Tras varios meses de tendencia alcista de los precios de la electricidad, recientemente el Gobierno central ha presentado varias propuestas para bajar el precio que pagan los consumidores por la luz. Septiembre va a terminar batiendo récords, con los precios más altos de toda la serie histórica. Si bien las organizaciones de consumidores no se muestran para nada conformes con esta rebaja porque creen que no va a afectar al consumidor, los empresarios del sector afirman que poco pueden hacer ellos para abaratar los precios cuando el origen del precio de la electricidad viene marcado por los mercados internacionales. Por su parte, Castilla y León trata de promover el autoconsumo y las energías renovables.

Las medidas propuestas por el Gobierno pasan por reducir el IVA del 21% al 10% para los consumidores con potencia contratada hasta 10 kW, y por otro lado, la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, que grava con un 7% los ingresos por la venta de electricidad en el mercado y repercute directamente en la factura de los hogares. ¿Pero esto es suficiente? Según las declaraciones de Rubén Sánchez, representante de la organización de consumidores Facua, a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León, éstas son medidas “importantes pero absolutamente insuficientes para que tengamos facturas razonables”. Si bien él cree que "sí provocarán impacto en la factura, pero a la vez que el Gobierno está aplicando medidas para recortar, el sector está aplicando medidas para inflar aún más”.

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez

Por su parte, Enrique del Castillo, presidente de ARPYDECAL, la asociación castellanoleonesa de distribuidores, reconoce que el importe que a ellos les llega “viene marcado por ley, se revisa cada año y se publica en el BOE”. Ellos tienen la función de “construir, mantener y operar las instalaciones destinadas a situar la energía en los puntos de consumo, pero en ningún caso se encargan del suministro”. Para eso están los comercializadores. Ellos son las que nos envían la energía y la factura a casa.

Los comercializadores acceden a las redes de distribución y adquieren energía, generalmente mediante subasta, para su venta a los consumidores. Su actividad se enmarca en un mercado de libre competencia. Pero el problema viene de que los precios de la energía eléctrica vienen marcados por los precios del gas en los mercados internacionales, que están disparados. En este sentido Javier de la Puente, director de la compañía comercializadora NOBE, apunta que los márgenes de las pequeñas comercializadoras “son mínimos y que lo que influye es el volumen de negocio”.

Buscando alternativas

Castilla y León produce en torno a un 18% del total de la energía que se genera en todo el país. Con una notable diversificación energética y una clara apuesta regional por el desarrollo de las energías renovables, ocupa los primeros puestos en el ámbito nacional en implantación y generación de energías eólica, hidráulica y solar gracias a los recursos que la región posee.

El sector energético tiene un gran peso en la comunidad autónoma, y especialmente en su economía, donde supone el 15% del VAB regional industrial.

También es importante en el empleo, con más de 6.000 trabajadores en el sector de la producción eléctrica a partir de las energías renovables, el 1,97% de los ocupados de la industria. Esta comunidad cuenta con 1.136 empresas pertenecientes al sector de la energía, lo que representa un 8,13% de las empresas del sector en España.

Por tanto, Castilla y León cuenta con recursos naturales suficientes para ser primera potencia nacional en cuanto a renovables. En el mercado de la biomasa ya somos líderes, como señaló la Junta de Castilla y León en la inauguración la semana pasada de la feria Expobiomasa, con 250 millones de toneladas de biomasa anuales, de las cuales 6,5 millones se regeneran cada año. A esto hay que sumarle las cerca de 4.500 unidades aerogeneradoras que ya hay instaladas en la Comunidad y los 30 grandes parques fotovoltaicos, que aprovechan la media de 3.000 horas de sol al año disponibles en Castilla y León, equivalentes a más de 5 kWh/m2 día.

No en vano, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, recalcó que “hemos de aprovecharnos de un recurso autóctono que no se deslocaliza y ayuda por lo tanto a la fijación de población en entornos rurales”

El problema de las renovables, según Javier de la Puente, es que fotovoltaica y eólica no son bajo demanda, es decir, producen cuando las condiciones son propicias, y no se puede almacenar. La única forma práctica de almacenar electricidad hoy en día es el bombeo (es una tecnología que se basa en almacenar energía mediante el bombeo de agua desde un embalse inferior o río hasta un embalse superior convertir energía eléctrica en energía potencial). Si bien es una tecnología que lleva desarrollada casi un siglo, su elevado coste no permite que se utilice a menudo.

¿Es viable el autoconsumo?

Actualmente existe la posibilidad de que un consumidor se autoabastezca con la electricidad producida por una instalación de generación eléctrica, de tal forma que reduzca notablemente o incluso elimine la factura de las compañías eléctricas.

En esta dirección, el Ejecutivo castellano y leonés apuesta por favorecer el autoconsumo. Para ello se creó la Mesa de Autoconsumo en Castilla y León, una iniciativa de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León para impulsar la energía distribuida, renovable y accesible que promueva el ahorro energético y económico de hogares e industrias a través del debate, opinión y análisis. La idea es, además, ejercer de palanca tractora en la creación de empleo cualificado, consolidar la población en el entorno rural y generar actividad económica en ese medio, así como facilitar el desarrollo de energías que reduzcan las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Esta mesa está participada por representantes de la Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; la Dirección General de Industria de la Consejería de Empleo e Industria; y la Federación Regional de Municipios y Provincias, y cuenta además con representación del sector profesional, con distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica, y con diferentes asociaciones empresariales.

Ayudas con fondos FEDER

A nivel estatal el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico también tiene algo que aportar. La semana pasada visitaba Castilla y León uno de sus representantes, Víctor Marcos, director del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía. El IDAE tiene en marcha ayudas a entidades locales para proyectos de inversión en economía baja en carbono financiadas con fondos europeos de desarrollo regional (FEDER).

Hasta la fecha, los expedientes resueltos favorablemente para Castilla y León en la convocatoria han sido 11 (biomasa, fotovoltaica y bombas de calor) con una inversión de 2,6 millones de euros y una ayuda otorgada de 1,3 millones.

Tal y como afirman desde el IDAE, "la convocatoria ha tenido bastante éxito y se quedaron expedientes en lista de espera, aunque las solicitudes que más se han registrado no eran para el objetivo de renovables sino para ahorro y eficiencia, fundamentalmente para renovación de alumbrado público. A pesar de ser una convocatoria con un presupuesto muy alto, hemos visto que en renovables hay pocos expedientes".