En nuestro sistema laboral estamos acostumbrados a la renovación de contratos temporales y a la actualización de los convenios entre los trabajadores y la empresa. Sin embargo parece no tenemos ningún interés o hemos perdido el mismo por el llamado contrato social.
Fue Jean-Jacques Rousseau quien publicó en 1762 "El contrato social: o los principios del derecho político". Es una obra, proyecto inacabado, sobre filosofía política, cuya principal tesis es que todos los hombres nacen libres e iguales y que deciden vivir bajo un Estado instituido por medio de un Contrato Social.
Está claro que desde el siglo XVIII ha llovido bastante y que ese Contrato Social ha ido modificándose y adecuándose en el tiempo y el espacio. Así llegamos al final de la segunda guerra mundial en donde hay un consenso entre el capital y las personas para establecer el mal llamado Estado de Bienestar. Está claro que ese acuerdo nunca llego a establecerse a nivel mundial. Sin embargo en el llamado mundo occidental, donde ese compromiso estaba enraizado, a partir de los años 70 y con la aparición de las grandes crisis mundiales, surge el rechazo al mismo en distintos grados y en diferentes frentes: desde las reglas del aumento salarial, hasta el alcance y profundidad de la cobertura social; desde la liberalización de los procedimientos de despido, hasta la proliferación de los empleos precarios. Acompañado del endeudamiento y del florecimiento de los paraísos fiscales.
Así hoy nos encontramos con que el peso de los salarios en el PIB está en su nivel más bajo en los últimos 30 años (DN 26/08/2018). Dando paso y peso a una economía especulativa que desea demoler ese contrato social. Es comprensible que la avaricia que afecta al llamado Capital, a nivel internacional, quiera toda la tarta, llegando a no dejar ni las migajas. Eso ha sido históricamente así, el que ostenta el poder no quiere compartirlo, ni repartirlo y anhela más.
Lo preocupante es que a nivel nacional, autonómico y local desde las instituciones y los poderes ejecutivos que las dirigen, independientemente del signo político, se realicen actuaciones en el sentido de minar y corromper el Contrato Social.
Uno empieza a estar cansado de ver como todos buscan subterfugios legalistas para incumplir o peor, pervertir el orden legal establecido y acordado por todos. Abuso de Reales Decretos, triquiñuelas para cambiar Leyes Generales, o como saltarse los mecanismos de aprobación de presupuestos o de control de déficit y gastos; con la consecuencia última de endeudar no a nuestros hijos sino a nuestros nietos, también.
Por no hablar de que la igualdad de oportunidades y de trato ha quedado pateada y a la altura del barro con los escándalos de la “formación académica” de nuestros políticos cualquiera sea el color del arco iris político.
El empecinamiento de separatistas y secesionistas esta llevando a la ruptura social y familiar, y desbrozando la senda de la ruina económica y el aislamiento territorial en un mundo cada vez más interconectado y global, pero todo sea por la causa: el “autogobierno” de la masía, caserío, cortijo, pazo, barraca, corrala…
Otro punto de ruptura del contrato es el de las libertades y la seguridad. El aceptar vivir en una sociedad moderna y democrática, supone llegar a un equilibrio entre libertad y seguridad. El ente administración (estatal, autonómica, municipal) por un lado se compromete a respetar nuestra libertad y a darnos protección. Pero hay recientes y continuados intentos de coartar la libertad de prensa, abogando por intervenir los medios, especialmente cuando ésta desvela los trapos sucios de los “gestores”, y de subvencionar y facilitar canales a los medios afines que actúan como turiferarios y palmeros.
En cuanto al tema de la protección las polémicas de las últimas actuaciones policiales (casos Cáseda y San Jorge) unido al desmantelamiento de la Agencia Navarra de Emergencias hacen dudar a los ciudadanos de nuestra seguridad. Las recientes sentencias judiciales en casos de violencia tampoco ayudan mucho. Por no hablar de como el ayuntamiento de Pamplona y el ejecutivo foral miran para otro lado cuando se producen asaltos a la propriedad privada (casos Compañía 3 y Palacio de Rozalejo). Ante el “teatro” de desalojo de la última “okupación” uno se pregunta a quién deberá acudir para defender su casa.
Estos incumplimientos continuos nos sugieren que el Contrato Social es papel mojado cuan tratado de paz entre los yanquis y las naciones indias. El retorno a una situación pre-Ilustración siglo XXI en donde la nueva aristocracia financiera campea a sus anchas con la aquiescencia del estamento político, independientemente de su signo, y que empuja al resto de los mortales a elegir entre volver a una postmoderna Convención (1792-95) o abrazar la ley del Oeste, no parece una opción ni razonable ni recomendable cuando se puede acordar y consensuar una actualización del Contrato Social versión 4.0.