España, país independiente, con una democracia moderna y miembro de los foros internacionales más reconocidos, no puede permitir acudir a Europa para ser examinada.
Lo ocurrido en los diversos casos relacionados con los fugados de la justicia española no se debe considerar como un fallo, o un fracaso o un suspenso de la legislación española, contemplada y sostenida por una Constitución aprobada por los españoles con una mayoría aplastante.
Lo ocurrido debe darnos tres lecciones. La primera, analizar y reconocer el lugar real que ocupamos en Europa y la consideración real que nos tienen en la Comunidad internacional
La segunda, constatar la poca picardía que tenemos en nuestra gobernanza. Examinar por qué se ha permitido llegar hasta aquí y por qué se sigue siendo blando con temas sustanciales que luego derivan hasta donde la astucia permite.
La tercera y más grave es la poca picardía que hemos tenido sabiendo, como sabía el gobierno y el entorno judicial, la manera de actuar que tienen la mayoría de los países de nuestro entorno europeo.
¿No hubiera sido mejor utilizar el cansancio de la fuga y esperar... esperar...?
No soy jurista, pero el sentido común habla en la calle.