El Ayuntamiento justifica la "concentración" de los trámites de la regularización en la plaza del Pilar para "no colapsar más"

La concejal de Políticas Sociales, Marián Orós, ha justificado este lunes la decisión del Ayuntamiento de "concentrar" todos los trámites de la regularización masiva de inmigrantes en la plaza del Pilar.

Se trata, según ha defendido, de una decisión operativa que busca "no colapsar más recursos en Zaragoza". En este sentido se ha apoyado en las "largas filas" que estos días se están concentrando a las puertas de la casa Consistorial para defender esta medida.

"No queremos bloquear los servicios sociales ni tampoco las Juntas de Distrito. Se decidió centralizarlo todo en el Ayuntamiento para no paralizar la ciudad a expensas de que nos informen de qué es lo que tenemos que hacer a través de un requerimiento al Ministerio", ha confirmado la edil.

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Esta mañana, la portavoz del PSOE en Zaragoza, Lola Ranera, ha presentado una petición al Justicia de Aragón, precisamente, solicitando una actuación "urgente" ante la gestión del PP en la regularización. Según lo ha expresado la edil, "se está tomando una actitud racista y discriminatoria" en todo el proceso.

Se ha referido sobre todo al comunicado enviado desde el Ayuntamiento a las Juntas de Distrito y otros servicios, el pasado viernes, en el que "se ordenó derivar a la Plaza del Pilar todo lo relacionado con instancias, peticiones o documentación vinculada a la regularización de inmigrantes".

Por su parte, Orós ha insistido en que la decisión se ha tomado en favor de la ciudad y para "evitar que todos los trámites ciudadanos se paralicen". "Lo que no podemos hacer es colapsar estos servicios porque el Gobierno de España no haya querido informar ni planificar con los ayuntamientos este proceso", ha reclamado.

Comunicado a la FEMP

En este sentido, ha anunciado que el pasado viernes el Ministerio remitió un comunicado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la que daban "la misma información" que en el Decreto Ley aprobado el pasado 15 de abril, y que "si hay dudas con el certificado de vulnerabilidad que cada institución proceda como quiera".

Así lo han confirmado tanto Orós como la propia alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha asegurado que "no están dando las garantías ni la seguridad jurídica para que los funcionarios puedan reiterar si una familia o una persona es vulnerable".

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Ha declarado así que todo el proceso está generando "mucho caos" y que "se debe hacer un llamamiento al Gobierno de España para que informe".

Sobre las comunicaciones con Delegación de Gobierno, la alcaldesa ha señalado que el propio Fernando Beltrán "todavía no ha tenido tiempo de llamar para decir qué hay que hacer, ni tampoco para poner puntos de información para estas personas".

Y es que, según lo ha detallado la alcaldesa, están acudiendo "cientos de personas" al Ayuntamiento para "preguntar por qué no conocen qué papeles necesitan y cuáles son los criterios para poder tener el informe de vulnerabilidad".

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Sobre este documento, que es uno de los que se pueden solicitar para acogerse a la regularización, Orós ha declarado que "no da garantías" a los trabajadores sociales "de que una persona se pueda acoger con criterios".

Según lo ha expuesto, el documento remitido desde el Ministerio para llevar a cabo este procedimiento "es un papel con siete frases en las que se empieza por preguntar: '¿Está usted en situación de vulnerabilidad?'". Un cuestionario que, a su juicio, no da seguridad a los trabajadores a la hora de elaborar estos documentos.