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Pedro Sánchez afronta el tramo final de su mandato en una situación de evidente desgaste político. El adelanto electoral, precipitado y envuelto en la crisis de Ceuta, ha dejado al presidente sin margen de maniobra. A ello se suma el ruido constante en torno a la corrupción del PSOE y el desgaste de un Gobierno que ha gobernado más por reacción que por proyecto. Los pronósticos de hundimiento se han convertido en un lugar común, pero esta vez los indicios —internos y externos— parecen más sólidos que en anteriores ocasiones.
El último barómetro del CIS, que otorga al PSOE once puntos de ventaja sobre el PP, ha sido recibido con escepticismo por amplios sectores. El diario El País reveló un desequilibrio significativo en la muestra: un 38% de entrevistados eran votantes socialistas frente a un 19% de populares. Este dato, más que una anomalía estadística, alimenta la sospecha de una manipulación demoscópica que, lejos de fortalecer al Gobierno, erosiona la credibilidad de las instituciones que deberían ser neutrales. La propaganda, cuando es tan burda, se vuelve en contra.
En política exterior, la triple agresión de Marruecos —la invasión de Ceuta, la fragata Mohamed VI y el espionaje con Pegasus— ha evidenciado una debilidad preocupante en la respuesta del Ejecutivo. La exculpación sistemática de Rabat, en lugar de una firmeza proporcionada, ha indignado a una mayoría de españoles que percibe en Sánchez una incapacidad para defender los intereses nacionales. A ello se añade la incógnita sobre las grabaciones del móvil presidencial, que podrían comprometer al presidente, a su ministro Bolaños y al presidente del Tribunal Constitucional, Pumpido, en relación con la ley de amnistía. Si se confirmara, sería un golpe letal para los tres.
La crisis interna de los socios de Sánchez agrava el panorama. Junts se desangra frente a Aliança Catalana, y Sumar —el Frente Amplio— podría perder hasta el 60% de sus escaños, dinamitado por las tensiones entre Iglesias, Roures y Rufián. El escenario de fin de régimen sanchista se refuerza con una larga secuencia judicial: el juicio de Begoña Gómez, la investigación de las cloacas de Leire Díez, la banda del Peugeot, Ábalos, Koldo y Cerdán, y los casos pendientes de hidrocarburos y obras públicas. La corrupción deja de ser una sombra para convertirse en el eje del debate público.
Incluso la bandera de la Vivienda, con la que Sánchez justificó el adelanto electoral, puede volverse en su contra. Su portavoz, Montse Mínguez, acumula treinta pisos de alquiler, un ejemplo poco edificante de compromiso social. Pero el problema de fondo es otro: si se aprueban los decretos de Vivienda, dos millones y medio de arrendadores se sentirán perjudicados y votarán en bloque contra el PSOE. El cálculo electoral, una vez más, parece haber primado sobre la coherencia política.
Quedan cuarenta y cinco días hasta el 29-N. La Cumbre Iberoamericana con la presencia de Delcy Rodríguez no contribuirá a mejorar la imagen internacional del Gobierno. Los debates televisados entre Sánchez y Feijóo serán determinantes, pero difícilmente cambiarán una tendencia que se antoja irreversible. En amplios sectores de la población se ha instalado el hartazgo del sanchismo y la exigencia de un cambio político que abra una nueva etapa. No obstante, conviene mantener la cautela: los anuncios apocalípticos sobre el fin de Sánchez se han repetido con tanta frecuencia que han perdido parte de su fuerza. La política española ha demostrado ser imprevisible, y los pronósticos de hundimiento, a menudo, han servido más para movilizar a los propios votantes que para reflejar la realidad. El 29-N dictará sentencia. Hasta entonces, la crítica debe ejercerse con rigor, sin caer en el triunfalismo ni en la propaganda.
