El Sindicato de Técnicos Auxiliares de Enfermería (SAE) ha demandado a la Conselleria de Igualdad de la Generalitat Valenciana por permitir el acceso a la bolsa de trabajo de las residencias públicas (ancianos, discapacitados y dependientes) a aspirantes sin cualificación profesional para tratar a este tipo de pacientes vulnerables. Un conflicto en el que ya recibió el apoyo del Colegio de Enfermería de Valencia.

Según explica a este diario la secretaria general de SAE, Nieves Gómez, se trata de un conflicto profesional con la Conselleria que viene de atrás pero que con la publicación del temario para el examen previo a la bolsa de trabajo (de carácter sanitario) han llegado al límite. Y eso que llevan anunciando estas acciones legales desde hace tiempo y la Conselleria de la vicepresidenta Aitana Mas sólo ha dado "la callada por respuesta".

Desde el SAE exponen que el título de Auxiliar de Enfermería lleva vigente desde hace más de 50 años pero que la última revisión de la Ley de la Función Pública de la Comunidad Valenciana (2021) recogió dos acepciones. Por un lado los propios "técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería" (TCAE) que es un grado medio de FP y clasificación en el grupo funcionarial C1; y de otro los "auxiliares de enfermería" para el que sólo se requiere el graduado en ESO (el paso previo a un ciclo formativo).

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Mientras que a los puestos que saca la Conselleria de Sanidad (personal estatutario) sólo pueden presentarse los TCAE, a los puestos que saca la Conselleria de Igualdad (personal funcionarial) pueden presentarse también las personas sin cualificación, expone Gómez.

Y el sindicato considera que se trata de un hecho "doblemente grave" ya que "por un lado personas sin titulación específica estará clasificadas en el mismo grupo que a las personas con cualificación de grado medio de FP" (y el mismo sueldo). Y de otro, porque se rebaja la calidad asistencial para nuestros mayores y dependientes que serán cuidados por trabajadores sin cualificación".

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Según Gómez, en la Comunidad Valenciana hay 10 residencias públicas dependientes de la Conselleria de Igualdad con una plantilla cercana a los 800 trabajadores. Desde el sindicato pretenden que un juez paralice el proceso que la ley permite porque "hecha la ley, hecha la trampa", añade la secretaria general del SAE.

"Es vergonzoso que sea la propia administración, la que tiene la obligación de velar por nuestros mayores en las mejores condiciones, la que contrate personal no cualificado cuando existe un perfil profesional para ello", se queja el sindicato en sus últimas comunicaciones.