VOX.

13 de febrero: Castilla y León elegirá 81 procuradores

Con su firma en el decreto de disolución de las Cortes, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha iniciado la cuenta atrás de un proceso administrativo que culminará, en una primera fase, el próximo 13 de febrero cuando los castellanos y leoneses elijan a 81 procuradores, la misma cifra que hace 30 meses, en los comicios de mayo de 2019. El reparto de escaños por circunscripciones será 15 representantes Valladolid; 13, León; 11, Burgos; 10, Salamanca; 7, Avila, Palencia y Zamora; 6, Segovia y 5, Soria.

Sin embargo, al momento de la votación hay que llegar con una serie de ‘deberes’ bien cumplimentados. El primero, tiene que ver con la Oficina del Censo Electoral, que el día 26 de diciembre los ayuntamientos deberán exponer el censo durante un plazo de ocho días para detectar las posibles irregularidades y los boletines oficiales de la provincia, el número, los límites de las Secciones Electorales, sus locales y las Mesas correspondientes a cada una de ellas. Entre el 14 y el 18 de enero, los consistorios deben sortear también a los miembros que compondrán las distintas mesas electorales.

Para los partidos, el proceso administrativo comienza un poco después, el 29 de diciembre, con la designación del representante general de cada una de las candidaturas. Aún con las uvas de la Nochevieja sin digerir las distintas formaciones y agrupaciones de electores que pretendan concurrir a la cita deberán presentar ante la Junta electoral los distintos candidatos, entre el 4 y el 9 de enero, que serán proclamados definitivamente el 16 de enero y publicados en el Bocyl el próximo día 17.

Las agrupaciones de electores que, como ya ha anunciado Soria Ya, quieran participar en los comicios deberán aportar, además, las firmas de al menos el 1 por ciento del censo electoral de la circunscripción por la que concurran. 

Según la normativa electoral, la campaña electoral deberá comenzar a las cero horas del 27 de enero y, durante su transcurso, deberán celebrarse al menos dos debates entre los candidatos de PSOE, PP y Ciudadanos, es decir, las formaciones que lograron grupo parlamentario propio en los últimos comicios.

En los próximos días, una orden de la Consejería de Hacienda establecerá también las condiciones de la financiación de los gastos ocasionados por las elecciones. La cantidad ha permanecido invariable desde los comicios de 2007 cuando se decidió fijarla en 10.205,62 euros por cada escaño conseguido; 0,40 euros por cada voto y una ayuda de 0,19 por cada elector para el envío de propaganda electoral a los partidos que consigan representación parlamentaria.

Todo el proceso estará supervisado por la Junta Electoral de Castilla y León presidida por José Manuel Martínez Illade y con Alejandro Valentín Sastre, como vicepresidente. Los vocales corresponden a Jesús Carlos Galán Parada, Luis Miguel Blanco Domínguez, Juan María Bilbao Ubillos, Luis Esteban Delgado del Rincón y Manuel Augusto Martín de la Vega. El secretario es Carlos Ortega Santiago, letrado mayor de las Cortes.