Castilla y León es la comunidad que mejor puntuación sacó en el XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con un 8,9. Este buen hacer le ha valido ser seleccionada para formar parte de la Comisión Nacional para el Análisis de la situación del Sistema de la Dependencia, que se ha constituido esta mañana en Madrid.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, que ha participado en esta primera reunión, ha puesto sobre la mesa la "necesidad" de hacer un sistema "sostenible económicamente" para las arcas de las comunidades autónomas, con una financiación "suficiente y garantizada"; de "simplificar los mecanismos de financiación de la dependencia" y que pueda ir "vía financiación autonómica"; de profundizar en el trabajo por los servicios profesionales como "garantía de calidad en la atención y como fuente destacada de empleo", y la "necesidad de potenciar la coordinación socio-sanitaria".

La comisión se ha constituido esta mañana, en la sede del Imserso en Madrid y de ello forman parte el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, la directora general del Imserso, la secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el director general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el director general de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, la directora del Gabinete del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, el secretario general del IMSERSO y las comunidades autónomas de Castilla y León, Cataluña, Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Aragón y Canarias.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Alicia García se ha referido a que el objetivo de esta comisión es trabajar en la elaboración de un informe técnico sobre la situación actual del Sistema de Dependencia, de su sostenibilidad y de los actuales mecanismos de financiación.

Como resultado de sus trabajos, la Comisión presentará, en el plazo de tres meses, un informe final con los análisis y las conclusiones. Este informe será debatido en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en una sesión extraordinaria.

Alicia García ha agradecido al Ministerio la "diligencia" en la convocatoria del grupo y también haber contado con Castilla y León para participar en la evaluación de la Ley de Dependencia, ya que a su juicio se trata de una iniciativa "muy oportuna para hacer una reflexión e introducir mejoras", una vez transcurridos diez años de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia.

García ha recordado que, por un lado, Castilla y León trabajó "desde el primer momento" por la implantación de esta Ley y durante estos años ha hecho un "importante esfuerzo" para cumplir con sus previsiones y, por otro lado, "también desde el primer momento fue una Comunidad crítica con la financiación prevista", al ser "consciente de que nacía mal financiada, situación que posteriormente se agravó con la crisis".

A pesar de ello, la consejera ha asegurado que la voluntad política ha sido siempre garantizar los derechos de las personas y buena muestra de ello ha sido la incorporación total de Grado I, siendo la primera Comunidad en España que ha alcanzado así la plena atención a la dependencia.

En este sentido, García ha referido a la importancia de que este grupo de trabajo "empiece a funcionar rápido" y que en el plazo previsto alcance los objetivos "para llevarlos cuanto antes al Consejo Territorial de Dependencia".

Temas

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha señalado algunos de los temas que Castilla y León considera importantes y que ya han planteado en la reunión constitutiva de la Comisión para su debate.

El primero de ellos es la necesidad de hacer un sistema sostenible económicamente para las arcas de las comunidades autónomas y que tenga una financiación suficiente y garantizada, para lo que es necesario hacer un buen estudio de los costes reales del Sistema de Dependencia, especialmente de los servicios profesionales.

Junto a esto, García ha defendido la necesidad de simplificar los mecanismos de financiación, ya que el mecanismo diseñado por la Ley ha demostrado ser excesivamente complejo y su gestión conlleva un alto coste y esfuerzo, tanto para las comunidades como para la administración central.

Por este motivo, Castilla y León ha defendido que la financiación de la Dependencia pueda ir vía financiación autonómica, con los parámetros que se determinen y con las garantías que pudieran ser necesarias en relación su destino.

Por último, Alicia García ha destacado la necesidad de potenciar la coordinación socio-sanitaria, ya que las personas en situación de dependencia necesitan la actuación conjunta de los servicios sociales y de los sanitarios.

Experiencias de éxito

García ha compartido que Castilla y León ha tenido experiencias de éxito en el ámbito de la enfermedad mental y en las plazas sociosanitarias de convalecencia y que, en este momento, las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y la de Sanidad están trabajando en el desarrollo de una plataforma sociosanitaria mediante una compra pública en innovación que facilite esta acción conjunta de ambos sistemas de atención.

La financiación es precisamente uno de los aspectos más destacados del análisis que tiene que abordar la recién constituida Comisión para el estudio de la situación del Sistema de Dependencia.

Castilla y León aporta el 81% del coste del Sistema de Dependencia mientras que el Estado aporta el 19 de financiación. El citado dictamen del Observatorio de la Dependencia indica que la financiación del sistema de dependencia en Castilla y León fue de 593,2 millones de euros en 2016 y que el gasto público por habitante en Castilla y León ascendió a 166,65 euros, mientras en España se quedó en 121,8 euros.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destina seis de cada diez euros de su presupuesto a dependencia, según ha destacado.