Parecía que el terremoto desatado en Génova y en el PP a cuenta del visceral ataque dirigido contra una compañera de partido como es Isabel Díaz Ayuso, además de presidenta de la Comunidad de Madrid, había determinado que todo el foco mediático se situara desde el punto de vista político en esta cuestión. Durante unos días Castilla y León ha dejado de ser actualidad nacional.

Esto sucede habitualmente, vivimos tan rápido que acontecimientos que en un momento dado parecen trascendentales son tapados por otros que de un momento para otro interesan más a la opinión pública. Es como la vida misma, de un momento para otro te puede cambiar completamente.

Hemos visto durante esta semana cómo Mañueco no estuvo ni quince minutos con Tudanca. Se levantó de la mesa y abandonó la reunión.

Creo que cualquier posible acuerdo exige más de quince minutos de intercambio de posiciones, de opiniones y de valoraciones.

En la reunión con Vox parece que sí dio tiempo para intercambiar pareceres, ya que duró una hora y media, aunque las versiones dadas por cada uno de los dos interlocutores principales presentes en ella difieren sustancialmente. Vox asegura que se aceptaron sus peticiones de anulación de las leyes de violencia de género y memoria histórica. Por cierto, que comparten contenido con las mismas leyes en la comunidad vecina de Galicia del presidente Feijóo.

Por su parte, Mañueco asegura que nada de esto se trató durante la reunión. Quizás estuvieron en reuniones diferentes.

Apuntaba yo el pasado domingo que con la constitución de las Cortes el próximo 10 de marzo se van a vislumbrar los acuerdos que se han adoptado, y que serán extrapolables a la sesión en la que se invista al presidente de la Junta de Castilla y León, así como a la composición del futuro gobierno.

Es posible que como si todo apunta, con este cambio sobrevenido en la dirección nacional del PP, aunque Casado se mantenga hasta la celebración del congreso extraordinario que se acordará celebrar en la Junta Directiva del próximo martes, será Feijóo quien de forma inmediata comience a ejercer como presidente del PP.

Precisamente Feijóo ha sido el líder autonómico que desde su posición de liderazgo en este partido ha reiterado en numerosas ocasiones que con Vox no quiere pactar en ningún caso y bajo ninguna condición. Es muy posible que el primer lugar en el que quiera demostrar que su teoría es para llevarla a la práctica sea en Castilla y León.

Por lo tanto, no estaría de más que Mañueco se sentara a negociar con los partidos que han obtenido representación en la Cámara, con todos, tanto PSOE como el resto de partidos locales que han obtenido representación, que en total suman 34 procuradores.

En este momento en el que se está planteando la constitución de un grupo parlamentario con los 3 de UPL y los 3 de Soria ¡Ya! y un Grupo Mixto con cada uno de los procuradores de Podemos, Por Ávila y Cs, no está nada claro que el reglamento de la cámara lo permita, ya que se refiere a la constitución de grupo cuando pertenecen a un mismo partido o coalición electoral. Estaría bien revisar esta norma y adaptarla a situaciones como esta, ya que la constitución de dos grupos en este caso además conllevaría asignación económica para cada uno de ellos, así como los correspondientes asesores que se tienen que reconocer por tener grupo propio, y las atribuciones económicas por cada procurador que lo integra.

En realidad supone un encarecimiento del coste para los presupuestos de la Cámara.

Sería un momento muy oportuno para plantearse establecer una retribución fija mensual a los 81 procuradores y exigir que tuvieran una dedicación exclusiva, también con la correspondiente revisión y reforma del Reglamento. Esto permitiría convertir a las Cortes de Castilla y León en un parlamento como son ya los de la práctica totalidad de las autonomías de nuestro país, en todos ellos los diputados se dedican en exclusiva a su actividad de representación de los ciudadanos y a defender sus intereses en el día a día del trabajo que realizan en cada una de las asambleas legislativas.

La cuestión fundamental es si esta dedicación exclusiva nos costaría más a los castellanos y leoneses, mi conclusión es que no nos costaría más.

Estoy convencida de que sería más económica, se dejarían de pagar asignaciones por grupo parlamentario que ascienden anualmente a casi 4 millones de euros, indemnizaciones por asistencia a comisiones que son arbitrariamente decididas, dietas, kilometraje y otros emolumentos... que acaban sumando más que esa asignación fija a cada procurador que garantizaría un trabajo serio y exclusivo para los castellanos y leoneses que eligen a sus representantes.