El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Educación la contratación de los suministros de energía eléctrica, por un lado, y de gas natural, por otro, para los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad por un importe total de 18.381.290 euros. El contexto actual, con el creciente y continuo encarecimiento de los precios del gas natural, ha obligado a la Junta a incrementar la licitación de estos contratos en 10.583.758 euros respecto a 2022. Ambos serán adjudicados con un plazo de ejecución de un año a partir del 1 de enero de 2023. La Administración autonómica prevé sus adjudicaciones en octubre.

La Consejería de Educación ha iniciado la tramitación de dos expedientes de contratación. Por un lado, del suministro de energía eléctrica para los centros docentes públicos no universitarios de Castilla y León por un importe de 9.169.262 euros con el objetivo de garantizar su funcionamiento. La previsión de consumo de electricidad por los centros docentes públicos, de acuerdo con los datos que facilita el Ente Regional de la Energía (EREN), aumentará en dicho ejercicio.

En este contexto, el presupuesto de licitación supone un incremento de 4.026.148 euros respecto del contrato de 2022, debido al creciente y continuo encarecimiento de los precios de la energía eléctrica que se está produciendo en los mercados. Se solicitará oferta a las empresas adjudicatarias del Acuerdo marco para la homologación del suministro de energía eléctrica.

Por otro lado, también se ha iniciado la tramitación del expediente de contratación del suministro de gas natural para los centros docentes públicos no universitarios de Castilla y León por un importe de 9.212.028 euros. El presupuesto de licitación de este suministro también supone un incremento respecto del contrato licitado para 2022, en este caso de 6.557.610 euros.

Se solicitará oferta a las empresas adjudicatarias del Acuerdo marco para la homologación del suministro de gas natural destinado a los puntos de suministro de instalaciones utilizadas por la Administración de Castilla y León y entidades adheridas.

El plazo de ejecución de ambos contratos será de un año y comprenderá desde el 1 de enero de 2023, o desde el día siguiente de la formalización del contrato, hasta el 31 de diciembre de ese año. Su adjudicación se prevé para octubre de este año y no serán prorrogables.