El consejero, Luis Biendicho, con uno de los carteles del Inaga.
Luis Biendicho (Vox) anuncia cambios en el Inaga tras el 'caso Forestalia': "Vamos a reorganizar y a hacer auditorías internas"
"Nuestra posición es clara: renovables sí, pero en un marco y conforme a un desarrollo ordenado y equilibrado".
"Tenemos que analizar la bondad de las grandes inversiones, su seriedad y, sobre todo, su compatibilidad con los usos ya asentados en el territorio".
"Habrá dinero para limpiar el Ebro. Empezaremos donde haya más riesgo para los núcleos urbanos, las explotaciones agrarias y las infraestructuras".
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Luis Biendicho (Zaragoza, 1965) anuncia cambios en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), salpicado por el estallido del 'caso Forestalia'. El consejero de Medio Ambiente y Turismo (Vox) reconoce que la gestión del Instituto tiene "un gran margen de mejora" y que debe racionalizar su estructura y reforzar procedimientos, recursos y medios.
La remodelación incluirá un mecanismo de financiación "más realista" y partirá del análisis y la modificación del actual sistema de tasas, que ha venido estando un poco descompensado, a juicio del consejero, en relación con los distintos tipos de proyectos sujetos a la autorización o el control de este órgano ambiental.
En materia de aguas, cree que Aragón no puede seguir en una espera eterna con las grandes obras hidráulicas pendientes y apuesta por "salir de los ciclos electorales y buscar las grandes políticas nacionales".
Su Departamento gestiona el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el Inaga. Los últimos meses han sido de mucha tensión con la investigación del 'caso Forestalia'. ¿Cómo se lo ha encontrado?
Por partes. El Inaga está funcionalizado en este momento; tiene funcionarios públicos que son muy valiosos y a los que les tenemos que reconocer el trabajo que han hecho en circunstancias complicadas.
Dicho lo cual, es evidente que la gestión del Instituto tiene un gran margen de mejora. Necesita racionalizar su estructura, su organización interna y reforzar procedimientos, recursos y medios.
Todos somos verdaderamente conscientes de la gravedad de lo que ha ocurrido en el Inaga hasta el año 2023 y del daño reputacional que ha causado una política de gestión que se ha alejado, en épocas anteriores, de criterios estrictamente técnicos.
Ahí hay dos derivadas. Sobre los asuntos y actuaciones fiscalizadas o judicializadas, y me refiero, por ejemplo, a las diligencias de instrucción penal abiertas por el Tribunal de Primera Instancia de Teruel, nosotros como Administración tenemos que ser siempre muy prudentes y respetuosos, seguir el principio de legalidad, confiar en la separación de poderes y actuar en consecuencia de lo que finalmente resuelvan los órganos judiciales como consecuencia de las investigaciones y las causas penales a las que pueda haber lugar.
Y luego está la situación general del Instituto, que quedó claramente definida en el informe emitido por la Cámara de Cuentas de Aragón, que iba hasta el año 2023.
La propia Cámara planteó líneas de actuación para el desarrollo de una mejor gestión, más eficaz, más eficiente y más transparente.
Habla de “racionalizar su estructura”. ¿Va a hacer cambios en el Inaga?
Sí, queremos impulsar una reorganización. Hay que cumplir con mandatos legales que se vienen incumpliendo.
¿Reorganización en qué sentido?
En el sentido de redefinir la estructura y el funcionamiento de las áreas técnicas. Queremos reordenarlas para potenciar los procedimientos de control y autorización en el ámbito agroganadero. También dotar al Instituto de un mecanismo de financiación más realista partiendo del análisis y la modificación del actual sistema de tasas, que ha venido estando un poco descompensado en relación con los distintos tipos de proyectos sujetos a la autorización o el control de este órgano ambiental.
Y sobre todo, queremos cumplir con un mandato legal que está incumplido desde el año 2013 o 2014, que es el de establecer sistemas de auditoría y control. Precisamente, ese incumplimiento dio lugar a los problemas con los que nos hemos encontrado.
Además, desarrollaremos los estatutos y las normas internas. Hablo de memoria, pero yo creo que el Inaga no ha tenido estatutos de desarrollo desde el año 2003 en el que se creó.
El objetivo es que el Instituto dé seguridad jurídica en sus actuaciones, tramite con agilidad y funcione con criterios claros para ser, como órgano ambiental, una herramienta útil que acompase la necesidad de la actividad económica de las gentes y las empresas de nuestra región con las de los inversores que quieran venir. Pero, sobre todo, que sirva a la ejecución de políticas ambientales y territoriales ordenadas y equilibradas.
Realmente, esa es la función principal del Inaga: controlar el impacto que las actividades económicas tienen en el medio ambiente y en el territorio y, por tanto, en la calidad de vida que refiere el mandato de la Constitución.
"Tenemos que ser conscientes de que el paisaje rural no es una postal que cuelga en nuestras casas. Es vida, identidad propia, suelo agrario, ganadería y agricultura"
Entiendo que se refiere a auditorías internas y periódicas para controlar que todo vaya bien...
Sí. Es que el mandato de la disposición adicional quinta de la ley de creación del año 2003 es a lo que te obliga. Te obliga a tener un sistema de auditoría y control. Hasta ahora, no se ha cumplido.
En el anterior Gobierno PP-Vox quedó pendiente la Ley del Paisaje. ¿Llevan idea de retomarla?
