Biometano en Castilla y León: el reto de la aceptación social

Castilla y León es el corazón agroganadero de España. Las actividades tradicionales del sector primario no solo siguen teniendo un peso extraordinario en su economía, sino que, en pleno siglo XXI, abren, además, una oportunidad de futuro tan estratégica como inesperada: el desarrollo del biometano. No en vano, esta comunidad autónoma es, con gran diferencia, la que presenta un mayor potencial para la generación de este gas renovable en nuestro país: cerca de 38 TWh anuales, una cifra que permitiría cubrir hasta el 177 % de la actual demanda de gas natural de Castilla y León. Su aprovechamiento supondría, por un lado, un paso decisivo hacia la autonomía energética regional y, por otro, una respuesta eficaz a uno de los grandes desafíos estructurales del territorio: la gestión sostenible de los residuos agropecuarios.

La tecnología empleada en las plantas de gases renovables está ampliamente contrastada. La experiencia acumulada en Europa, donde ya operan unas 1.700 instalaciones de este tipo, avala sobradamente la seguridad, fiabilidad y madurez de estas instalaciones. A ello se suma la disposición de los promotores a acometer las elevadas inversiones que requieren estos proyectos y a comprometerse a largo plazo con los territorios en los que se implantan. ¿Qué falta, entonces, para que el biometano reciba el impulso definitivo que merece? Probablemente, el factor más determinante hoy en día: la aceptación social.

En los últimos meses, vecinos de distintas localidades de Castilla y León han expresado públicamente sus dudas sobre algunos proyectos en tramitación y, en determinados casos, su rechazo frontal. Estas movilizaciones parecen contradecir lo que reflejan de forma reiterada los estudios demoscópicos: que una amplia mayoría de la población española apoya medidas orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que las consecuencias del cambio climático figuran entre las principales preocupaciones ciudadanas. ¿Cómo se explica, entonces, esta aparente paradoja entre una sensibilidad ambiental creciente y la oposición a proyectos de energía renovable que constituyen ejemplos paradigmáticos de economía circular?

Resulta difícil responder a esta cuestión sin reconocer un error colectivo. Promotores, organizaciones sectoriales y administraciones públicas hemos dado por supuestas las ventajas del biometano para la región, hasta el punto de considerar innecesario explicitarlas con el detalle y la pedagogía necesarios. Durante demasiado tiempo, quizás no hemos sabido atender ni responder adecuadamente a las inquietudes legítimas de la ciudadanía.

Ese vacío comunicativo ha sido ocupado por quienes alimentan la confusión, difundiendo informaciones erróneas y generando una alarma social injustificada. Especialmente infundadas —y particularmente dañinas— son las afirmaciones que aluden a supuestos riesgos para la salud de las poblaciones cercanas a estas instalaciones, careciendo de cualquier respaldo técnico o científico.

La ausencia de una comunicación más proactiva se ha interpretado como falta de transparencia, y esta percepción ha terminado por erosionar la confianza ciudadana. Hoy sabemos que debimos haber explicado con mayor claridad las exigencias que imponen la normativa europea, nacional y autonómica para la autorización de estos proyectos; las garantías ambientales que deben acreditar y los rigurosos controles administrativos a los que están sometidos antes y durante su operación.

También habría sido imprescindible un ejercicio de divulgación tecnológica que mostrase, de forma accesible, cómo funcionan los sistemas logísticos de transporte de los residuos, los procesos de tratamiento en las plantas de biometano y las medidas implantadas para evitar la generación de olores. Del mismo modo, se deberían haber explicado con mayor detalle los procedimientos destinados a prevenir emisiones a la atmósfera, las estrictas condiciones de operación y los mecanismos permanentes de supervisión y control.

Planta de biometano

Tampoco se realizaron quizás los esfuerzos necesarios para poner en valor los beneficios ambientales, sociales y económicos que la producción de biometano aporta a los territorios. Porque estas instalaciones son mucho más que simples proyectos energéticos.

