Suso Domínguez, concejal de Zaragoza en Común (ZEC) en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Hay palabras que cuesta discutir. ¿Quién puede estar en contra de la convivencia? ¿Quién podría oponerse a que nuestras calles sean espacios seguros, compartidos y respetuosos?
Precisamente por eso conviene mirar qué hay detrás de la recién aprobada ordenanza cívica del Ayuntamiento de Zaragoza cuando llega el momento de aplicarla.
Y lo que tenemos delante se parece poco a una norma para mejorar la convivencia. Se parece mucho más a una ordenanza para controlar el espacio público, restringir libertades y sancionar aquello que sencillamente no gusta.
No nos engañemos: estamos ante una ordenanza cínica que asume la agenda ideológica de la ultraderecha.
No es una exageración. Basta con mirar cómo se ha construido. Se han eliminado del preámbulo referencias a la vulnerabilidad asimétrica entre hombres, mujeres y personas LGTBI y también las referencias a la igualdad de género que planteaba el informe de análisis de género. El mensaje político que transmite no parece precisamente difícil de interpretar.
Pero hay algo todavía más revelador: la ausencia de quienes deberían haber participado en su elaboración.
Si una ordenanza pretende regular la convivencia de todos, lo lógico sería escuchar a todos. No ha sido así. No ha habido una verdadera consulta previa ni un debate suficiente en el Consejo de Ciudad. Tampoco se ha contado con las principales entidades ciudadanas, que únicamente han podido presentar alegaciones. Ninguna, por cierto, ha sido admitida.
Así que quizá haya que decirlo sin rodeos: esta no es la ordenanza de todos. Es la ordenanza del Partido Popular y VOX. Es su agenda ideológica.
Y detrás hay una determinada concepción de la ciudad. Una ciudad en la que el espacio público parece entenderse menos como un lugar de encuentro y más como un espacio de consumo que hay que vigilar, ordenar y, llegado el caso, castigar.
Porque esta ordenanza tiene una obsesión evidente: la sanción.
Frente a la educación, la multa. Frente a la mediación, la prohibición. Frente a la participación, la imposición.
Pero el verdadero problema aparece cuando uno empieza a leer qué se pretende sancionar.
Porque una cosa es castigar una conducta que genera una molestia, un daño o un perjuicio objetivo a otra persona. Y otra muy distinta es castigar una conducta porque a alguien le parece inapropiada.
¿De verdad alguien sin camiseta, paseando por la ciudad sin molestar a nadie, está atentando contra la convivencia?
¿De verdad llevar un determinado elemento, un pene, en la cabeza durante una despedida de soltero, aunque nos parezca de mal gusto, es un problema de convivencia?
¿De verdad colocar una pancarta en un equipamiento municipal, sin causar ningún daño, debe convertirse en una conducta sancionable?
Podrán gustarnos o no. Podemos compartirlas o no. Pero una sociedad democrática no puede convertir automáticamente lo que no nos gusta en aquello que debemos prohibir.
El Ayuntamiento no está para decidir qué nos parece moralmente aceptable. Está para garantizar derechos y regular aquellas conductas que objetivamente perjudican a los demás.
El ejemplo del "botellón" resulta especialmente ilustrativo. La ordenanza permite sancionar reuniones de tres jóvenes consumiendo tranquilamente una bebida en un parque, aunque no hagan ruido ni molesten a nadie.
Pero ¿qué ocurre si en ese mismo lugar hay 30 personas tomando refrescos o agua? ¿O qué ocurre si ese mismo consumo se produce a escasos metros, en una terraza de un bar?¿Se penaliza una conducta objetivamente molesta o simplemente el no hacerlo en un bar?
Y lo mismo sucede con la música o la megafonía. Una regulación que no distinga adecuadamente entre una molestia real y el ejercicio de derechos fundamentales puede acabar afectando a algo tan básico como el derecho a protestar, reunirse o desarrollar determinadas actividades culturales.
Las calles y los parques no son únicamente lugares de paso. También son lugares para encontrarse, conversar, tocar una guitarra, reivindicar, celebrar o simplemente estar.
Una ciudad viva no puede ser una ciudad en la que sus vecinos tengan miedo de utilizar el espacio público por si alguien decide que están haciendo algo sancionable.
Hay además cuestiones que resultan difíciles de entender desde la perspectiva de los problemas reales de nuestra ciudad. Es el caso del acceso con burka a dependencias municipales, un problema ficticio, que se intenta presentar como una cuestión de seguridad.
Cuesta no percibir detrás de esta medida un planteamiento islamófobo que estigmatiza a una parte de la población y que nada tiene que ver con una verdadera política de defensa de los derechos de las mujeres.
Pero quizá la contradicción más profunda esté en aquello que la ordenanza decide no ver.
Porque, mientras se dedica tanta energía a decidir quién puede beber en un parque, qué puede llevar en la cabeza, quién puede tocar música o qué pancarta puede colgarse, hay personas que siguen durmiendo en nuestras calles porque no tienen un lugar donde vivir.
¿Y cuál es la respuesta? Vallar espacios. Intentar invisibilizarlas. Y ahora, con esta ordenanza, sancionarlas para que se escondan.
Eso sí es un problema de convivencia.
La pobreza no desaparece porque dejemos de verla. Una persona sin hogar no deja de existir porque la multemos. Y una ciudad no se convierte en más cívica porque consiga expulsar de sus espacios públicos a quienes resultan incómodos.
La verdadera convivencia empieza por no abandonar a quien está en una situación de vulnerabilidad.
Al final, todo se reduce a una cuestión de prioridades.
Una ciudad puede elegir entre educar o castigar, mediar o sancionar, integrar o esconder, garantizar derechos o perseguir conductas que simplemente incomodan.
Esta ordenanza ha elegido.
