José Manuel Murgoitio, miembro de la junta directiva de Escuelas Católicas Aragón.
La posibilidad abierta por el Gobierno de Aragón de concertar la etapa educativa de bachillerato en Aragón ha abierto de nuevo la perenne «cuestión educativa» presente en nuestra Comunidad. Tan es así, que se ha convocado incluso una huelga y se ha acudido a los tribunales para denunciar tamaña fechoría constitucional.
Vaya por delante que esta «cuestión», como ocurre con la «religiosa» (que están estrechamente ligadas, no lo olvidemos), no verá la luz hasta que quienes ahora se muestran beligerantes, y los defienden para sus causas, no asuman realmente los valores constitucionales de libertad, igualdad y pluralidad (artículo 1.1. de la CE).
Se afirma así, que no hay necesidad, desde el punto de vista de la escolarización, de incrementar el número de plazas escolares de bachillerato. Esta afirmación parte de una premisa incompatible con la libertad de enseñanza.
El derecho a la educación en el marco de la libertad de enseñanza no se satisface con la mera oferta de un puesto escolar en la escuela estatal, sino con la puesta a disposición de las familias de una pluralidad de escuelas, o bien neutrales (como la escuela de titularidad estatal) o bien dotadas de carácter propio (como las privadas concertadas). Esto es elegir la educación para los hijos en auténtica libertad.
Y como la libertad puede verse impedida por los condicionamientos económicos de las familias, de ahí que el concierto educativo venga a posibilitar el ejercicio en igualdad de ese derecho a todas ellas, con independencia de su ideología o creencias.
Difícilmente puede sostenerse que la concertación de etapas suponga un detrimento de recursos para la escuela de titularidad estatal. Es curioso que se diga que la red pública cuenta con 2.500 vacantes y quienes defienden la eficacia del gasto público no hayan reflexionado si, tal vez, esa red esté sobredimensionada y sea poco eficaz en términos de gasto público.
Ese dato lo que revela es la pretensión de considerar la escuela concertada como subsidiaria de la de titularidad estatal, frente a una complementariedad de las dos redes que ha sido reafirmada con fuerza por el propio Tribunal Supremo. Defender los derechos propios no puede hacerse a consta de reducir los ajenos, incluso de aquellos que con sus impuestos contribuyen al sostenimiento de las dos redes.
Se afirma con vehemencia que la concertación supone la privatización de la enseñanza en nuestra Comunidad. Esta afirmación parte de una premisa falsa y requiere una reconvención ideológica.
Primero, porque confunde interesadamente el servicio de interés público que es la educación con el monopolio estatal en su oferta. Esta premisa se inscribe dentro de todo un movimiento político que confunde lo público con lo estatal y pretende el establecimiento de un sistema educativo basado en el paradigma de una escuela única, pública y laica. La total estatalización de la educación no produce sino ausencia de pluralismo e imposición de doctrinas sin que los individuos puedan escoger entre diversas opciones según sus opiniones y creencias.
Y la reconvención viene porque precisamente lo que hay que denunciar es la privatización ideológica de la enseñanza pública. Una escuela que, en la práctica, ni es de todos ni es para todos. Y se nos pretende dar gato por liebre. Porque si en toda enseñanza hay una concepción del mundo, se nos vende como neutral en aquella escuela lo que no es sino una concepción ideológica concreta del hombre, del mundo y de la historia.
Y si tener esa concepción puede ser legítimo, no lo es en absoluto no sólo pretender imponerla a los demás sobre la falacia de una idealizada neutralidad, sino obligar además a quienes tienen otras creencias a dejarlas en el dintel de su puerta de entrada, cuando no a no dejarles entrar.
Si la escuela de titularidad estatal fía su grandeza a un modelo de escuela única que excluya otras opciones en libertad, yerra estrepitosamente.