Por un lado, permiten abordar de forma sostenible la gestión de los residuos agropecuarios, un desafío estructural de enorme magnitud para Castilla y León. Conviene recordar que los vertidos incontrolados de residuos y purines, junto con el uso intensivo de fertilizantes nitrogenados, constituyen prácticas altamente perjudiciales para el medioambiente y la salud pública. La dimensión del problema queda reflejada en algunos datos elocuentes: más del 20 % de la superficie agraria útil de la comunidad está declarada zona vulnerable por contaminación de nitratos. Según el Ministerio de Sanidad, 144 municipios de Castilla y León —el 14 % de los analizados— superaron los niveles máximos de nitratos en el agua de consumo humano, lo que sitúa a la comunidad como la que concentra el mayor número de localidades afectadas en España, representando el 56 % del total nacional.

No es cierto, por tanto, que las plantas de biometano vengan a crear un nuevo problema en el medio rural. Al contrario: ofrecen una solución eficaz a una cuestión preexistente, la gestión de los residuos generados por las propias actividades agropecuarias, sin comprometer la viabilidad de un modelo productivo que constituye el pilar económico de numerosos municipios y comarcas.

Frente a una narrativa recurrente, tampoco es correcto hablar de “macroplantas”. Las dimensiones reales de las instalaciones que operan en España desmienten ese calificativo, utilizado con frecuencia con fines estigmatizadores. En 2024, el tamaño medio de las plantas españolas era de 364 m³/h, muy por debajo del registrado en la mayoría de los países de nuestro entorno, según el informe estadístico publicado este mes de diciembre por la Asociación Europea del Biogás, —de la que Sedigas forma parte— (EBA, por sus siglas en inglés): Dinamarca (1.468 m³/h), Ucrania (1.824), Suecia (927), Reino Unido (783), Italia (727), Alemania (605) o Portugal (440).

Otra distorsión habitual es la que alude a una supuesta proliferación incontrolada de plantas de biometano en España. Actualmente existen 22 instalaciones en operación. Es cierto que el número de proyectos en distintas fases de tramitación ha aumentado en el último año, pero seguimos muy lejos de nuestro verdadero potencial y a gran distancia de los principales países europeos. Francia cuenta ya con 760 plantas en funcionamiento. Dinamarca, con una superficie similar a la de Extremadura, dispone de unas 160 plantas de biogás y 58 de biometano. Su apuesta temprana por este gas renovable está dando frutos evidentes: hoy es el país con mayor porcentaje de biometano inyectado en la red, en torno al 40%, y aspira a alcanzar el 100% en el horizonte de 2030.

Por todo lo expuesto, en 2024 los miembros de Sedigas aprobaron el Decálogo de compromisos, buenas prácticas y recomendaciones del sector para el óptimo desarrollo y operación de las plantas de producción de biogás y biometano en España. Un documento que, junto con el manual para la aceptación social publicado este mismo año por la EBA, recoge compromisos claros orientados a garantizar la sostenibilidad ambiental, social y económica de los proyectos a largo plazo. La integración armónica de las instalaciones en el territorio y la construcción de relaciones de confianza con las comunidades locales constituyen elementos centrales de este enfoque.

El desarrollo de los gases renovables se sitúa en el núcleo de la estrategia de la Unión Europea para avanzar hacia una transición energética sostenible. Estas tecnologías contribuyen de forma decisiva a la lucha contra el cambio climático, impulsan el desarrollo económico y social de los territorios y mejoran la gestión de los residuos. Además, el aprovechamiento de recursos locales permite reducir la dependencia energética exterior y reforzar la resiliencia del sistema energético.

Desbloquear el enorme potencial de España y, en particular, de Castilla y León en la producción de biometano exige un esfuerzo colectivo. Será imprescindible la implicación coordinada de promotores, administraciones, medios de comunicación y ciudadanía. Es crucial que las comunidades comprendan las oportunidades que estas tecnologías ofrecen en términos de sostenibilidad, competitividad energética y gestión eficiente de los residuos. Solo desde la información transparente y el compromiso con los más altos estándares de calidad será posible transformar el escepticismo inicial en un apoyo social sólido y duradero.

Hacer visibles los beneficios que estas instalaciones aportan al entorno en el que se implantan y diseñar proyectos alineados con las necesidades y expectativas locales constituye un compromiso irrenunciable. Es nuestro compromiso y la única vía para que el biometano se gane la aceptación social, un activo estratégico imprescindible para el arraigo y la viabilidad a largo plazo de los proyectos.