La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
Está en vigor: la nueva normativa de ascensores obliga a los vecinos a afrontar reformas de hasta 40.000 euros
El objetivo es mejorar la seguridad de estos elementos de accesibilidad, lo que puede propiciar importantes derramas en las comunidades vecinales.
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Hace poco más de dos años, la nueva normativa que regula la seguridad de los ascensores introdujo una serie de medidas de cara a modernizar el parque de ascensores para reducir accidentes, lo que, eso sí, puede provocar un importante impacto económico en las comunidades de vecinos.
Fue a través del Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, en el que se dio luz verde a la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 'Ascensores'. Desde entonces, se han venido sucediendo diversas actualizaciones en esta normativa.
La instrucción puede propiciar que miles de comunidades de propietarios deban acometer reformas de seguridad que, en el caso de los edificios más antiguos pueden alcanzar los 40.000 euros.
La edad media del parque de viviendas de Castilla y León se sitúa entre los 39 y 41 años, siendo cifras muy parecidas a nivel nacional y ligeramente superiores en algunas zonas. En cualquier caso, indica que se trata de un parque inmobiliario envejecido.
Qué dice la ley
La ley marca la necesidad de actualizar los ascensores que no cumplan con una serie de requisitos técnicos. Las reformas más habituales son la nivelación de la cabina, protección contra el cierre de puertas, sustitución de guías, comunicación bidireccional y control de carga.
Es decir, las cabinas tienen que estar niveladas a ras de suelo, deben contar con barreras fotoeléctricas en vez de una única fotocélula para evitar golpes y un sistema de comunicación en la cabina que permita al usuario comunicarse con emergencias si se queda atrapado.
A mayores de todo esto, también tienen que disponer de dispositivos que eviten que el elevador se mueva en caso de superar el máximo de peso que se permite y deben haberse reemplazado las guías de madera o cilíndricas por unas de acero modernas.
El precio de las actuaciones siempre dependerá del estado y antigüedad del ascensor. Las obras menos intrusivas como la comunicación bidireccional o los sensores de puertas pueden tener unos precios que van entre los 800 y los 1.000 euros.
Para los casos más complejos como cambiar las guías o el sistema de tracción, el coste puede aumentarse hasta los 16.000 euros e incluso 40.000 si es que las necesidades son completas.
Los gastos, además, deben ser afrontados por todos los propietarios de la comunidad de vecinos, pues se consideran que son obras necesarias para la habitabilidad y seguridad del edificio, tal y como estipula la Ley de Propiedad Horizontal.
En función de la cuota de participación, los propietarios deberán aportar dinero a la derrama salvo que los estatutos de la comunidad digan expresamente lo contrario.
Los cambios, eso sí, no deben afrontarse de inmediato, sino que serán exigidos una vez se lleve a cabo la primera inspección periódica obligatoria.
Si esta resultase desfavorable, la comunidad dispondrá de plazos que van de los tres a los 10 años, en función de la gravedad y el tipo de actuación para aplicar las mejoras.
En este contexto, son los edificios con más de 20 o 30 años los que es posible que tengan que hacer frente a esta nueva normativa para mejorar la seguridad.
