España ha construido en las últimas décadas un mercado energético nacional con una alta dependencia financiera al dejar un sector tan estratégico sujeto a las influencias, injerencias e intereses de otras potencias y poderes corporativos extranjeros.
La liberalización y privatización del sector eléctrico, con la retrospectiva de más de dos décadas, ha sido un grave error político y es uno de los puntos centrales del problema que representa la pobreza energética, al haber contribuido al encarecimiento del precio de la energía mediante una regulación muy favorable para la extracción de riqueza por parte de un oligopolio de empresas, en cuyos consejos de administración han tenido, y siguen teniendo cabida numerosos políticos, algunos de los cuales han ostentado cargos públicos muy relevantes.
Las denominadas “puertas giratorias” entre política y empresas eléctricas demuestran que la gestión pública de la energía ha estado no infrecuentemente alejada de los fines e intereses generales que se la presumen.
En un estudio de 2007 titulado La competencia en los mercados energéticos, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de la Competencia de Naciones Unidas ya afirmaba que la liberalización del sector eléctrico puede redundar en un aumento de los precios y, asimismo, que la privatización no suele contribuir a alcanzar los objetivos de electrificación rural.
Además, el aumento de la eficiencia de las antiguas empresas estatales de servicios públicos puede entrañar la pérdida de muchos puestos de trabajo. Concluye el estudio que “la experiencia acumulada en materia de liberalización de los mercados energéticos demuestra que no existe un único modelo de mercado adecuado para introducir una competencia efectiva en esos mercados”.
En España la entidad titular de las infraestructuras de transmisión (alta tensión) y de administrar el sistema, en el sentido de coordinar la producción al instante de todas las centrales e instalaciones generadoras, es la empresa Red Eléctrica Española SA, que originariamente era una empresa pública y posteriormente se privatizó, aunque el Estado sigue teniendo una parte de las acciones (20% es de la SEPI).
La entidad que administra o gestiona el mercado eléctrico es la Operadora del Mercado de Electricidad Español SA (OMEL) que organiza jurídica y físicamente el que los agentes contratadores (generadoras y comercializadoras) lleven a cabo sus compraventas, actuando como cámara de compensación entre ellos. Se creó también como empresa pública, como parte del desarrollo de la ley que ordenó el sector y estableció el primer marco regulador (Ley 54/1997). Posteriormente también se privatizó.
En efecto, la privatización del sector eléctrico español a finales de los años 90 disparó el precio de la electricidad, creando un mercado que pronto se orientó hacia unos intereses alejados y no alineados con el bien común de la sociedad española. La mera proposición de una '(re)nacionalización' total o incluso parcial del sector eléctrico español parece hoy en día un tema tabú dentro del debate sobre las políticas públicas en materia energética. Lo mismo puede decirse del impulso a las cooperativas de energía y de la regulación del fenómeno de la micro-cogeneración y del autoconsumo con energías libres y renovables, que supondría una verdadera apertura del mercado y que permitiría múltiples posibilidades para la autogestión y soberanía nacional y social de la energía, además de la constitución de una empresa pública de electricidad que ofreciera servicios de suministro básico asequible, contribuyendo así a desconcentrar el mercado y estimular la competitividad.
Otra propuesta podría ser la de recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones para la explotación privada vayan caducando. Esta medida permitiría complementar la producción eléctrica cuando otras tecnologías renovables tengan valles de producción, sin que interfieran intereses económicos privados, así como compensar a los territorios que soportan las centrales y sufren las consecuencias de la desigualdad territorial.
Hay que recordar que el Artículo 128 de nuestra Constitución reza así: “1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”. Es hora de que se cumpla la Constitución en materia energética.