Tenemos que elevarnos en el concepto. No se trata solo de una Ley del Paisaje entendida de una forma estética, sino de una normativa que proteja el patrimonio natural, nuestra biodiversidad, nuestra flora, nuestra fauna… Que proteja el patrimonio cultural histórico, artístico, antropológico o el propio patrimonio inmaterial. Hablo del camino de Santiago, por ejemplo, o del sector productivo; todo lo referido a actividades tradicionales agrarias, ganaderas o cinegéticas.
Tenemos que ser conscientes de que el paisaje rural no es una postal que cuelga en nuestras casas. Lo que supone es vida, identidad propia, suelo agrario, ganadería, agricultura, pueblos, actividad económica y, sobre todo, familias que viven en nuestras comunidades rurales.
Por eso, la idea trasciende la protección del paisaje, aunque la protección del paisaje esté incluida como elemento esencial. Queremos protegerlo, pero proteger también el suelo productivo, los suelos tradicionales, la actividad agroganadera y la identidad de nuestros pueblos y nuestro medio rural.
¿Retomarán entonces la ley o buscarán otra fórmula?
Buscaremos la fórmula más adecuada dentro, además, del principio de desregulación que llevamos como bandera y que está recogido en el pacto de Gobierno.
¿Qué tipo de ordenación se debería hacer, en su opinión, de las renovables en Aragón?
Nuestra posición ahí es clara: renovables sí, pero en un marco y conforme a un desarrollo ordenado y equilibrado. Aragón necesita energía, industria e inversión, pero también necesita planificación y protección de la biodiversidad; que haya un retorno, una compensación para el territorio de los grandes proyectos que puedan tener afección.
Y, sobre todo, necesita también seguridad jurídica en su desarrollo y ejecución. Hay que evitar una implantación que sea desordenada, que sature comarcas, que afecte al suelo productivo o que rompa el equilibrio natural o el propio paisaje rural.
Para ello hay que ordenar, hay que planificar, hay que analizar impactos acumulados y garantizar la viabilidad económica de los proyectos que se presentan. Es decir, tenemos que analizar su bondad, su seriedad y, sobre todo, su compatibilidad con los usos ya asentados en ese territorio; si sirve verdaderamente para mejorar el territorio o no.
La idea fuerza de lo que debe ser la política del Gobierno y la del Departamento en particular es lograr el equilibrio, conseguir una proporcionalidad. Y esto no es otra cosa que sentido común.
"Con el Ebro, las acciones son claras: limpieza de riberas, retirada de vegetación, mantenimiento adecuado del cauce y defensa de poblaciones y explotaciones"
El pacto PP-Vox incluye un plan plurianual de limpieza del Ebro. ¿Se verá ya en el presupuesto de 2027? ¿Por dónde llevan idea de empezar?
El plan está recogido en el pacto de Gobierno y es un compromiso claro dentro del marco de las competencias en las que concurren distintas administraciones.
En estos momentos en que hemos empezado a elaborar el presupuesto, nuestra intención es que haya avances y que las cuentas de 2027 empiecen a reflejar lo que es una cuestión fundamental de nuestra voluntad política.
Tenemos que actuar bajo tres ejes: legalidad, voluntad e impulso político y coordinación administrativa. Nuestros ríos necesitan una política ambiental que sea mucho más realista, que esté mucho más vinculada a la claridad del mandato constitucional, que no es otro que la utilización racional de la totalidad de nuestros recursos naturales con una finalidad muy concreta: defender el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las personas.
¿Por dónde llevamos idea de empezar? Las prioridades en este ámbito de la acción pública están, de nuevo, en lo mismo que con la gestión forestal: la protección de personas y bienes. Es decir, actuar allí donde haya más riesgo para núcleos urbanos, explotaciones agrarias, infraestructuras y para zonas especialmente vulnerables a inundaciones.
Ahí, las acciones son claras: limpieza de riberas, retirada de vegetación, mantenimiento adecuado del cauce, defensa de poblaciones y explotaciones... Y esto, como digo, siempre en coordinación con las administraciones competentes. Vamos a tratar de conveniar, porque es esa la manifestación principal de que hay una voluntad concurrente de las distintas administraciones para desarrollar una determinada acción pública.
¿Se va a ir entonces de la mano de la Confederación Hidrográfica del Ebro?
Nuestra voluntad política es hacerlo, y para hacerlo, desde luego, necesitaremos ir de la mano con la Confederación.
Por cierto, el recrecimiento de Yesa sigue ahí, al igual que otras muchas infraestructuras pendientes en materia hidráulica. ¿Hay algo que hacer o vamos a seguir en las mismas con el Ministerio?
Aquí hablamos de dos ejes: voluntad política y competencias. Nosotros a lo que nos remitimos es al Pacto del Agua de Aragón, que está recogido en el pacto de Gobierno con el PP y sigue plenamente vigente como hoja de ruta política y territorial.
Aragón, que son nuestros agricultores, nuestras empresas y nuestra capacidad energética para desarrollar proyectos industriales y energéticos, no puede seguir en una espera eterna. Yesa, Almudévar, Mularroya y otras infraestructuras hidráulicas son estratégicas para el regadío, la seguridad y la soberanía energética de nuestra región, el desarrollo económico y, sobre todo, para vertebrar y para llevar vida a nuestro territorio.
Aquí volvemos al tema de las competencias. El hecho de que gran parte de las competencias en materia hídrica las tenga atribuidas la Administración estatal no es una excusa para la inacción y no es excusa para que, en el marco de nuestra voluntad política y en el marco de la parte competencial que podamos ejercer, empujemos desde Aragón en esa dirección, porque es también sentido común.
Tenemos que salir de los ciclos electorales y buscar las grandes políticas nacionales.
