En los últimos años, durante el Gobierno de Pedro Sánchez a nivel nacional y el de Javier Lambán en Aragón, España ha sufrido desastres naturales que evidencian la importancia de priorizar la prevención sobre la remediación.

La DANA de octubre de 2024 en Valencia, con más de 200 muertes y daños millonarios, y el incendio de Ateca en Aragón en julio de 2022, que arrasó 14.000 hectáreas, son ejemplos claros de las consecuencias de la falta de medidas preventivas.

En Aragón, bajo el mandato de Lambán (2015-2023), el incendio de Ateca se originó por una chispa de una retroexcavadora durante obras de reforestación autorizadas en plena alerta por ola de calor. La ausencia de cortafuegos y la falta de limpieza de combustible vegetal permitieron que el fuego se extendiera, evacuando a 1.700 personas de cinco municipios y causando daños masivos.

Este desastre pudo haberse mitigado con la reducción sistemática de la carga de combustible vegetal en los bosques, la limpieza de pistas forestales y la construcción de balsas de agua para equipos de extinción. Estas medidas preventivas, junto con el mantenimiento de caminos y la creación de cortafuegos, habrían limitado la propagación del fuego y reducido su impacto devastador.

En Valencia, la DANA de 2024 mostró dos realidades opuestas. La cuenca del Turia, con su encauzamiento histórico y mantenimiento limpio, gestionó el agua sin mayores afecciones, a pesar de los elevados caudales.

En contraste, el barranco del Poyo, en Paiporta y Catarroja, se desbordó debido al abandono de la limpieza del cauce por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la apertura sin previo aviso de la presa de Forata, agravando la fuerza destructiva del tsunami formado. Si se hubieran mantenido las obras de limpieza y los equipos de medición de caudales, el desastre habría sido menos severo.

Además, la decisión de Zapatero de renunciar a miles de millones de fondos europeos para el Plan Hidrológico Nacional, que incluía obras de encauzamiento y prevención, contribuyó a la magnitud de la tragedia. La falta de canalizaciones de evacuación y la permisividad de edificaciones en zonas inundables cerca de la Albufera también incrementaron las pérdidas humanas y materiales.

La prevención implica evaluar los riesgos potenciales de cada zona, como construir edificaciones antisísmicas o reducir biomasa para prevenir incendios. Si el objetivo estatal es proteger la salud, los bienes y el patrimonio natural, invertir en prevención es esencial.

Aunque no elimina el 100% de los efectos de fenómenos extremos, minimiza sus devastaciones y repercusión. También por ese motivo, los sistemas de actuación contra emergencias siempre serán necesarios.

Ejemplo de ello es Japón, que tras el desastre de Fukushima reforzó su costa con barreras anti-tsunamis, demostrando que la tecnología puede mitigar riesgos, en contraste con la mediocridad de la gestión en la UE y España.

El fanatismo climático, que comparten PP y PSOE, culpa a las emisiones humanas de todos los desastres, eximiendo a políticos ineptos de sus responsabilidades. Los verdaderos negacionistas son aquellos que renuncian a la tecnología para realizar inversiones públicas que protejan a los ciudadanos, sus bienes y el patrimonio natural de España, prefiriendo gastar en chiringuitos de promoción de la Agenda 2030 que en prevención de desastres naturales.

La Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE, que impide la limpieza de montes, el pastoreo y los cortafuegos, mientras promueve autopistas de alta tensión que dañan el paisaje, es un ejemplo de esta contradicción.

En lugar de culpar al cambio climático, se deberían implementar soluciones tecnológicas, como la gestión de residuos para evitar emisiones tóxicas de vertederos o la construcción de infraestructuras de protección.

La creación de una Agencia de Emergencias por el Gobierno de Aragón del señor Azcón, anunciada por el consejero Roberto Bermúdez de Castro, y otra estatal por Sánchez, sugiere una priorización de la remediación sobre la prevención. Estas nuevas estructuras duplican las funciones que la Ley 4/2024, de 28 de junio, del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Aragón le atribuye al Centro de Emergencias 112; al mismo tiempo que los políticos evaden responsabilidades, delegando en nuevos cargos las culpas.

La política, o mejor dicho, el bipartidismo, se ha convertido en una pantomima de cubrirse las espaldas, echando las culpas a otros y reaccionando ante los daños en lugar de actuar para prevenirlos. Una nueva evidencia del fracaso del modelo autonómico