Parece que Santiago Abascal ha decidido que Castilla y León se convierta en laboratorio para ensayar la entrada de Vox en gobiernos de comunidades autónomas. Hasta ahora, Vox se había limitado a garantizar con sus votos la estabilidad de los gobiernos de Andalucía y Madrid, pero evitando las siempre problemáticas responsabilidades de gobierno.
Esta estrategia tenía sentido en Andalucía, porque la coalición PP y Ciudadanos se había quedado a solo dos escaños de la mayoría absoluta, y también en Madrid, con el PP de Isabel Díaz Ayuso a tan solo cuatro escaños. En ambas comunidades autónomas bastaba con que los diputados de Vox votaran a favor o se abstuvieran.
Sin embargo, la victoria pírrica de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, que, con 31 procuradores, ha quedado a demasiada distancia de la mayoría absoluta (41 escaños), obliga a Vox a forzar al PP a un gobierno de coalición.
Ha llegado la hora
Abascal es consciente de que ahora Vox no puede mirar para otro lado. Ha llegado la hora de que su formación se retrate en el gobierno. Sabe que sus votantes no entenderían otra cosa. De no hacerlo, corre el riesgo de que el electorado de Vox concluya que, a la postre, sus votos no sirven para nada, tan solo para que Abascal y su séquito disfruten de cómodas y bien remuneradas poltronas. Es decir, a Abascal se le plantearía de inmediato un grave problema de credibilidad política ante los suyos.
He aquí la disyuntiva canalla a la que se enfrenta Alfonso Fernández Mañueco: un gobierno en solitario del PP, que sería extremadamente débil porque dependería de los votos de parte del grupo mixto y de alguno del PSOE (que además ni si quiera tiene garantizados) o el gobierno de coalición con Vox, que sería muy dañino para la imagen nacional del PP y, previsiblemente, estaría sujeto a grandes tensiones internas por confluencia de intereses entre ambos partidos.
Así pues, antes del 10 de marzo, fecha en la que se constituirán las nuevas Cortes de Castilla y León, Mañueco tiene que elegir entre silla eléctrica o cámara de gas, entre guillotina o inyección letal.
Para Santiago Abascal el gobierno de coalición supone también caminar sobre el filo de un cuchillo. Gobernar es actuar. Pero si las decisiones que se toman son equivocadas, Vox, o sea, Abascal, pagará luego el correspondiente peaje en las urnas.
Vox busca gestores
De los 13 procuradores que Vox ha conseguido colocar en las Cortes, muy pocos cuentan con experiencia de gobierno. El número uno de la lista, Juan García-Gallardo, tampoco. No es necesario que un consejero de la Junta deba ser procurador. Al parecer, la formación verde busca desesperadamente empresarios o expertos en gestión para hacerse cargo y tomar las riendas de las consejerías y direcciones generales que puedan corresponderle en el futuro gobierno de coalición.
Vox tiene las ideas claras. Sabe que es hora de pasar de las musas al teatro, de la cómoda oposición a la implacable realidad del gobierno. Sin Vox, Alfonso Fernández Mañueco está maniatado.
Las negociaciones han comenzado, pero las posturas de ambos partidos están todavía demasiado alejadas. Vox pide lo mismo que antes se le dio a Ciudadanos con un número de escaños prácticamente igual, algo que no entra, a priori, en las previsiones de Mañueco. En el pacto con Ciudadanos, además de las instituciones autonómicas, estaban sobre el tapete de la negociación ayuntamientos y diputaciones. No es el caso ahora, solo se negocia el escenario autonómico. De ahí que Mañueco considere que las exigencias de Vox resultan excesivas.
Por caprichos del destino, y para desgracia de Fernández Mañueco, Castilla y León se ha convertido en el particular Rubicón de Santiago Abascal. No hay vuelta atrás. Y, como Julio César, Abascal está dispuesto a cruzarlo victorioso sobre su caballo blanco.
