José Juan Arceiz Villacampa, secretario general de UGT Aragón.
Desde UGT Aragón acabamos de presentar un informe que dibuja una preocupante radiografía de la explotación laboral en la comunidad autónoma. En él se pone de manifiesto, que el fenómeno no se limita a las grandes ciudades, donde se producen ocho de cada diez abusos, sino que se extiende también por el medio rural, dejando claro que, si hubiera más posibilidades de denuncia en ese entorno, aumentarían las cifras. Se producen principalmente en sectores como el trabajo doméstico y de los cuidados, la hostelería, el transporte y la reforma de viviendas.
Desde 2015, cuando empezamos un trabajo continuado en este ámbito con una triple perspectiva; sensibilización y formación, el contacto con administraciones, entidades y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de acompañamiento en la denuncia y apoyo en su situación sociolaboral a las víctimas, no han dejado de aumentar los casos. En 2025, detectamos 85 que se traduce en 37 casos más respecto al año anterior.
La mayoría de las víctimas son mujeres extranjeras, principalmente de origen americano, que trabajan como empleadas domésticas o cuidadoras internas. Muchas se encuentran en situación administrativa irregular y afrontan un alto riesgo de exclusión social. Las condiciones que sufren son durísimas: salarios muy por debajo de lo estipulado, jornadas interminables, ausencia de contrato o incumplimiento del convenio, falta de cotización a la Seguridad Social y vulneración sistemática de las normas de seguridad e higiene. A ello se suman, en demasiadas ocasiones, tratos vejatorios y el riesgo de sufrir agresiones.
Las víctimas suelen ser captadas dentro de Aragón, a través de contactos personales o anuncios informales. Sin embargo, la denuncia de estas situaciones suele tardar años en producirse. Algunas víctimas, incluso después de haber roto con su primer empleador, vuelven a sufrir nuevos episodios de explotación en el trabajo.
Las consecuencias son devastadoras: pérdida de salarios y derechos laborales, cronificación de la pobreza, ansiedad, depresión y una profunda sensación de indefensión. Además, la irregularidad administrativa las deja fuera de la protección social y agrava su vulnerabilidad ante desahucios, accidentes o abusos.
En UGT Aragón denunciamos también las graves carencias del sistema para abordar este problema. Faltan recursos humanos y económicos, formación especializada, espacios de coordinación entre instituciones y una mirada que sitúe a la víctima en el centro de la intervención. A todo ello se suma la ausencia de una respuesta legal efectiva: cuando una víctima denuncia, suele ser despedida y queda sin medios de vida.
Y urge resolver que la actual legislación de extranjería no contempla medidas de protección provisional mientras se tramita la investigación, lo que puede suponer hasta ocho meses de espera sin permiso de residencia ni trabajo, incluso tras un dictamen favorable de la Inspección de Trabajo.
Por ello reclamamos un cambio estructural que combine medidas de protección inmediata, sensibilización social y refuerzo institucional. Solo así se podrá frenar una forma de explotación que permanece invisible pero que hoy tiene rostro, género y nombre propio en la comunidad.
Nuestra propuesta para reforzar la lucha contra el trabajo forzoso en el ámbito autonómico es la creación de una mesa de coordinación estable que evalúe los recursos existentes, diseñe planes de formación para los actores implicados e incorpore la diversidad cultural y de género a todas las intervenciones. Desde el sindicato pedimos también analizar los sectores con mayor presencia de trabajo forzoso; aumentar los recursos de acompañamiento y protección a las víctimas; evaluar las intervenciones para evitar su revictimización y promover campañas informativas que visibilicen este delito.
También debemos actuar a nivel estatal, y en ese sentido, reclamamos la aprobación de una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos, el desarrollo del Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso con participación de los agentes sociales y la creación de un sistema de protección integral desde el momento de la denuncia. Asimismo, urge modificar la legislación de extranjería para garantizar la protección de su protección e integrar plenamente el empleo doméstico y de cuidados en el Régimen General de la Seguridad Social.
Con estas medidas, pretendemos avanzar hacia una respuesta institucional y social más eficaz, que proteja a las víctimas, sancione a los explotadores y ponga fin a una realidad laboral invisibilizada durante demasiado tiempo. Porque detrás de cada dato hay una persona, una historia y una vida que merece ser digna.
Erradicar la explotación laboral no es solo una cuestión legal, sino un deber ético y colectivo. Reconocer, proteger y acompañar a las víctimas es el primer paso para construir una sociedad más justa, donde ningún trabajo se haga a costa de la dignidad humana y donde la esperanza, por fin, se traduzca en derechos.
*José Juan Arceiz Villacampa, secretario general de UGT Aragón.
