Conocíamos esta semana la encuesta de condiciones de vida del INE y me quedaba francamente impresionada al ver que en 2023 el porcentaje de personas que no habían podido calentar sus hogares había ascendido al 21%. Si escuchas este dato y lo cuantificas supone que son más de ocho millones de personas las que pasan frio en sus casas, pero que asciende al 23% cuando se trata de los jóvenes. Resulta que este dato es el doble del que teníamos durante la reciente crisis financiera de 2008.
La cuestión es que venimos hablando del crecimiento de la inflación de manera permanente durante los últimos tiempos y del incremento de los precios de todo lo que es básico en nuestra vida diaria. Los alimentos frescos se han convertido en un lujo y hay un importante número de personas que no pueden comer carne o pescado cada dos días. También su incidencia ha crecido el triple con respecto a la crisis financiera.
Los alimentos básicos
El precio de la cesta de la compra ha subido tanto, que resulta que ya hay más población que no puede permitirse comer carne o pescado habitualmente que tener un ordenador.
España se ha convertido en uno de los países con mayor desigualdad de la UE.
La inflación ha crecido un 9% y ha conseguido elevar así la pobreza severa. Muchas familias tienen que suprimir muchos de los alimentos que antes consumían y que se han convertido en artículos de lujo. Me viene a la cabeza un producto clásico de la cesta española que es el aceite de oliva y que su precio se ha triplicado en los últimos meses. España que es un país productor de aceite de oliva y resulta que tiene un precio más alto que en el resto de países de la Unión Europea. Estamos pagando de media 10 euros por litro. Las predicciones son incluso que podrá seguir subiendo durante este año. Muchos españoles han decidido ya prescindir del aceite de oliva y pasar al de girasol o al de orujo.
Mientras que todo esto sucede los agricultores han seguido protestando en las calles por las malas condiciones en las que realizan su trabajo y los bajos precios que reciben por sus producciones.
Es difícil entender que es lo que sucede cuando en los dos extremos de la cadena, uno no percibe lo que debería por sus producciones y el consumidor paga demasiado, tanto que hay productos que ni siquiera se puede permitir.
Entremedias están las industrias de transformación, las cadenas de distribución. Parece que todos tienen que ganar y el resultado es que quienes más sufren son los que se sitúan en los dos extremos de la cadena de valor. Los salarios en España no permiten a la mayoría de los que se sitúan en las clases medias/bajas soportar todos los gastos que tienen de manera ordinaria y por supuesto no pueden soportar los que aparecen de manera extraordinaria. Se afronta el ahorro pasando frio y dejando de consumir alimentos frescos.
Mejores políticas
España lleva desde la crisis financiera adoptando medidas sociales para intentar paliar y mejorar la situación de las familias con más dificultades y si de alguna manera lo consiguió, cuando llegó la pandemia los datos volvieron a empeorar y la situación reflejada en esta nueva fotografía realizada por el INE, nos arroja un resultado demoledor. Nada de lo que se ha hecho, con la incorporación del Ingreso Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, ha venido a resolver la situación.
Los problemas son más graves y profundos y requerirían la adopción de medidas más globales y de carácter estructural.
La precariedad laboral, que se ha intentado enmascarar con la reforma laboral y la pantomima de los contratos indefinidos camuflados con contratos fijos discontinuos para que las estadísticas arrojen más datos a favor de los primeros, no resuelven en absoluto ni esconden los malos datos de la contratación de jóvenes en nuestro país.
Pagan más los que menos tienen
La mala redistribución de la riqueza que se realiza en nuestro país, la falta de progresividad del sistema impositivo, pagando más impuestos los que menos tienen, la falta de oportunidades para los que están situados en los escalones más bajos de la sociedad, y todo ello acompañado del superávit de Administraciones públicas que tiene nuestro país: el Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales, ayuntamientos, que duplican competencias con personal que hace las mismas funciones en varias de ellas, manteniendo así un cuantioso gasto injustificado que nos han conducido a tener un aparato publico sobredimensionado que despilfarra cuantiosas sumas de recursos públicos. Si todo este dinero se destinara eficazmente a un mejor funcionamiento de las políticas públicas, o mejor aún, se mantuviera en el bolsillo de los que más lo necesitan, seguramente podrían calentar sus casas y comer carne y pescado fresco todas las semanas.
Y no digo nada ya sino se robara de las arcas públicas, inflando contratos y pagando lo que no cuesta lo que se compra desde las administraciones, como estamos viendo estos días con el caso de la adquisición de las mascarillas durante la pandemia. ¿Cuánto dinero se despilfarró y algunos se apropiaron de ello durante el Covid? Creo que no lo vamos a saber nunca.
