¿Podría haberse hecho todo mejor en la gestión de la pandemia del coronavirus Covid-19? Es evidente que la respuesta, en todo el mundo, es sí.
Pero más allá de la obviedad, tras esas gestiones de los diferentes gobiernos y entes internacionales, la crisis generada se mide en muertes y contagiados, con unas impresionantes cifras que ocultan, tras de si, las caras concretas de sus víctimas directas, con un dolor elevado exponencialmente a través de sus familiares, amigos y entornos cercanos.
¿Cuántas víctimas eran inevitables en el desarrollo de la pandemia y cuántas podrían haber sido evitadas con una óptima gestión de los responsables públicos en cada caso? La respuesta es casi imposible, pero es legítimo comprender que al aturdido ciudadano medio le asisten razones para poder considerar que sus derechos hayan podido verse afectados por una gestión inadecuada y se observa en el horizonte todo un aluvión de reclamaciones judiciales sobre la responsabilidad de las decisiones tomadas, por acción u omisión.
En España se agolpan ante el Tribunal Supremo más de cuarenta denuncias contra responsables políticos y ese fenómeno se replica a lo largo de otros países, habiendo sido Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, quien ha inaugurado el turno de los gobernantes en acudir a instancias judiciales para argumentar su gestión sobre la crisis del Covid-19. Ha sido el primero pero, con seguridad, que no será el último.
Pedro Sánchez, ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional a través de la ‘Asociación Española de Víctimas y Afectados por el Covid-19’ por el genocidio de 50.000 personas, lo cual aún pareciendo con pocas posibilidades de prosperar, sí escenifica un fenómeno ya de carácter global con réplicas en lugares tan diversos como Estados Unidos, Austria o Francia, además de las mencionadas España e Italia.
En la localidad austriaca de Ischgl, cuya actividad principal está relacionada con el turismo inducido por la práctica del deporte del esquí en esa zona de Los Alpes, casi cinco mil personas se han unido a una demanda conjunta contra las autoridades locales, al entender que, aunque desde primeros del mes de marzo había evidencias de contagios en la zona, no se actuó hasta el día diez, lo que multiplicó el número de afectados.
En los Estados Unidos con una larga tradición, en su historía, de reclamaciones judiciales en cualquier tema, el coronavirus ya es protagonista de un amplio abanico de denuncias presentadas, que incluyen desde particulares que litigan frente a China, como país, e, incluso, contra el Partido Comunista Chino, como responsables de la creación del Covid-19 y, especialmente, de su contagio, exportación y expansión por todo al mundo; hasta empleados pleiteando con sus propias empresas por no haberles dotado de los necesarios, adecuados y suficientes medios para cumplir con su trabajo de forma segura. Litigios tanto en lo macro, como en lo micro.
¿Se debería haber actuado antes?, ¿estaban adecuadamente dotados los centros sanitarios para hacer frente a la pandemia?, ¿se segmentaron a los posibles infectados en base a su edad y estado físico previo, concentrando recursos en quienes más garantías de superar el contagio tenían? Las preguntas se agolpan y los profesionales del derecho se enfrentan a un escenario en el que hay un gran terreno para dirimir responsabilidades y posibles indemnizaciones.
Nunca antes en la historia del mundo, las administraciones públicas han tenido mayor número de integrantes y lo que se denominan, más bien autodenominan, como “servidores públicos”, se multiplican tanto en las gobiernos nacionales, como en las estructuras territoriales inferiores (landers, autonomías, cantones, etc) y también en las supranacionales (Unión Europea, OMS, etc).
El incremento de la descentralización autonómica en España y la aparición de diecisiete presidentes regionales, no supuso la amortización de instancias como los presidentes de diputaciones provinciales, subdelegados del gobierno (antiguos gobernadores civiles) o delegados del Gobierno, y al mismo tiempo se dispararon nuevas estructuras supranacionales, como la Unión Europea, y a pesar de ese aumento, más que exponencial, en el número de “servidores públicos” el ciudadano medio no obtiene la percepción de un mejor servicio agregado, o mejorado, como resultado de ello, hasta el extremo que la responsable de Salud de la UE, la chipriota Stella Kyiriakides, reflexione en voz alta, en relación a la crisis del coronavirus Covid-19, afirmando que “hemos tenido a muchos ciudadanos, también de España, diciendo, ¿dónde está la UE?, ¿dónde está la Comisión Europea?”.
Ese ingente cuerpo de políticos y “servidores públicos” no han sido capaces de aportar las soluciones, en tiempo y forma (es evidente), pero quizás su alto número de integrantes sí componga un adecuado colectivo para que los ciudadanos busquen entre ellos a los culpables de todo su dolor y desasosiego. Los tribunales deberán juzgar.