Aroha Rochela, diputada de Vox en las Cortes de Aragón
Lo que estamos viviendo estos días en Ceuta no es un hecho aislado. Es la consecuencia de años de una política migratoria basada en la inacción, el efecto llamada y la renuncia del Gobierno de España a ejercer una de sus funciones más básicas: proteger nuestras fronteras.
Estamos hablando de una invasión. Un acto de guerra dirigido por Marruecos y tolerado por el corrupto número 1 de la trama que ocupa La Moncloa.
Ceuta y Melilla son la primera línea de defensa de Europa y, sin embargo, han sido abandonadas por un Ejecutivo más preocupado por protegerse con todas las instituciones del Estado de la propia corrupción que generan antes que en velar por los españoles.
Cada nueva entrada masiva de ilegales demuestra que las mafias que trafican con seres humanos siguen encontrando una puerta abierta hacia nuestro país. Un negocio bochornoso del que se lucran las supuestas ONG a las que el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, ha cerrado el grifo.
Mientras tanto, quienes pagan las consecuencias son los españoles. De momento, 25 millones de euros de las arcas del Estado que no se van a destinar a educación, sanidad ni para infraestructuras.
Los servicios públicos sufren una presión asfixiante. La sanidad, la vivienda, los servicios sociales, los centros de acogida y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan al límite para hacer frente a una situación que se repite una y otra vez sin que el Gobierno actúe. Urge militarizar la frontera.
Defender nuestras fronteras no es una cuestión ideológica, sino de sentido común y de responsabilidad. Ningún país serio puede renunciar a decidir quién entra en su territorio, en qué condiciones y con qué obligaciones. Sin control fronterizo no hay soberanía, y sin soberanía resulta imposible proteger el Estado del bienestar, garantizar la seguridad o planificar unos servicios públicos sostenibles.
Vox lleva años denunciando una realidad que otros han preferido silenciar. Defendemos una política migratoria basada en la legalidad, el control efectivo de las fronteras, la expulsión de quienes entren ilegalmente o de quienes se dedican a delinquir como forma de vida y la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos.
Por supuesto, con la prioridad para los de casa en el acceso a los recursos públicos. La primera obligación de cualquier Ejecutivo es defender a sus ciudadanos, garantizar sus derechos y preservar la soberanía nacional. Esa es la política que España necesita.
