El vicepresidente y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, en una imagen de archivo ICAL
Castilla y León no pagará el asalto a Ceuta
"La Junta, con Carlos Pollán al frente de sus competencias políticas en materia migratoria, ha optado por una estrategia de resistencia institucional".
El gobierno de Castilla y León se ha cuadrado. Carlos Pollán, su vicepresidente, acaba de afirmar que en nuestro territorio no se admitirán más menores no acompañados “menas”, cuya situación en la ciudad autónoma de Ceuta es ya una bomba explosiva bajo los cimientos de la Moncloa de Sánchez.
Existe una opinión interpretativa de lo acaecido en Ceuta el pasado treinta de julio, que sustenta la actual postura de la Junta de Castilla y León. No se sabe si unánime o no en el seno del gobierno castellano y leonés, pero se resume a lo ayer expresado por Pollán: “Menas, no”. Como aquel viejo eslogan “OTAN, de entrada, no” que salió de la cocina socialista para hacer fracasar el referéndum sobre la integración de nuestro país en la organización de defensa atlántica.
Ceuta fue avasallada con la entrada a nado o a pie por unas setenta mil personas procedentes de Marruecos. No se trató de un goteo migratorio, ni de una tragedia humanitaria espontánea. Son cada vez más los analistas de la geoestrategia y la política internacional los que piensan que la avalancha fue organizada, tolerada y en buena parte orquestada por el gobierno de Rabat.
Ese vaivén, más propio de una demostración de fuerza que de un movimiento migratorio real, parece ser la clave de bóveda para comprender como Castilla y León – y con esta comunidad Aragón y Extremadura- ha decidido un plante en toda regla al gobierno de Sánchez y negarse a asumir en sus territorios la llegada de más menores migrantes no acompañados. Castilla y León se posiciona así en contra de financiar y absorber, sin condiciones, las consecuencias de una maniobra del régimen de Rabat.
En 2021, el Parlamento Europeo llegó a condenar el uso por parte de Marruecos del control fronterizo y de los menores no acompañados como herramienta de presión política contra España. Verdaderamente es entristecedor instrumentalizar la inmigración: convertir a personas, muchas de ellas niños, en moneda de cambio diplomática.
Rabat controla el grifo. La escasa reacción de las fuerzas de seguridad marroquíes ante una oleada humana de tal calibre no puede resultar una improvisación. Fue, como en 2021- entonces “castigo” ante la hospitalización en España del líder del Frente Polisario- un recordatorio al gobierno de Pedro Sánchez. Con la “invasión”, entendida por tal no la de una acción bélica convencional sino de la movilización de masas humanas contra los territorios de soberanía de otro Estado – en este caso España-, Rabat ha recordado al gobierno español que es el dueño del “chiringuito” en la gestión de la frontera España-Marruecos. Fronteras marcadas desde hace siglos por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuya soberanía es española con mucha anterioridad a que Marruecos se dotara de “corpus” como Estado.
La Junta de Castilla y León, con Carlos Pollán al frente de sus competencias políticas en materia migratoria, ha optado por una estrategia de resistencia institucional: ausencias deliberadas en la Comisión y en la Conferencia Sectorial de Infancia, cartas a la ministra Rego exigiendo que por cada menor se instruya un expediente individualizado antes de cualquier traslado, y el anuncio de un recurso ante los tribunales de justicia en contra del decreto que asigna 833 plazas a Castilla y León para el realojo de “menas”.
El pulso contra el gobierno central tiene, además, una dimensión de coherencia incómoda para el Partido Popular. Hace apenas un año, la formación liderada por Fernández Mañueco rechazaba en las Cortes una propuesta de Vox –ahora su socio de gobierno– para devolver a los “menas” a sus países de origen, incluso calificando los populares la medida como “al borde de la ilegalidad”.
Bajo los condicionantes del pacto de gobierno PP-Vox en Castilla y León, con una crisis fronteriza y humanitaria de proporciones inéditas, la distancia ideológica entre ambos partidos en la cuestión migratoria es un hilo, se ha estrechado hasta casi desaparecer.
Cierto es que el gobierno castellano y leonés no se ha negado hasta ahora a prestar su ayuda a dramas humanitarios espontáneos. La posición ahora contraria a la aceptación del desembarco de los “menas” aposentados en Ceuta, es entendible cuando suena como clamor que la maniobra de presión política salpica a Castilla y León propulsada desde Rabat.
Desgraciadamente Ceuta –o Melilla– seguirán siendo, de vez en cuando, la válvula de presión que Marruecos cierra y abre a su antojo. El gobierno de Castilla y León no tiene las competencias políticas para enfriar esa hirviente “olla Magefesa”, ni aparenta estar dispuesto a pagar los vidrios rotos de la inacción de Sánchez y su panoplia de ministros. Se pinte como se pinte –generalmente de cándido rosa– la soberanía nacional española ha sido conculcada en Ceuta por los designios de Marruecos. El Estado español, con el poco fuste de un “país bananero”, se ha rendido.
