Corría el año 1985 y el gobierno socialista presidido por Felipe González se abocaba, por primera vez, a una huelga general, finalmente celebrada el 20-J, auspiciada por los sindicatos, impulsada especialmente por el líder obrero Marcelino Camacho. La razón fue la aprobación de una Ley de Pensiones que modificaba el sistema hasta entonces imperante, ampliando el periodo de cálculo de los, hasta entonces, dos años, hasta ocho; además de exigir un periodo de cotización de diez años.
Poco antes de esa reforma, el mismo presidente de Gobierno socialista, instauró el “tope a las pensiones”, limitando la prestación máxima a los españoles, y con ello sus derechos, al margen de cuales hayan sido sus aportaciones, en forma de cotizaciones y años.
Sobre el modelo anterior, en 1990, se instituyeron las pensiones no contributivas para mayores de 65 años y personas que, aún no alcanzado dicha edad, fueran incapacitadas, reconociéndoles sus derechos en materia de pensiones, con independencia de su historial laboral. En 1997, a pesar de estar en pleno ciclo expansivo, se volvió a reformar el sistema, con nuevas exigencias en forma de elevar los años de cálculo hasta los quince; y en 2011 se elevó la edad de jubilación hasta los 67 años, desde los 65, aprobándose una nueva ampliación, de nuevo, del periodo de cálculo hasta 25 años, a través de un tiempo de transito que se culminará en 2022.
En poco más de treinta años el sistema de pensiones español ha pasado de calcular las prestaciones de quienes alcanzan la edad de jubilación en base a los dos últimos años cotizados en activo, a que el actual Gobierno presidido por Mariano Rajoy proponga ampliar el periodo de cálculo a toda la vida laboral del trabajador, lo cual, según los expertos, reducirán las prestaciones de quienes llevan cotizando más de cuarenta años, en una horquilla entre el 30% y el 40% sobre sus pensiones, con el agravante añadido de que el tope máximo diseñado por Felipe González, ha sido exprimido por el Gobierno de Rajoy, protagonizando, de forma exclusiva en su mandato, que la diferencia, a menos, entre la pensión máxima y la base máxima de cotización, haya pasado del 9% al 20%.
La combinación de las exigencias introducidas en el sistema y las que vendrán, unidas al pernicioso efecto del tope fijado sobre la pensión máxima que hace que, en este 2017, el cotizante vea perderse por el sumidero legislativo el 20% de sus derechos, hacen que quienes hoy se acercan, o superan los 60 años, tengan en el horizonte, y más cerca que lejos, el riesgo de pobreza a pesar de haber cotizado toda su vida laboral.
Empecé a trabajar en 1974, por lo que llevo cotizando, ininterrumpidamente a la Seguridad Social de España, casi 44 años; mi grano hizo granero para pagar las pensiones de quienes se jubilaron de acuerdo a las condiciones de la Ley de Seguridad Social de 1967, aprobada en el postfranquismo. Así como las amparadas por la reforma del año 1985 y las sucesivas de 1997 y 2011; y también contribuyó a la solidaridad con las pensiones no contributivas reconocidas en 1990; la pregunta que yo me hago ahora es si encontraré la misma solidaridad intergeneracional, llegado el momento de vulnerabilidad de mi jubilación, porque visto lo visto el único objetivo a la vista parece el diseño de cualquier artificio que sea capaz de rebajar, a mí y a toda mi generación, lo que creíamos derechos ciertos, sea a base reducciones por mil motivos, por el impacto de nuevos topes o, simplemente, porque no hay de donde sacar… ¡sin más!
En la diatriba entre si el modelo de pensiones debe ser de reparto o de capitalización, el imperante en España se desliza, de forma insistente e irrefrenable, hacia un modelo puramente asistencial, dónde todos cobren más o menos lo mismo, al margen de lo que, cada uno, haya cotizado.
En contraposición a lo anterior destacan otros países, como algunos nórdicos, donde cada ciudadano tiene información sobre su aportación al sistema de pensiones, a lo largo de toda su vida laboral, a través de cuentas nacionales individualizadas, lo cual les permite realizar cualesquiera simulaciones de cara al futuro, tomando decisiones en los momentos oportunos con certidumbre, algo impensable en España.
El gran drama de una persona como yo, igual que otras tantas cientos de miles, y tal, como escribí hace dos años, es que un sistema (de pensiones) obligatorio en las aportaciones, pero incierto en las prestaciones, cuyo marco legal es tantas veces modificado como necesidad de ello tiene quien ejerce el poder en cada momento, es lo más parecido al “timo de la estampita”, y no tenemos forma de no participar en él.
¡Atentos a las nuevas variaciones a implantar sobre el sistema de pensiones en España! Miedo da pensar en ellas.