Legalidad, cinismo y doble rasero

Cualquier episodio grave en Venezuela se responde  con la prohibición de la injerencia extranjera según el derecho internacional.

Tras el presunto secuestro de Maduro, este discurso ha vuelto a ocupar el centro del debate, acompañado del apoyo explícito de España.

El problema no es solo jurídico: es profundamente moral.

El derecho internacional protege la soberanía y prohíbe del uso unilateral de la fuerza, salvo en legítima defensa o mandato de la ONU. Así, una intervención sin autorización  es ilegal, aunque el régimen sea represivo.

Pero este derecho ha sido incapaz de frenar torturas, encarcelamientos o represión sistemática: pensado para evitar guerras, termina blindando a dictaduras y  desprotegiendo al individuo.

Que un régimen responsable de graves violaciones de derechos humanos se envuelva en la bandera de la legalidad internacional es, como mínimo, cínico. Jurídicamente coherente, sí; moralmente insostenible, también. La ley se convierte entonces en un escudo, no en una garantía de justicia.

Más incómoda es la posición de algunos países democráticos que, por respeto al derecho internacional, condenan intervenciones pero suavizan los crímenes en Venezuela. En ciertos sectores de la izquierda occidental, este doble rasero es evidente, y no tardan en levantar una voz que en otros casos ni se oye. La legalidad se defiende con vehemencia cuando sirve para frenar a Estados Unidos o a Occidente, haciendo un uso torticero de los hechos.

Si bien romper el derecho no es una solución deseable, tampoco puede aceptarse que la legalidad internacional se convierta en coartada para la pasividad moral o la complicidad política.

En Occidente, especialmente en sectores mal llamados progresistas, se tiende a buscar refugio en fórmulas retóricas que evitan tomar posiciones morales claras. En nombre de una supuesta neutralidad, se condena la "violencia" en abstracto, se invoca la legalidad sin contexto y se esquiva el fondo del problema: la existencia de un régimen que reprime sistemáticamente a su población. Venezuela ha aprendido a aprovechar ese clima cultural, usando el lenguaje de soberanía y antiimperialismo como coartada para ocultar sus crímenes. El resultado es una equidistancia que no es imparcial, sino funcional para el opresor. Muy woke.

Toda potencia hegemónica ha tenido siempre un relato moral de sus rivales destinado a erosionar su legitimidad. La llamada Leyenda Negra española —hoy ampliamente cuestionada por la historiografía— es un ejemplo clásico de cómo la propaganda política puede transformarse en verdad asumida durante siglos. En la actualidad, Estados Unidos ocupa ese lugar simbólico de "imperio", y muchos actores autoritarios saben explotar ese reflejo automático: si el adversario es el imperio, uno pasa a ser víctima por definición. Venezuela se beneficia de ese marco mental, que permite desplazar la atención desde la represión interna hacia una narrativa externa de agresión y resistencia.

En España, se observan paralelismos, salvando diferencias. Aquí, la polarización y la moralización del discurso no derivan de la opresión física —aún—, sino de la presión social y cultural. Discrepar se percibe como ataque. Se prioriza el lenguaje y las formas sobre los hechos y las ideas, y se empobrece el debate al reforzar burbujas de pensamiento.

Para algunos, polarización y juicio moral expresan la certeza de su verdad, con raíces  psicológicas —sesgo de confirmación y resistencia a la contradicción— y culturales —valores que moldean lo legítimo-. El resultado es un entorno donde la crítica analítica es un ataque, y la falsa neutralidad, traición, independientemente de la realidad de los hechos.

El problema no es solo lo que se dice o se permite, sino la cultura que decide qué y cómo se dice. Confundir sensibilidad con neutralidad protege al poder y desarma la crítica. Venezuela lo sabe y lo explota. El mismo mecanismo se puede reproducir en contextos democráticos, aunque de forma menos dramática. La lección es clara: sin capacidad de análisis crítico y reconocimiento de matices, la verdad se diluye y las víctimas quedan relegadas a un segundo plano.

En este contexto, la sociedad civil debe mantenerse vigilante y crítica frente a cualquier tendencia que limite la libertad de pensamiento, neutralice el debate o concentre el poder en detrimento del interés general. La pasividad permite que se desplieguen mecanismos de control y manipulación.

En España, ya sufrimos un intento de polarizarnos con un debate amañado cuyas preguntas ya contienen la respuesta. La tibieza y la indiferencia siempre conducen al desastre cuando el poder tiende a la tiranía.

La sociedad civil, cuando el sistema de partidos sirve de excusa para sojuzgar al individuo, debe reaccionar promoviendo información crítica, deliberación consciente y defensa de los derechos individuales.

Solo así es posible impedir que la manipulación, la polarización y el poder concentrado reemplacen la verdad y la justicia.