En la batalla política nunca se puede justificar los hechos pocos ejemplarizantes de unos, con frecuencia los propios, mientras se pone el foco permanente en los otros.
Así, por ejemplo, más allá de la simpatía que se pudiera sentir por el personaje de Clinton, hablo de Bill, lo que es evidente es que aquellas manchas en la ropa de su becaria, Lewinsky, no fueron nada modélicas, sino todo lo contrario. E igual se puede decir, en clave doméstica, con los casos de Filesa, Time Sport y Malesa, que en sentencia judicial dictada el 28 de octubre de 1997, se consideró como probada la financiación ilegal del PSOE en relación a la campaña electoral de 1989, con Felipe González como presidente del Gobierno de España.
Cuando se trata de delitos y de infringir la Ley, no tiene sentido argumentar si fue más lo que pudieron hacer aquellos otros o lo que hicieron éstos. Los actos inadecuados se sustentan en acusaciones, que si quedan probadas se sustancian en condenas y resoluciones judiciales, más allá de cómo se apelliden los que hasta el banquillo de los imputados han llegado.
Mariano Rajoy es ya historia en la política española porque, como máximo representante de un partido político en el desempeño del Gobierno, convivió con una trama denominada Gürtel alrededor de la cual han quedado juzgados comportamientos sentenciados que consideraron probada la financiación en una Caja B en el PP, calificando a esta formación política como beneficiario directo de un sistema de corrupción institucional. Ésto no es opinión sino lectura directa de una sentencia judicial.
Pero de igual forma es clamoroso que dos presidentes de la Junta de Andalucía por el PSOE, Chaves y Griñán, que además formaron parte de Gobiernos presididos tanto por González, como por Rodríguez Zapatero, hayan sido condenados dentro del conocido, como, caso de los ERE’s, junto con Magdalena Álvarez, también ministra con ZP, y Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Cooperación Territorial en el mismo Gobierno, además de otros quince altos cargos socialistas.
La “coletilla” mil veces repetida de que estos condenados no se llevaron “parné” a sus casas, sino que sus delitos solo tienen que ver con no haber controlado el destino de …¡855 millones de euros!, no se sostiene. ¿Para qué si no para velar por el dinero público se elige a uno determinados responsables políticos?
Si respetamos las decisiones judiciales, como tantas veces se nos llena la boca de afirmar, debemos colegir que tanto el Sr. Chaves, como el Sr. Griñán, y los colaboradores por ellos elegidos para tan altas responsabilidades, durante los largos mandatos en los que contaron con la confianza de la sociedad andaluza, no cumplieron con su deber y, habiendo sido ello probado en sentencia de un tribunal de justicia, deben cumplir con sus penas. Se deben evitar a los españoles comentarios como los del Sr. Bono, reafirmando, a pesar de todo lo conocido, que “son gente honrada” y “no es lo mismo cometer un error, por grave que sea, que meter la mano en el bolsillo”, pero lo cierto es que el dinero desapareció con “artes poco edificantes”, si lo que el ex-ministro de Defensa y ex-presidente del Congreso de los diputados quiere es conseguir para sus amigos un adjetivo distinto para sus conductas, aún siendo poco halagador, es un tema de matices, pero los hechos son los que son.
Lo cierto es que José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, exministro del Gobierno de España en dos ocasiones, al frente de Sanidad entre 1992 y 1993, y en Trabajo y Seguridad Social de 1993 a 1996, además de consejero autonómico andaluz, diputado, senador y presidente del PSOE entre 2012 y 2014, ha sido condenado a seis años de cárcel y quince de inhabilitación por prevaricación en concurso con malversación.
Y que Manuel Chaves, protagonista de “la foto de la tortilla” que editorializó el ascenso de una generación del PSOE bajo el liderazgo de Felipe Gonzalez y Alfonso Guerra, en cuyos Gobiernos fue ministro, vicepresidente con Rodriguez Zapatero, y presidente de la Junta de Andalucía durante casi veinte años, desde el 27 de julio de 1990 al 7 de abril de 2009, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.
Le evitaré, querido lector, el detalle de las condenas de las otras diecisiete personas imputadas con éstos presidente autonómicos de Andalucía por el PSOE, aunque entre ellos haya una ex-ministra y un ex-secretario de Estado, pero lo que es evidente es que sus comportamientos poco ejemplarizantes han quedado probados, siendo sentenciados por un tribunal de justicia de un país democrático que cumple con todas las premisas y homologaciones sobre su independencia.
Chaves y Griñán han contado con todas las garantías procesales y han resultado condenados, defraudando la confianza de los cientos de miles, sino de millones, de ciudadanos que les votaron en su momento. Sobre ello no hay opinión, sino hechos. Ellos delinquieron.