Félix Bolaños durante la declaración institucional que ha ofrecido para valorar la sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía. Moncloa
La reciente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha determinado que la amnistía constituye un "instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social mayor". Desde la perspectiva jurídica comunitaria, el fallo valida teóricamente el uso de esta herramienta para la resolución de crisis. Sin embargo, en el escenario político español, el Ejecutivo ha capitalizado este pronunciamiento de forma inmediata como un arma de confrontación. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha apresurado a subrayar la validez de la decisión europea, llegando a exigir disculpas formales a la oposición por haber cuestionado el recorrido legal de la medida. Esta postura oficial resulta sumamente llamativa, al omitir deliberadamente una realidad incómoda: la flagrante falta de arrepentimiento de los amnistiados, quienes lo ven como una victoria del separatismo, y como validación de sus prácticas delictivas, ya condenadas. Exigir rectificaciones a quienes alertaron sobre la erosión de las instituciones, mientras se guarda silencio ante quienes vulneraron la ley, evidencia una priorización de la supervivencia política sobre la integridad del Estado de derecho.
El foco de esta controversia recae sobre la figura del presidente Pedro Sánchez, cuyo Gobierno, tras no resultar la fuerza más votada en las elecciones generales de 2023, sostuvo, y sigue sosteniendo, su permanencia en el poder mediante concesiones que antes de los comicios tildaba de inconstitucionales. Esta modificación de criterio, impulsada por la estricta necesidad aritmética, es valorada como un escenario poco o nada favorable para la concordia, sino como un intercambio puramente transaccional e interesado en el poder. La indignación se extiende en la oposición e incluso ha generado una fractura visible dentro de las propias filas del PSOE. Esta preocupación se agrava ante la respuesta de los dirigentes de Junts y ERC. Sus portavoces exhiben un perfil abiertamente antimonárquico y anticonstitucional, reafirmando de manera constante que no existe propósito de enmienda alguno por la declaración unilateral de independencia, mostrando esta resolución como una victoria del independentismo, sin un ápice de asunción de culpabilidad, que contribuiría a rebajar la tensión.
A este clima enrarecido se suma la compleja y parcial ejecución judicial de la ley, donde el papel de Félix Bolaños adquiere una especial y controvertida relevancia. Desde su posición como máximo responsable de la cartera de Justicia, el ministro ha emitido declaraciones exigiendo al Tribunal Supremo que facilite el retorno de Carles Puigdemont, a quien el alto tribunal excluyó de la amnistía por prevaricación y malversación. Para la oposición y diversas asociaciones de magistrados, que el titular de Justicia presione públicamente a la cúpula del poder judicial supone un cruce de líneas inaceptable. Se exige, desde el propio Ejecutivo, allanar el camino a un prófugo que no está arrepentido ni dispuesto a contribuir a la aplicación del Estado de derecho; un dirigente que decidió saltarse la legalidad de manera flagrante precisamente cuando ostentaba la representación ordinaria del Estado en Cataluña, actuando de forma contraria a su mandato constitucional. Esta grave anomalía institucional cristalizó recientemente en una escena que provocó el estupor nacional: la reaparición pública del expresidente en España y su posterior huida frente a todos, ridiculizando los dispositivos de seguridad.
Paralelamente, el Gobierno argumenta que su estrategia ha arrojado un resultado aceptable en el ámbito territorial, al favorecer la gobernabilidad de Cataluña permitiendo que el PSC de Salvador Illa asumiera la presidencia de la Generalitat. No obstante, este logro táctico resulta un avance meramente pragmático, pero sumamente discutible frente al alto coste de normalizar la desobediencia, sin mostrar arrepentimiento alguno.
Finalmente, la arquitectura parlamentaria que sostiene al Gobierno sanchista abarca también a fuerzas políticas herederas del entorno de ETA. Las adaptaciones del marco penitenciario que facilitan el alivio de penas de manera repugnante a individuos condenados por delitos de sangre, igualmente sin arrepentimiento ni colaboración para esclarecer otros episodios dramáticos, añaden una capa de rechazo innegable para las asociaciones de víctimas. En definitiva, la subordinación de los principios éticos y la presión sobre el Poder Judicial para cuadrar los votos en el Congreso dibujan un escenario enormemente frágil. Se consolida así, para una amplia mayoría ciudadana y política, la convicción de que no puede existir una amnistía justa sin la previa asunción de responsabilidades, dejando tras de sí una profunda desconfianza en un sistema democrático forzado a doblegarse.