Las dos, o al menos una de las rumanas que testificaron en contra de Zougam, fueron contratadas por la empresa de seguridad LPM, cuyo dueño es o era, Lorenzo González Díaz.
Por su interés, reseñamos lo que en su día escribió Federico Jiménez Losantos: "Y por si eso fuera poco, una empresa de seguridad de un empresario íntimo de JAG que es el que organiza la cacería de Bermejo, Garzón y el propio JAG para organizar y supervisar el caso Gürtel, les da trabajo a los dos rumanos, la neotestigo y el veteromarido. ¿Alguien se atreve a decir que esto no apesta?"
Años después volvemos a encontrar a Lorenzo González Díaz en la causa contra Ausbanc y Manos Limpias: "Según declaró el director general de la Fundación La Caixa, Jaume Giró, ante el juez, en su condición de testigo, Bernad le propuso en octubre de 2015 ayudar económicamente a la empresa LPM, de un amigo suyo, Lorenzo González Díaz, con 2 millones de euros a cambio de retirar la acusación contra la infanta. Según los investigadores, el papel de LPM era utilizarla como tapadera para que después el dinero acabara en manos del sindicato. Una de la pruebas es que desde la cuenta bancaria de esta empresa ya se han realizado otras transferencias como la del 7 de enero de este mismo año por un importe de 2.000 euros 'observándose con este movimiento bancario el vínculo existente entre Lorenzo y Manos Limpias', según recoge un informe de la Policía entregado al juez”.
Lo que no sabíamos hasta que lo leímos en el diario Público, es que el comisario Enrique García Castaño – gracias a sus investigaciones y al testimonio de dos ciudadanas rumanas se condenó a Jamal Zougam como único autor material de la masacre del 11-M mantenía relaciones Lorenzo González Díaz, dueño de la empresa de seguridad que contrató a las ciudadanas rumanas que aseguraron ver a Zougam en un tren que estalló el segundo jueves de marzo de 2004.
Como publicó este diario: “…García Castaño era conocido desde sus inicios en la Brigada Antigolpe como Blasillo por las buenas relaciones que tenía en la Fuerza Nueva de Blas Piñar. De hecho, aún mantiene vigentes estas relaciones, por ejemplo, con el secretario de Manos Limpias, Miguel Bernard, o con el dueño de LPM Seguridad, Lorenzo Díaz, empresario que pagó la cacería en la que coincidieron el entonces ministro socialista Mariano Fernández Bermejo y el juez Baltasar Garzón, y que le costó el puesto al primero tras la apertura de la causa Gürtel”.
Resumiendo. Gracias al comisario Enrique García Castaño detienen a Zougam, después, dos rumanas declaran que le vieron en un tren que estalló, rumanas que acabaron siendo contratadas en la empresa de Lorenzo González Díaz, amigo de Enrique García Castaño. Tal vez no medie ningún delito en esta historia, pero apesta.