Una trabajadora de Cruz Roja escolta a dos menores inmigrantes de Canarias, en una foto de archivo.

Una trabajadora de Cruz Roja escolta a dos menores inmigrantes de Canarias, en una foto de archivo. Gelmert Finol EFE

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Aragón mantiene el pulso contra la ministra Rego por el reparto de menores migrantes: "Que se lo haga mirar"

La DGA insiste en que no aportará los datos y cree que Sánchez incumplirá su propio decreto si utiliza cifras de 2023.

Más información: Aragón se planta ante el reparto de migrantes: ni acogerá más menas ni facilitará información al Gobierno de Sánchez.

Zaragoza
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Aragón mantiene el pulso contra la ministra Sira Rego y el reparto de menores migrantes acordado por Junts y el Gobierno de Pedro Sánchez. La Comunidad, gobernada por el popular Jorge Azcón, insiste en que el real decreto es inconstitucional y en que recurrirá todos los actos administrativos que deriven de él. No tiene intención, por tanto, de enviar los datos que le reclaman desde la Moncloa a pesar de que se haya ampliado el plazo y de que Aragón ha sido la única Comunidad que ‘no ha cumplido’.

“Es una cuestión de lógica y coherencia”, ha recalcado este miércoles la consejera de Bienestar Social y Familia. En el Pignatelli no ha sentado nada bien que Rego dijese que el PP se había echado en brazos de Vox. “Que se lo haga mirar. Es Sánchez el que ha metido a Bildu en la Moncloa y gobierna al golpe del dictado de un prófugo de la Justicia en Bruselas. No vamos a permitir que un partido racista y xenófobo como Junts decida sobre las políticas de Aragón”, ha subrayado la consejera.

Que quienes acusan al Gobierno de Aragón de racistas sean “quienes quieren romper España” no es, precisamente, un discurso coherente, según Susín.

La DGA cree que, si utiliza datos de 2023, el propio Ejecutivo central estará incumpliendo su real decreto ley. A este respecto, incide en que el pacto con Junts quiebra el principio de igualdad entre los españoles, ya que “invade competencias de carácter autonómico”.

La consejera también ha cargado contra el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, y su política ‘low cost’. “Si con 3 millones de euros se piensa que se atiende como se tiene que atender a los menores en la comunidad es que desconoce totalmente la política de menores y lo que supone atenderles con garantías y con calidad. Yo les recomiendo que controle los contratos del Gobierno de España con los adultos y, específicamente, con alguna oenegé que trae adultos a la Península”, ha aseverado.

Por el momento, el Ejecutivo se mantiene a la espera de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que determinará si Aragón debe o no facilitar los datos. “Tenemos la obligación de defender nuestra autonomía, y eso es lo que está haciendo el Gobierno de Aragón. Yo no entro a valorar lo que hagan otras comunidades”, ha expresado.