Las horas finales del 3 de octubre serán recordadas como el momento en que todo se precipitó. A las 9 de la noche, el Rey, con semblante serio, tono grave y una gesticulación próxima al dramatismo, anunció que iba a parar el golpe. De no ser así, no se podría entender que Felipe VI protagonizase la primera intervención extraordinaria de un monarca desde el 23-F. La comparación con su padre, odiosa, habla a las claras de lo que puede ocurrir en los próximos días.
Se aplicará el artículo 155, porque ahora, además de todos los peligros que enfrentábamos, está en juego la autoridad del monarca. No lo olvidemos: el Gobierno se puede desgastar más o menos, pero la institución real se halla por encima de los vaivenes políticos y no tiene sentido que se ponga en peligro su permanencia, que es el elemento que la legitima, a causa de una exposición televisiva de tan solemne precedente.
Y se aplicará el artículo 155 porque, después de que su Majestad haya dejado claro que apoyará todas las acciones que el Ejecutivo lleve a cabo, Sánchez, que hasta la fecha había esperado acontecimientos, no tendrá más remedio que sumarse. Fuentes oficiosas recogidas por la televisión pública afirman que Rajoy almorzó ayer en Zarzuela, hecho que confirmaría el primer movimiento inteligente del Gobierno durante esta crisis.
Pero, sobre todo, se aplicará el artículo 155 porque habrá Declaración Unilateral de Independencia. A las diez y media de la noche, apenas noventa minutos después del discurso del monarca, la BBC lanzó la bomba en su cuenta oficial de Twitter: Puigdemont anunciaba que el Parlament proclamará la independencia de Cataluña a finales de esta semana o a principios de la próxima. Respiro en Moncloa y Zarzuela. Estupor en la zona alta de Barcelona. El independentismo acababa de cometer su gran error.
Esclavo de sus declaraciones a un medio de tamaña credibilidad, Puigdemont tiene por delante tres escenarios. Todos ellos acabarían con la moral del independentismo, pero solo uno con su presidente en la cárcel. El primero sería no cumplir su promesa, con la consiguiente frustración ciudadana y ridículo internacional; el segundo, que la DUI no saliese adelante como consecuencia de las brechas en el bloque independentista, ídem; el tercero, que hubiese DUI y nadie reconociese a Cataluña, ídem, ídem… cárcel.
Lose para la Generalitat y posible win, especialmente en el último caso, para el Gobierno, que obtendría, de esta forma, la legitimidad moral para convocar al Senado. Recordemos que hasta ahora no había entrado en escena ningún elemento nuevo que justificase aplicar el 155 cuando no se hizo antes del 1-O, así que ponerlo en marcha sin una DIU encima de la mesa hubiese supuesto reconocer el fracaso de Rajoy a la hora de parar el referéndum ilegal.
Ya sabemos qué ha pasado hasta ahora y qué puede pasar en los próximos días, pero, ¿qué debemos hacer para encontrar una solución? He aquí la reflexión que tendrá que suceder al binomio DIU-155. En primer lugar, se deberían convocar elecciones en Cataluña de forma inmediata, para que la suspensión de la autonomía no fuese interpretada por el votante no independentista como otra agresión más al autogobierno, sino como la forma de reestablecer la normalidad institucional y elegir democráticamente unos nuevos interlocutores. No parece fácil que las fuerzas constitucionalistas pudiesen mejorar posiciones en esos eventuales comicios, pero tampoco está claro que el independentismo post-DUI lo fuese a hacer.
Si algo ha quedado patente estos días es que la mayoría de la sociedad catalana rechaza tanto la persecución del referéndum como las vías unilaterales para convocarlo o proclamar sus consecuencias. Sin embargo, sí hay un amplio consenso en torno a la necesidad de resolver este conflicto a través de una negociación política que desemboque en una consulta legal y con garantías sobre la relación entre Cataluña y España.
Los últimos acontecimientos podrían provocar la implosión de los bloques graníticos que durante estos años han construido con éxito el PP en Madrid y las fuerzas independentistas en Barcelona, haciendo emerger la verdadera mayoría silenciosa de Cataluña y, quién sabe, quizá del resto de España; la que, harta de la irresponsabilidad de quienes nos han llevado hasta aquí, reclama un pacto.
Existen muchas formas de llegar a este compromiso histórico, pero todas ellas pasarían por el recambio de los actores actuales, que han quedado políticamente inhabilitados para protagonizarlo. Después de la pésima decisión de haber mandado porras contra urnas, el frame está del lado de la Generalitat, aunque otro error soberanista como los del 6 y el 7 de septiembre, y la DUI lo sería, podría darle una nueva oportunidad al Estado para convencer a los catalanes y limpiar su imagen ante el mundo. Ambos bandos han cometido fallos en su estrategia, pero los ciudadanos de este país ya no nos podemos permitir ni un tropiezo más.