La transición energética en Aragón se nos presenta, tanto institucionalmente como a través de cierta prensa aragonesa, como un camino hacia la sostenibilidad y la riqueza. Sin embargo, bajo la superficie de discursos verdes, promesas de innovación digital y reducción de la factura de la luz, se esconde un modelo profundamente desequilibrado.

Aragón se está convirtiendo en un territorio de sacrificio energético y digital, donde se concentran macroparques eólicos y fotovoltaicos junto a macrocentros de datos de multinacionales tecnológicas, mientras la ciudadanía queda relegada a un papel absolutamente pasivo.

El Gobierno de Aragón ha desplegado un entramado jurídico que facilita la implantación acelerada de grandes proyectos empresariales. Los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón (PIGAs), las Declaraciones de Inversión de Interés Autonómico (DIGA), la utilidad pública y la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 funcionan como autopistas administrativas que permiten a las promotoras, grandes empresas y fondos de inversión, sortear la planificación territorial ordinaria, reduciendo los espacios de participación y la capacidad de decisión de los municipios y colectivos sociales.

Lo que debería ser excepcional se ha convertido en rutina. Este “circuito de excepcionalidad permanente” beneficia de forma directa a las grandes eléctricas y ahora a las tecnológicas, que proyectan sus macrocentros de datos en Aragón.

Una parte muy importante de la energía renovable producida aquí (y concretamente la misma electricidad que consume actualmente todo Aragón) se destinará en 2030 a abastecer a centros de datos. Esta salvajada figura negro sobre blanco en el borrador del Plan Energético de Aragón, publicado a finales del año pasado y con una envuelta de participación ciudadana que no se la cree nadie. Aquí ya está todo decidido.

La energía eléctrica no se va a destinar a mejorar la vida de las familias aragonesas, ni a abaratar su factura, ni a garantizar la autonomía de los municipios. El destino real será el suministro a macrocentros de datos de gigantes tecnológicos, amparados en la figura de los PIGA.

Estos centros, que consumen ingentes cantidades de electricidad y agua, se presentan como proyectos de futuro, pero reproducen un modelo extractivista de libro: apropiación de recursos locales para abastecer a la economía digital global, sin apenas retorno social ni económico.

La conjunción política del “PPSOE” en Aragón es evidente. Las Directivas europeas 2018/2001, 2019/944 y 2023/2413 obligan a los Estados a abrir la transición energética a la ciudadanía, fomentando el autoconsumo compartido, las comunidades energéticas locales, el derecho a participar en los mercados de la electricidad y la agregación de demanda.

Sin embargo, en Aragón se ha practicado una auténtica “transposición a la carta”: primero con el Decreto-ley 1/2023, de 20 de marzo, aprobado por el cuatripartito del gobierno anterior y recurrido por el Gobierno central, y poco después con la Ley 5/2024, ya con el popular Jorge Azcón en el gobierno.

De esta manera, se recogen aquellas figuras europeas que favorecen a los grandes inversores (líneas directas de suministro que mallarán todo el territorio aragonés con cientos de kilómetros de líneas de muy alta tensión dejando muy visibles cicatrices imborrables en todo nuestro paisaje, redes cerradas o el mal llamado “autoconsumo” industrial), mientras se omiten o vacían de contenido los elementos que garantizan la participación ciudadana y la democratización energética. Las comunidades energéticas apenas existen más allá de definiciones legales. No hay apoyo financiero, ni oficinas técnicas, ni prioridad de acceso al sistema eléctrico.

En otras palabras: se ha importado de Europa lo que sirve para consolidar un modelo empresarial de gran escala, dejando fuera lo que podría empoderar a la ciudadanía de toda la región. Unas normas que parecen sin lugar a dudas escritas por los propios promotores, o al menos, inspiradas profundamente por el sector.

Todo ello supone el rapto de políticas públicas que históricamente se viene llevando a cabo en España en las últimas décadas, y que Aragón se ha apropiado también, gracias a las políticas de sus últimos gobiernos.