Jorge Serrano, presidente de ATA Aragón
Cuando sube el gasóleo, el autónomo no necesita que se lo cuente una estadística. Lo descubre en el surtidor. Y, además, lo descubre muy pronto.
Para un transportista, un agricultor, un instalador, un comercial o cualquiera de los muchos profesionales que necesitan un vehículo para trabajar, el combustible no es un gasto que pueda aplazarse hasta que las cosas mejoren. Hay que repostar para salir al día siguiente. Así de sencillo.
El problema empieza cuando esa subida inmediata del coste convive con unos precios de venta que no pueden modificarse con la misma rapidez.
En el transporte lo conocemos bien. Puedes mejorar rutas, reducir kilómetros improductivos, aumentar ocupaciones, negociar compras, invertir en tecnología y revisar hasta el último coste de una operación. Todo eso forma parte de gestionar bien una empresa. Pero hay un momento en el que la eficiencia deja de ser suficiente. Si el combustible se encarece de forma brusca y sostenida, termina afectando al margen.
Y el margen es algo mucho menos abstracto de lo que a veces parece. Del margen sale la capacidad para renovar un vehículo, invertir, contratar, afrontar una avería, soportar un mes malo o, simplemente, remunerar adecuadamente el trabajo y el riesgo de quien puso en marcha el negocio. Por eso preocupa tanto la evolución del gasóleo.
Además, el problema no se limita al transporte. Probablemente sea el sector donde primero se aprecia, porque vivimos pendientes del precio por litro, pero sus consecuencias terminan llegando mucho más lejos.
Casi todo lo que tenemos a nuestro alrededor ha recorrido kilómetros antes de llegar hasta nosotros. Los alimentos que encontramos en un supermercado, los materiales de una obra, una pieza industrial, un electrodoméstico o el mobiliario de una vivienda han necesitado transporte en algún momento de su cadena.
Cuando mover mercancías cuesta más, ese incremento no desaparece. Alguien tiene que asumirlo. Durante un tiempo puede hacerlo la empresa reduciendo su margen. Después intentará trasladar una parte al cliente. Y, si la situación se prolonga, terminará recorriendo la cadena hasta alcanzar al consumidor.
Ahí está precisamente una de las cuestiones que más deberíamos preocuparnos por evitar: que una crisis energética termine convirtiéndose en una nueva ronda de incrementos de costes para toda la economía.
El Gobierno ha decidido prolongar durante el último trimestre del año las medidas de apoyo vinculadas al combustible y las ayudas destinadas al transporte profesional. Son medidas útiles para amortiguar el impacto inmediato y, sobre todo, constituyen una señal bastante evidente de que el problema sigue existiendo.
Pero las ayudas tienen una limitación: alivian el efecto, no eliminan la causa. Una empresa necesita algo más que medidas coyunturales. Necesita poder hacer números.
Puede trabajar con costes elevados. Puede adaptarse a un mercado difícil. Incluso puede convivir durante un tiempo con márgenes menores si conoce el escenario al que se enfrenta. Lo realmente complicado es gestionar cuando las reglas, los costes o las previsiones cambian continuamente.
Quien dirige una pequeña empresa sabe de qué hablo. Muchas decisiones que desde fuera parecen menores —renovar una furgoneta, contratar a una persona, aceptar un nuevo servicio o realizar una inversión— dependen de saber si dentro de seis meses las cuentas seguirán teniendo sentido.
Y precisamente ahora se abre en España un escenario político nuevo. El presidente del Gobierno ha convocado elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. No corresponde a estas líneas entrar en preferencias electorales ni en quinielas. Sí creo, sin embargo, que hay una petición que los autónomos y las empresas podemos hacer con absoluta independencia de quién gobierne después de esa fecha: certidumbre.
Una campaña electoral no puede convertirse en un paréntesis para la gestión económica. Durante estas semanas los autónomos seguirán abriendo sus negocios cada mañana. Los transportistas seguirán saliendo a carretera. Las empresas seguirán pagando nóminas, impuestos, alquileres y proveedores. Y habrá miles de empresarios tomando decisiones que comprometen su patrimonio y el futuro de sus negocios.
La actividad económica no se detiene porque haya elecciones. Por eso sería deseable que, entre el inevitable ruido de una campaña, no perdiéramos de vista algunas cuestiones básicas: estabilidad, competitividad y unos costes que permitan a nuestras empresas seguir trabajando en condiciones razonables.
Los autónomos no pedimos que desaparezca el riesgo. Quien decide emprender sabe perfectamente que forma parte del camino. Tampoco pedimos que la Administración resuelva cada dificultad que plantea el mercado.
Lo que sí debemos exigir es un entorno en el que trabajar, invertir y tomar decisiones no se convierta permanentemente en un ejercicio de incertidumbre.
Porque cada vez que sube el gasóleo podemos calcular cuánto más cuesta llenar un depósito. Lo difícil es calcular cuánto margen puede seguir perdiendo una empresa antes de que deje de tener sentido llenarlo.
