Ciudad de la Justicia de Zaragoza. E. E.
"Suspendido por caos judicial": los abogados estallan contra la 'ley de eficiencia' y alertan del coste para los ciudadanos
Aseguran que está haciendo el día a día mucho más complicado y avisan de que se están programando juicios para 2028.
Más información: Los demoledores informes sobre la 'ley de eficiencia' de Bolaños: "Improvisación", "colapso", "desánimo general".
La polémica 'ley de eficiencia' de Bolaños no para de dar quebraderos de cabeza a los abogados y magistrados aragoneses. En Zaragoza, su implantación hace ahora aproximadamente dos meses ha terminado derivando en un "caos judicial" que amenaza con afectar a divorcios o desahucios.
El hecho de que ahora no haya juzgados sino tribunales de instancia y de que todo se lleve entre todos hace que el día a día sea mucho más complicado. "Ahora mismo se tiene que cambiar todo el sistema de organización de gestión de los expedientes y no hay medios. Partimos de una Justicia que está ya muy saturada", subraya la abogada Sara Benedí, del despacho SBA Servicios Jurídicos.
Ella misma ha llegado a ir a vistas que han tenido que ser suspendidas sobre la bocina por el caos que ha generado la reforma del Ministerio de Justicia.
Los letrados creen que debería haberse aprovechado agosto, mes inhábil, para haber hecho los cambios a todos los niveles. "Hay que tener en cuenta que hasta los expedientes han cambiado físicamente de lugar. Hay veces que nos encontramos con funcionarios que no los encuentran ni telemáticamente ni en papel", señala Benedí.
Los propios afectados avisan, incluso, de que muchos procedimientos pueden terminar perdiéndose por el camino.
Aparentemente, la mayor transformación de la Justicia desde el siglo XIX, pensada para ganar agilidad y eficiencia, no ha podido empezar con peor pie. Tanto que los abogados están avisando a sus clientes de los problemas que pueden encontrarse cuando se meten en juicios.
Los consultados confían en que sean problemas puntuales y en que el sistema se vaya adaptando de forma progresiva y deje atrás el "caos" que impera en la actualidad. Dudan, no obstante, de que realmente se vaya a conseguir la agilidad deseada.
Para ver lo que está pasando basta con ir a la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, donde todo está "en proceso de cambio" e incluso se han tapado las placas y los carteles con los 'nombres y apellidos' de cada juzgado.
"A los clientes ya les costaba entender antes de la reforma que la Justicia sea tan lenta, pero si a eso le unimos lo que está pasando ahora... Tenemos que estar muy pendientes, y que conste: no es un problema de los funcionarios. A ellos les han dado un cambio a realizar sin medios, explicaciones ni formación para poderlo llevar a cabo. Ellos hacen lo que pueden", destaca la titular de SBA Servicios Jurídicos.
Los afectados tienen la sensación de que se ha querido cambiar un sistema "sin conocer verdaderamente la manera en que se trabaja".
La prueba es que esto no está pasando solo en Zaragoza sino en todos los juzgados de España sin excepción.
"Yo tengo juicios ya para noviembre de 2027 o incluso febrero de 2028. No es normal y lo que no podemos hacer es normalizar eso. Es una barbaridad", lamenta Benedí.
Esto está lastrando también las sentencias. "El otro día recibí una en la que el procedimiento había durado tres años y medio. Era una reclamación de facturas y mi cliente la ganó con los correspondientes intereses. Al final, esos intereses eran casi más que lo que reclamábamos", agrega.
En su opinión, los ciudadanos no tienen la culpa de que la Justicia vaya lenta, un ritmo que puede perjudicarles directamente en casos como este con un mayor sobrecoste económico y una mayor sobrecarga emocional: "Se retrasa todo y, al final, de lo que estamos hablando es de los derechos de la gente".
Qué cambia
Hasta ahora, cada juzgado contaba con un único juez y su equipo técnico. Los tribunales de instancia, en cambio, son órganos colegiados formados por todos los jueces del partido judicial, organizados en secciones especializadas (civil, penal, violencia sobre la mujer, etc.), y cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.
Esta estructura, defienden desde el Ministerio, "permite optimizar recursos, distribuir mejor la carga de trabajo y aumentar la flexibilidad para adaptarse a las necesidades y evitar cuellos de botella".
Para implementar el nuevo modelo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha invertido más de 325 millones de euros procedentes de fondos europeos en las 12 comunidades con competencias transferidas en Justicia, con un ahorro estimado de cerca de 300 millones de euros en los próximos 10 años. No obstante, para los consultados, estas cifras han demostrado ser insuficientes a la vista de los resultados.
Lo importante será ver el efecto a medio y largo plazo. De acuerdo con el Gobierno central, los actos de comunicación pendientes (notificaciones, requerimientos, etc.) se han reducido un 36% de media en siete comunidades, con un 43% en Andalucía y un 34% en la Comunidad Valenciana. Mientras, la ejecución de sentencias se ha agilizado un 30% de media, alcanzando un 69% en Andalucía, un 55% en Castilla-La Mancha y un 27% en Cataluña y la Comunidad Valenciana.
