Una persona viendo un portal de ofertas de viviendas en Zaragoza

Una persona viendo un portal de ofertas de viviendas en Zaragoza E. E.

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Los desahucios silenciosos pasan factura: "Me han subido el alquiler a 1.300 euros y tengo que volver a casa de mis padres"

El fin de la Ley de Arrendamientos Urbanos puede suponer que 57.162 aragoneses se enfrenten a subidas de precio que no puedan asumir. 

Más información: El problema de la vivienda 'fantasma' en Aragón: los pueblos suman más de 130.000 casas vacías y abandonadas

Zaragoza
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La vivienda se está convirtiendo en un lujo que muchos ya no se pueden permitir. Si ya se encuentra en valores inasumibles de compra, el alquiler se está convirtiendo en un problema que sube al alza.

En Zaragoza, según el último informe del portal Idealista, el precio por metro cuadrado del alquiler en febrero ha sufrido un descenso mensual del 0,2%. Mientras que si se mira en retrospectiva ha aumentado en un 8,6% respecto a febrero de 2025.

Estos números evidencian un problema estructural en la vivienda que ya no solo afecta a la compra sino al alquiler también. Los precios desorbitados han obligado a que muchos jóvenes, y no tan jóvenes, tengan que apostar por esta modalidad para vivir.

Sin embargo, este 2026 supone un año clave tras poner fin a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), lo que supondrá que aquellos contratos firmados en 2021 podrán subir el precio al no tener tope. 

Según el Ministerio de Consumo, 20.415 contratos se firmaron lo que afectará a 57.162 aragoneses.

El desahucio silencioso

Esta nueva realidad se ha impuesto y ha desarrollado un nuevo problema: el desahucio silencioso. Se trata de aquellos inquilinos que ante la subida masiva del alquiler van a tener que abandonar la vivienda al no poder asumir su pago.

Esto ya está ocurriendo en Aragón, concretamente en la capital. "Nos avisaron cuatro meses antes de poner fin al contrato", explica Sandra Martínez. Justo el plazo establecido para finalizar el contrato si alguna de las partes así lo requiere. 

Esta inquilina de un piso en el centro de Zaragoza prefiere no dar su nombre verdadero por posibles represalias de sus caseros ya que "espero que me devuelvan la fianza".

Sin embargo, ha querido denunciar la situación. "Conocíamos del fin del contrato y tanto mis compañeras de piso como yo estábamos a la espera de una posible subida del alquiler, pero no esperábamos tanto", indica.

De esta forma, este piso compartido ha pasado de solicitarles un alquiler des 900 euros a 1.300, lo que supone un alza de su alquiler del 46%. La explicación dada por sus caseros es que "hay que adecuar el alquiler al precio de mercado".

"Aunque trabajamos no nos lo podemos permitir porque supone casi la mitad de nuestro salario", sostiene.

Ante esta situación no le ha quedado más remedio que comenzar a mirar "sin parar" las ofertas de alquiler en la zona aunque "son casi inasumibles".

Una situación que le ha llevado a plantearse su futuro: "A lo mejor me tengo que volver al pueblo a vivir con mis padres".

Seguridad jurídica

Esta nueva situación la ven de primera mano los profesionales del sector que evidencian que se ha convertido en una "subasta de alquileres": "En una zona como Romareda hace cinco años se podían encontrar pisos por 800 euros, ahora no bajan de los 1.200", detalla Antonio Calvo, secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón y Agente de la Propiedad Inmobiliaria.

La subida por tanto que está sufriendo Sandra no es la excepción a la norma ya que se está evidenciando y las zonas más tensionadas son el Centro, Universidad y Romareda.

Más allá de las altas subidas de precio "se está haciendo una especie de selección de personas que pueden pagar y de personas que no pueden pagar".

"Estamos viendo que hay un problema con las exigencias al haber tanta inseguridad jurídica con el tema de los alquileres que los propietarios quieren tener la seguridad de que van a poder cobrar", indica.

Según explica Calvo, piden garantías ya no solo de un contrato estable de trabajo sino que no dedique el 35% de sus ingresos a pagar el alquiler a través de un seguro de impagos. Por lo que "si el seguro de impago dice que no cubre ese requisito, el propietario no lo alquila".

Esto va a suponer "que va a haber gente que se va a quedar en la calle" al no poder afrontar estas condiciones.