La vivienda se ha convertido en uno de los problemas más acuciantes para la ciudadanía. A principios de julio, UGT Aragón celebró la jornada "Situación actual y futuro de la vivienda en Aragón" para tratar distintos aspectos y las posibles soluciones habitacionales.

El encuentro, que contó con la participación de profesionales con gran experiencia y conocimientos en el sector, así como representantes de diferentes opciones políticas. Sirvió también para adelantar algunas de las conclusiones de la encuesta de ámbito nacional dirigida a la afiliación, que UGT acaba de concluir, y que desvela percepciones y realidades preocupantes sobre el acceso a una vivienda digna.

Disponer de una vivienda digna es un elemento imprescindible para desarrollar un proyecto de vida. Sin embargo, la carga económica es insostenible para muchos. Hoy en día el tener un trabajo fijo, con contrato indefinido y a jornada completa no te garantiza poder acceder a una vivienda, ni en compra ni en alquiler. Y es que a ello se une que la subida de los precios de la vivienda está “anulando” todos los beneficios sociales y los aumentos salariales que los sindicatos consiguen pactando a través de la negociación colectiva.

En Aragón, las cifras que este estudio arroja, señalan que el 20,86% de los encuestados vive en alquiler, mientras que el 79,13% son propietarios, pero un 22,18% del total comparten el haber sentido miedo alguna vez a perder su casa por no poder afrontar los pagos del alquiler o la hipoteca, y que refleja la precariedad de la situación en la actualidad.

Entre los encuestados que viven de alquiler, un alarmante 57% dice destinar más del 30% de su salario a su pago y el 16% de los casos supera incluso el 46% de sus ingresos. Aunque la situación es algo mejor para los propietarios, donde el 69% destina menos del 30% de su salario a la hipotecaa, la inquietud es generalizada: el 63% considera que su situación con la vivienda no es satisfactoria.

La propiedad tampoco exime de dificultades: el 32,33% de las personas entrevistadas que tienen una hipoteca dicen tener un periodo de amortización de entre 15 y 40 años, e incluso hasta 50, lo que revela una paradoja desoladora: pagar a plazos un piso hoy, para una parte de los propietarios, supera una vida laboral media, que ronda entre los 38 o 42 años, o lo que es lo mismo estas personas trabajarán toda su vida pagando una hipoteca y seguirán haciéndolo incluso después de jubilarse.

El problema de acceso a la vivienda incluso está cambiando la estructura social, abriendo una brecha cada vez mayor entre las personas que la adquirieron hace años, porque cuentan con apoyo económico, familiar o una herencia y las que no la tienen y se endeudan para poder tener un hogar, destinando una gran parte de sus ingresos al pago de una renta o una hipoteca.

Otro aspecto crítico, que preocupa a UGT es el colectivo de jóvenes, aunque no es el único con dificultades para acceder al alquiler o la compra de un piso, como aquellas personas que se ven obligadas a compartir vivienda tras un divorcio o la jubilación. La media de edad de emancipación en nuestro país (30,4 años) es la cuarta más elevada de la Unión Europea, lo que supone que los jóvenes solo pueden emanciparse cuando, simplemente, dejan de serlo. Todo ello genera tensiones familiares y sociales y, entre otras consecuencias, que las decisiones sobre la natalidad se vean afectadas.

Por otra parte, la proliferación de pisos turísticos sin una regulación adecuada está distorsionando el mercado del alquiler. Es un factor clave en el incremento de los precios y la escasez de viviendas. La posición de los encuestados en Aragón es clara: el 76,12% votaría en contra en su comunidad de vecinos sobre la existencia de pisos turísticos.

Ante este panorama, es evidente que las medidas adoptadas hasta la fecha para mejorar la situación de la vivienda no son insuficientes; de hecho, apenas se ha hecho nada en los últimos veinte años. UGT apuesta por soluciones concretas y urgentes como poner vivienda en el mercado a través de todos los regímenes posibles, alquiler o compra, mediante la construcción de un parque de vivienda público.

Además, es crucial evitar la especulación y que las viviendas clasificadas como públicas o con protección pública nunca puedan pasar al mercado libre. El problema de los pisos turísticos requiere además de una fiscalidad controlada para evitar que estos pisos desaparezcan del mercado de alquiler tradicional y generen economía sumergida.

En definitiva, es fundamental que el acceso a la vivienda digna sea abordado no como una cuestión política, sino como un derecho fundamental, como recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución española y en nuestro Estatuto de Autonomía. La vivienda es un bien de primera necesidad por lo que no puede regularse únicamente a través de la oferta y la demanda.

Los poderes públicos deben intervenir y asegurar su acceso como un factor más del Estado del Bienestar, como la sanidad o la educación, teniendo en cuenta cuestiones como el interés general, la cohesión territorial, la despoblación, los colectivos más desfavorecidos o evitar la creación de guetos.

Es hora de que las distintas administraciones colaboren y respondan a las demandas ciudadanas con políticas audaces y efectivas, que aseguren el acceso a una vivienda digna para todos. La vivienda debe ser un derecho, no un lujo.