La Operación Deluxe ha dado un vuelco. Y es que el caso en el que se vieron afectadas hasta 138 personas famosas por una trama de espionaje ha reducido de forma importante, hasta quedar solo 17 afectados, según avanza The Objetive. De todos los casos, solo 43 fueron postulados como “imputables”, pero finalmente la policía solo ha logrado acreditar indicios en esos 17 casos. Se trata de personas famosas cuyos antecedentes y expedientes policiales fueron “comentados o divulgados”. En esa lista figuran todavía Aramís Fuster, Ángel Garó, Omar Montes, Asraf Beno, Carmen Gahona y el difunto Antonio Cortés, Chiquitete.

Además, hay hasta 21 casos en los que no se ha podido confirmar que se solicitase por parte de la dirección del programa al entonces colaborador Gustavo García y al policía Ángel Fernández Hita, quienes están en el centro de la causa. Del mismo modo, tampoco se ha encontrado pruebas de que sus datos se difundiese en Sálvame.

Del resto de personas que se vieron afectadas, la Fiscalía detalla que “lo más que se ha acreditado en los informes policiales del sumario son conversaciones de WhatsApp” entre Gustavo y Fernández Hita, pero no hay alusión a la productora La Fábrica de la Tele ni a la dirección del ya desaparecido programa Sálvame.

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Por otro lado, hay que destacar que un número de personajes famosos se presentaron como acusación particular dentro de la Operación Deluxe. A esos más de 40 rostros conocidos, la Fiscalía pide que “en caso de que opten por el ejercicio de acciones penales” contra los investigados, “procedan a concretar datos e información relacionada con los ilícitos accesos” a los datos policiales y a su divulgación en el programa que ocupaba las tardes de Telecinco hasta el pasado mes de junio.

No se ha tomado, de momento, decisión sobre desimputar a los directores de Sálvame del caso. Y es que los abogados de Óscar Cornejo y Adrián Madrid (de La Fábrica de la Tele) y de David Valldeperas y Alberto Díaz (directores del programa diario) pidieron el sobreseimiento de la investigación. A partir de ahora, faltarían tres meses para responder las solicitudes de archivos y dictaminar quién llegará a juicio.