Profesores se manifiestan en el centro de Valencia. Jorge Gil / EP
La huelga de profesores se presentó como una defensa heroica de la educación pública. La liturgia ya la conocemos: pancartas, consignas, apelaciones a la dignidad docente, niños convertidos en argumento emocional y sindicatos hablando en nombre de una escuela que no les pertenece. Pero detrás de esa escenografía hay algo menos noble. No estamos ante una movilización puramente educativa. Estamos ante una huelga política.
Nadie niega que la escuela española tenga problemas graves: burocracia asfixiante, pérdida de autoridad, aulas difíciles, falta de apoyos y docentes muchas veces abandonados por la administración. Precisamente por eso resulta obsceno que esos problemas reales sean utilizados como munición partidista por quienes llevan años tratando la educación pública como una finca ideológica.
La huelga no buscaba solo mejorar condiciones laborales. Buscaba marcar territorio. Buscaba enviar un mensaje claro: si gobierna la derecha, habrá conflicto; si se cuestiona el monopolio ideológico de la izquierda en la escuela, habrá calle; si las familias piden libertad, exigencia y neutralidad, serán acusadas de atacar lo público.
Durante décadas se ha repetido que la escuela pública es de todos, pero en la práctica se ha tratado demasiadas veces como patrimonio de sindicatos, mareas, asociaciones ideologizadas y partidos de izquierda. La palabra “pública” ha sido secuestrada hasta convertirla en sinónimo de progresista. Desde ahí se ha construido una trampa moral: quien critica una huelga odia a los profesores; quien defiende la libertad educativa quiere destruir la escuela; quien pide neutralidad ideológica es sospechoso.
Muchos padres no están contra los docentes. Están hartos de que sus hijos sean utilizados como piezas de una estrategia política. Hartos de que cada conflicto laboral se disfrace de cruzada moral. Hartos de que la educación se convierta en prolongación de la lucha partidista. Y hartos de que se les trate como intrusos en la formación de sus propios hijos.
La huelga docente no puede separarse del adoctrinamiento. No porque todos los profesores adoctrinen, sino porque una parte del ecosistema educativo ha asumido que la escuela debe “transformar la sociedad” en una dirección concreta. No formar ciudadanos libres. No transmitir conocimientos sólidos. Transformar. Moldear. Reeducar. La consecuencia está a la vista: contenidos ideológicos como valores universales, activismo disfrazado de pedagogía y alumnos convertidos en sujetos políticos antes que en estudiantes.
Y entonces llegó el detalle que desmonta buena parte de la épica: la huelga se suspende al final de curso. Después de semanas de tensión, clases perdidas, familias desorganizadas y alumnos convertidos en daño colateral, la gran batalla queda aparcada justo cuando llegan las vacaciones. No hay acuerdo global. No hay victoria histórica. Hay una pausa. Septiembre queda en el horizonte.
Ahí aparece la hipocresía. Si la educación pública estaba en una situación tan límite como para paralizar las aulas durante semanas, cuesta entender que la urgencia se suspenda al sonar la campana final. Si el deterioro era insoportable en mayo, no deja de serlo mágicamente en junio. Y si los alumnos eran el centro de la reivindicación, resulta difícil explicar que hayan sido los primeros perjudicados y los últimos consultados.
Muchos docentes no están en esa guerra. Muchos quieren enseñar, no militar. Muchos sufren la misma burocracia, el deterioro de la exigencia y el secuestro ideológico que sufren las familias. Pero esos docentes rara vez ocupan el centro del relato, porque el relato lo controla la pancarta.
Una sociedad adulta no puede aceptar este juego. Defender la educación pública no significa arrodillarse ante cualquier huelga convocada en su nombre. Defenderla significa exigir que sea verdaderamente pública: plural, neutral, rigurosa, abierta a las familias y centrada en el conocimiento. Lo demás no es educación pública. Es aparato ideológico con dinero de todos.
La izquierda sabe que puede perder elecciones. Por eso protege sus posiciones culturales con tanta agresividad. La escuela es una de ellas. Quien controla el lenguaje de los niños controla la mirada del futuro. Por eso cada intento de introducir libertad o neutralidad se responde con alarma y ruido.
Pero la educación no puede ser una barricada de temporada. Los profesores tienen derecho a reivindicar mejoras. Los sindicatos tienen derecho a convocar huelgas. Pero las familias tienen derecho a denunciar cuándo una reivindicación legítima se convierte en una operación política. Y tienen derecho a decir basta cuando sus hijos son utilizados en una batalla ideológica que no han elegido.
La cuestión es sencilla: o la escuela vuelve a ser un lugar de enseñanza, o seguirá degradándose en un campo de adoctrinamiento, propaganda y conflicto permanente. Y cuando eso ocurre, la víctima no es el Gobierno. La víctima es el niño.